La división de la sociedad entre delincuentes malos y “personas de bien” sienta las bases para que se acepten y se pidan voluntariamente medidas de control y vigilancia, sin importar que limiten los derechos sociales ganados.
Los conceptos de la clase dominante son el perpetuo espejo con el cual se ha logrado formar una imagen de “orden”. -Walter Benjamin, Obra de los pasajes
Genealogía de una invención
Desde hace tres décadas se instaló en las políticas públicas globales un problema que en lugar de resolverse se agudiza con el paso del tiempo: la violencia. Todo empezó en la vuelta de siglo, en el momento de resolver las ruinas de la guerra fría. El establecimiento mundial del modelo neoliberal implicó varios ajustes en todos los campos, no sólo en el económico y político; también el control social requirió de mudanzas que hicieran posible la recomposición del poder de clase y la nueva racionalidad. La disolución de la conflictividad contra una amenaza comunista, transitó hacia la construcción de una nueva enemistad: la delincuencia criminal, el paradigma de la violencia. Desde entonces, la lucha contra la violencia y la criminalidad son parte de la renovada razón de Estado en la mayoría de los países del mundo.
El punto de partida es 1994, cuando el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo en su Informe anual sobre el Desarrollo Humano definió “las nuevas dimensiones de la seguridad humana”. La seguridad dejó de ser un problema territorial y se convirtió en un problema personal, definido, entre otras cosas, por la ausencia de violencia. La violencia se anunció como resultado de un “desarrollo humano fallido o limitado, [lo que] provoca un aumento de la privación humana, la pobreza, el hambre, la enfermedad” (p. 27). Un año después, en la Primera declaración de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo, se afirmó que la violencia, en todas sus expresiones, constituye una “amenaza fundamental” para la sociedad, al ser un “factor de desintegración”; resultado de “la delincuencia, el problema de las drogas ilícitas y el uso indebido de drogas” (pp. 77, 18 y 86). En esa misma dirección, en 1996, la Organización Mundial de la Salud, en su 49ª asamblea, señaló a la violencia como “una prioridad de salud pública”; para lo que era necesario establecer políticas para “prevenir y mitigar”; al igual que una enfermedad, la violencia requiere atención nacional e internacional (p. 2). Finalmente, en 1997, el Banco Mundial, en su Informe sobre el Desarrollo Humano, afirmó, por primera vez, que la violencia era un freno para el desarrollo. La violencia se definió como expresión del “síndrome de ilegalidad”, resultado de “la debilidad y arbitrariedad de las instituciones estatales”, lo que, a su vez, crea un “círculo vicioso de pobreza y subdesarrollo” (pp. 4 y 17).
A partir de estos posicionamientos, la violencia dejó de presentarse como un proceso material, en particular como resultado de acciones entre ejércitos o grupos políticos; en cambio, empezó a concebirse como una relación entre personas individuales en medio de “debilidades institucionales”. Estas perspectivas, aparentemente inconexas, sentaron las bases del sentido común dominante para definir a la violencia: un acto patológico de personas sin valores, que generalmente son consumidoras de sustancias tóxicas, que viven en situaciones de pobreza y experimentan falta de oportunidades, como resultado del fallido funcionamiento de las instituciones y del desgarramiento social. La respuesta: prevenir y erradicar por todos los medios posibles, en especial los policiacos, con acciones multiescalares, desde lo local hasta lo transnacional. A partir de entonces, la violencia se entiende como una patología social, producto de personas anormales, que existen por los defectos de los marcos normativos y por la ausencia de igualdad de condiciones para competir en el mercado.
Imposición de políticas mundiales
Al igual que los grandes proyectos globales, las medidas contra la violencia se construyeron con éxito en las metrópolis. Así como el modelo neoliberal se ensayó en la reorganización espacial de Nueva York (Harvey, 2007), el modelo policiaco internacional tomó como paradigma el ejercicio británico construido en la década de los años setenta del siglo xx, en el que se combinaron las acciones mediáticas con el incremento de medidas punitivas. La “ley y el orden” fueron perfectos distractores de la crisis económica que se expandía aceleradamente; no se vigilaba el crimen, se vigilaba y gestionaba la crisis del sistema (Hall et. al. 2023). La experiencia inglesa sentó las bases de las formas contemporáneas del estado de excepción y del autoritarismo neoliberal: suspender los derechos colectivos para defender los derechos de la propiedad y los individuos. Una amenaza espectral permitió el tránsito de las relaciones políticas para construir consensos, más o menos amplios, hacia lógicas de coerción y control centradas en la individualidad.
La creación imaginaria de una nueva amenaza privilegia su combate antes que preguntarse por sus funciones sociales. Para asegurar el éxito de la nueva lucha en defensa de la propiedad y la libertad individual, es fundamental la participación de la comunicación de masas y de las industrias culturales, con el fin de fomentar y alimentar un pánico moral, basado en percepciones falsas y exageradas. Las construcciones mediáticas sirven como justificación de las medidas “ejemplares” que tanto el poder judicial como las policías deben diseñar y ejecutar para garantizar la seguridad individual.
La división de la sociedad entre delincuentes malos y “personas de bien” sienta las bases para que se acepten y se pidan voluntariamente medidas de control y vigilancia, sin importar que limiten los derechos sociales ganados. La condición de pasmo generalizado (miedo y parálisis) otorga a las políticas policiacas un amplio margen de acción: la mano dura, que se presenta como necesidad contra el crimen, transita de la defensa de la “seguridad humana” a la represión de disidencias políticas y la vigilancia generalizada. “Es por su seguridad” (It’s for your own safety), es la frase que sintetiza la promoción, expansión y aceptación de medidas coercitivas.
