El Banco Mundial está financiando dos proyectos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés) que socavan el debate público, dando un fuerte impulso para llevar los cultivos transgénicos al corazón de la agricultura campesina. Los proyectos, uno en África Occidental y otro en América Latina, acelerarán la imposición de […]
El Banco Mundial está financiando dos proyectos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés) que socavan el debate público, dando un fuerte impulso para llevar los cultivos transgénicos al corazón de la agricultura campesina. Los proyectos, uno en África Occidental y otro en América Latina, acelerarán la imposición de cultivos transgénicos en los agrosistemas campesinos -basados en semillas propias- e incluso dentro de algunos centros de origen.
Armonizar
Los proyectos están claramente dirigidos por una agenda externa a los países. Su núcleo es una estrategia de largo plazo del Banco Mundial y del gobierno de los Estados Unidos para armonizar las regulaciones de cultivos transgénicos en distintas regiones, con el fin de pasar por alto los procesos nacionales que son más susceptibles a la oposición local. La idea es establecer regulaciones favorables en algunos países cuyos gobiernos están abiertos a los transgénicos y luego utilizar esas normativas como modelo que puede imponerse en países vecinos mediante organismos de política regional. De esta manera, la armonización elude cualquier posible debate democrático y ofrece a las empresas un gran mercado único para sus cultivos transgénicos.
Desde sus procesos preliminares, los proyectos mostraron total desconsideración por el debate público genuino. Todavía no existe una versión en francés de la propuesta del proyecto de África Occidental, aun cuando todos los países participantes son franco parlantes. En Benin, a las ONG que participan de un proyecto inicial de consulta organizado por la empresa consultora estadounidense Market Strategies, les presentaron la introducción de los cultivos transgénicos como una conclusión inevitable. Las ONG fueron confinadas a una reunión aparte de la que se había celebrado el día anterior entre organizaciones de grandes agricultores y funcionarios de gobierno, en la cual no se les permitió participar. De la misma forma, en Costa Rica, el proyecto del Banco Mundial se construye sobre un proceso financiado anteriormente por el GEF, que fue denunciado por la Red de Coordinación en Biodiversidad (red nacional de organizaciones) debido a la falta de participación real de la sociedad civil y por introducir un proyecto de ley en la materia que excluyó a la red de la Comisión Nacional de Bioseguridad, lo que está garantizado por decreto presidencial.
En contraste, el grupo que cabildea a favor de los transgénicos incide libremente en los proyectos del Banco Mundial como socios, asesores e incluso financiadores. Entre otros figuran CropLife -principal grupo de cabildeo de las empresas de transgénicos, y grupos del frente industrial de transgénicos, como Public Research and Regulation Initiative y AfricaBio.
Contaminar.
El otro objetivo central del proyecto es avanzar en la estrategia de contaminación que tiene la industria. Los proyectos facilitarán ensayos de campo y allanarán el camino para la comercialización de transgénicos, enfocándose en cultivos cruciales para los sistemas agrícolas campesinos de las respectivas regiones. El proyecto latinoamericano se propone específicamente facilitar el «despliegue» de cultivos transgénicos en los centros de origen. La contaminación será inevitable, y así lo entiende el Banco Mundial. Los proyectos asumen que los cultivos transgénicos serán introducidos a gran escala en las regiones. En este sentido, la «construcción de capacidades» en materia de bioseguridad se reduce tan solo a manejar la contaminación subsiguiente.
La usurpación de la soberanía en África Occidental
El Proyecto Regional de Bioseguridad de África Occidental es la continuación directa de las actividades de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en la región y del proyecto PNUMA-GEF que finalizó el año pasado. Como en la región ha surgido un fuerte debate sobre los transgénicos, los procesos nacionales sobre la bioseguridad son muy variados, por lo cual el USAID se ha enfocado en apoyar agresivamente la armonización regional en la materia y la introducción de algodón transgénico Bt. El algodón es el principal cultivo comercial de los campesinos de África Occidental.
El gobierno estadounidense tiene una agenda de tres vías para imponer el algodón Bt en África Occidental: lograr el apoyo africano al pequeño club de países a favor de los transgénicos en un escenario internacional; distraer la atención de las injustas subvenciones nacionales al algodón estadounidense; y asegurar el control de las empresas estadounidenses sobre la lucrativa producción de algodón en África Occidental. El proyecto del Banco Mundial planea hacerse cargo de varios proyectos estadounidenses de algodón Bt y utilizar los ensayos de campo para desarrollar un modelo único para la evaluación de riesgos y la regulación, para que se adopte en toda el África occidental.
La USAID ya está apoyando iniciativas de armonización en bioseguridad en la región. El Instituto del Sahel está redactando un marco regional de bioseguridad para Burkina Faso, Mali y Senegal. El Consejo de África Central y Occidental para la Investigación y el Desarrollo Agrícolas creó un proyecto regional de 25 millones de dólares en biotecnología y bioseguridad con apoyo de USAID, que fue aprobado en una Reunión Ministerial sobre biotecnología de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (ECOWAS) en Bamako, en 2005. Durante la reunión de Bamako, que también fue financiada por USAID, los Ministros de ECOWAS prometieron armonizar sus regulaciones en materia de bioseguridad en el término de 5 años.
