El apartado «América: perspectiva general 2003» del informe anual de Amnistía Internacional es encabezado por Estados Unidos y Colombia debido a sus política autodenominadas de seguridad nacional y la «guerra contra el terror». Respecto al primer país, la organización afirma que «La «guerra contra el terror» encabezada por Estados Unidos siguió utilizando medios indiscriminados y […]
El apartado «América: perspectiva general 2003» del informe anual de Amnistía Internacional es encabezado por Estados Unidos y Colombia debido a sus política autodenominadas de seguridad nacional y la «guerra contra el terror». Respecto al primer país, la organización afirma que «La «guerra contra el terror» encabezada por Estados Unidos siguió utilizando medios indiscriminados y desproporcionados. Bajo la custodia de Estados Unidos, centenares de ciudadanos extranjeros seguían sufriendo una reclusión prolongada por tiempo indefinido, sin cargos ni juicio, fuera del territorio continental del país. La mayoría de las personas detenidas bajo la categoría de «combatientes enemigos» no habían sido sometidas a ningún tipo de procedimiento judicial; para unas pocas, la única manera de salir del limbo legal parecía ser un juicio carente de las mínimas garantías celebrado ante una comisión militar. Voces autorizadas de todo el mundo condenaron el flagrante desprecio que demostraba Estados Unidos por el derecho internacional y por sus propias disposiciones constitucionales. Muchas de las medidas adoptadas por las autoridades de este país tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 socavaron los fundamentos del derecho internacional. Otros aspectos de la política de seguridad de Estados Unidos, como la amenaza que formuló en julio de suspender la ayuda militar a 35 países por negarse a garantizar a los ciudadanos estadounidenses la inmunidad procesal ante la Corte Penal Internacional, amenazaron con tener un efecto corrosivo similar para la vigencia del Estado de derecho internacional». Es importante aclarar que en este apartado sólo se refiere a las violaciones de derechos humanos dentro de las fronteras de Estados Unidos. A ellas hay que sumar las que este país comete fuera de sus fronteras, analizadas en otros capítulos del informe.
Respecto a Colombia, Amnistía Internacional afirma que «las políticas de seguridad implantadas por el gobierno de Colombia desde el año 2002 siguieron exacerbando la ya grave crisis humanitaria y de derechos humanos del país, durante la cual millares de civiles han sido víctimas de homicidio, «desaparición» o secuestro a manos de las fuerzas armadas, las fuerzas paramilitares respaldadas por el ejército o los grupos armados de oposición. Las nuevas medidas de seguridad pasaron por alto las garantías constitucionales y confirieron a los militares amplios poderes de acción en materia de orden público. Iniciativas como la creación de un ejército de «soldados campesinos» y una red de informantes civiles amenazaron con sumergir a la población civil aún más profundamente en el conflicto».