Pero la construcción de toda amenaza necesita materializarse y encarnar. La violencia y la delincuencia devienen expresiones de cuerpos pobres, de cuerpos jóvenes, de cuerpos migrantes, de cuerpos anormales y patologizados, lo que permite que se instalen nuevos mecanismos de clasificación y ordenamiento social. El combate a la violencia es el combate contra ciertos segmentos sociales estereotipados, que se exponen como la no-parte de la sociedad. Por ello es necesario “anticiparse” a su acción, mantener una vigilancia constante y, de ser necesario, romper los marcos jurídicos generales para asegurar la ley que protege a la propiedad y libertad individual.
La contraproductividad de una “lucha” mundial
El control selectivo de poblaciones mediante la ampliación de policías de proximidad (que no acuden a atender un siniestro, sino que deben prevenir su existencia), resultó contraproductivo: generó el efecto opuesto a sus objetivos manifiestos. La criminalidad y la violencia no se han reducido en los últimos treinta años en el mundo, han multiplicado sus formas y la letalidad de sus acciones.
Esto no es una paradoja, es expresión de lo que los discursos dominantes (y sus aceptaciones acríticas globales) ocultan sobre la violencia: su dimensión económica estratégica. La violencia no es producto de una falla de las instituciones o de las condiciones de pobreza de segmentos poblacionales, es una vía para asegurar el funcionamiento del capitalismo desenfrenado. Las múltiples manifestaciones de la violencia permiten un control acelerado de territorios y una gestión de poblaciones con bajos costos políticos. Los efectos devastadores son atribuidos al crimen, y aunque los estados deben reconocer parte de su culpa, no es resultado de su hacer, sino de su inacción.
Más que ausencia de estado de derecho, la multiplicación de las formas de violencia responde a una transformación de las estructuras jurídicas, en especial a la ampliación de las zonas grises, esas áreas de indistinción en donde no es claro dónde termina lo legal y donde empieza lo ilegal, donde acaba lo formal y donde inicia lo informal. Esta creciente geografía grisácea es clave para la acumulación de capital, porque permite flujos de dinero de las periferias hacia las metrópolis: los recursos ilícitos tienen que ingresar al sistema financiero legal para ser estrictamente capitalistas. Además, permite que se generen mecanismos efectivos de extracción de la riqueza social y ecosistémica de las periferias hacia los centros: en las periferias se generan los trabajos y servicios violentos, que permiten el despojo de los bienes naturales, mientras que en las metrópolis se consumen las mercancías ilegales y se lavan los recursos ilícitos. En el caso de las formas de violencia en las metrópolis, sirven para permitir mecanismos de ordenamiento social basados en políticas de exclusión de grupos migrantes y sectores empobrecidos, acompañadas de prácticas generalizadas de vigilancia y control.
El crecimiento de las actividades “criminales” en todo el mundo expresa la lógica de competencia generalizada. No es asunto de pobreza o falta de Estado de derecho, es resultado de la diseminación de la cultura de la competencia cruel entre personas y la necesidad de acelerar la maquinaria de creación-destructiva, que inventa para devastar (valores de uso, memorias, historias, contenidos cualitativos).
La racionalidad neoliberal modificó las formas de la competencia en los procesos productivos y las relaciones de convivencia bajo principios de precarización. Los ingresos medios son insuficientes para poder reproducir las condiciones mínimas vitales, por lo que hay que competir mediante dinámicas de desprecio, nunca de solidaridad. Al tiempo, los contenidos cualitativos de las formas de vida se degradan aceleradamente, desde los alimentos y vestimentas, hasta los entornos habitables (por ejemplo, la mala calidad del aire que respira la mayor parte de la población del mundo). La vida deviene invivible; y un mecanismo para poder sortear este escenario es multiplicar las formas de la violencia.
Bajo estas condiciones, la violencia cruel se generaliza y encarna en múltiples sujetos. Desde aquellos que venden sus servicios para asesinar directamente, hasta aquellos que venden sus saberes para lastimar o matar a cientos de personas de manera “indirecta”. Los primeros se identifican bajo el estereotipo del sicario, un joven generalmente de barrios marginales que vive de matar. A los segundos se les puede identificar de muchas maneras: el gerente de un banco que con una sola operación empobrece a centenas de personas, el ingeniero petrolero que con la aprobación de un proyecto destruye ecosistemas, el director ejecutivo de una farmacéutica que en una decisión de negocios vuelve adictas a millones de personas. Las formas sociales de matar no son exclusivas de los sectores pobres; son prácticas sociales violentas de distinta naturaleza; todas inscritas en una lógica de crueldad, en la que la vida pierde contenidos cualitativos concretos.
Estas actividades resultan de una amplia base social, no de acciones individuales patológicas. Las formas sociales de matar requieren de condiciones sociales para su realización, que no son resultado de una falla, sino de la manera de sobrevivir a un capitalismo desmesurado. Por ello la lucha contra las expresiones de violencia lejos está de terminar siguiendo el paradigma policial instalado hace treinta años. Es tiempo de reinventar, para lo cual es primordial reconocer que la violencia es, ante todo, una práctica económica global, no una suma de asuntos locales. El problema no está en las periferias, sino en los centros de acumulación de capital.
Referencias
Hall, S. et al. (2023). Gobernar la crisis. Los atracos, el Estado y “la ley y el orden”. Traficantes de sueños.
Harvey, D. (2007). Breve historia del neoliberlismo. Akal.
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Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento No. 560: https://www.alai.info/wp-content/uploads/2026/04/ALenMovimiento_560_abril2026-1-28-31.pdf