El proyecto del Banco Mundial es el próximo paso de este proceso de armonización. ECOWAS abarca un gran mercado que incluye los 15 países de África Occidental pero, según el Banco Mundial, no tiene autoridad para forzar a los países miembros a adoptar una legislación común, sólo puede hacer recomendaciones de políticas. Por lo tanto, el proyecto se enfoca en WAEMU -un grupo de 8 estados de África Occidental que sí tiene el poder de imponer la «adopción por vía rápida» de legislación que se torna obligatoria para sus miembros. Como se afirmaba en la propuesta del proyecto: «Si WAEMU puede armonizar las legislaciones en materia de bioseguridad nacional y que después los demás países apliquen una decisión adoptada en uno de ellos, mejorará drásticamente el clima de inversión en biotecnología de cultivos comerciales y alimentarios en la región de WAEMU . disminuyendo así los costos de este tipo de negocios». Una vez que el proyecto sea adoptado dentro de WAEMU, el Banco Mundial dice que procurará expandirlo a la totalidad del mercado de ECOWAS.
La armonización también es parte de la agenda en el proyecto latinoamericano. Los países de esa región fueron seleccionados en parte debido al «papel político y estratégico que pueden desempeñar en el futuro manejo de la bioseguridad en sus respectivas regiones». Esa «armonización» es intrínsecamente anticientífica y contraria a una práctica racional en materia de bioseguridad. No respeta ni siquiera las normas mínimas establecidas en el Protocolo Internacional de Cartagena sobre Bioseguridad porque los proyectos usurparán los derechos soberanos de los países a adoptar decisiones sobre bioseguridad país por país y caso por caso. El Protocolo establece que el proceso de decisiones en materia de bioseguridad debe ocurrir a escala nacional, en el contexto de conciencia y participación pública transparente y abierta (Artículo 23), respetando los derechos de los pueblos locales e indígenas (Artículo 26) y conservando centros de origen y diversidad genética. Para ser científicamente rigurosas y sensibles a las realidades locales, las evaluaciones deben basarse en el contexto ecológico y socioeconómico específico de cada país y deben ser informadas por un debate público genuino. La investigación requerida para apoyar evaluaciones de riesgo ambiental es amplia y a largo plazo, y todos los países deben tener suficiente margen en sus políticas como para establecer sus propias prioridades y no ser presionados -por falta de recursos y capacidad- a adoptar aquéllas que convienen o meramente responden a las necesidades de la industria.
La destrucción de la soberanía alimentaria en América Latina
La razón principal para elegir a los cinco países involucrados en el proyecto latinoamericano es que como grupo están entre los centros más importantes de biodiversidad del mundo y son centros de origen de cuatro de los cinco cultivos a los que apunta el proyecto. Este objetivo es explícito en el nombre del proyecto: «Bioseguridad en Centros de Diversidad Biológica: Capacitación técnica en América Latina para un despliegue seguro de los cultivos transgénicos» (Biosafety in Centers of Biodiversity: Building Technical Capacity in Latin America for Safe Deployment of Transgenic Crops).
El proyecto se enfoca en cinco cultivos: yuca (o mandioca), algodón, maíz, papa y arroz. Millones de personas en América Latina dependen de esos cultivos para alimentación, medicinas, sustento e identidad cultural. La rica diversidad dentro de esos cultivos que existe en la región se atribuye directamente a las comunidades agrícolas indígenas y campesinas, que han conservado, recreado y utilizado los cultivos manteniendo una profunda relación cultural y espiritual con ellos. El maíz, la papa, el algodón y la mandioca constituyen los cultivos más importantes de las regiones mesoamericanas, andinas y amazónicas. El arroz también es un cultivo muy importante en la región ya que constituye una parte esencial de la dieta básica de las comunidades locales.
Es imposible aceptar el pretendido interés del proyecto de fortalecer la capacidad de los países participantes para aplicar el Protocolo Internacional de Cartagena sobre Bioseguridad -un acuerdo que tiene que ver con el comercio transfronterizo de transgénicos- puesto que se centra principalmente en cultivos alimentarios locales que rara vez son comercializados fuera de las fronteras de la región. En realidad, el objetivo verdadero es imponer los cultivos transgénicos en el corazón mismo de la agricultura campesina y la soberanía alimentaria de la región. La introducción del proyecto de variedades transgénicas de esos cultivos inevitablemente contaminará las variedades tradicionales, allanando el camino para la destrucción de los sistemas propios de semillas y de alimentación que las comunidades indígenas y campesinas han desarrollado a lo largo de miles de años.
La férrea resistencia a los cultivos transgénicos entre las comunidades indígenas y campesinas de América Latina está enraizada en su determinación por defender sus sistemas de semillas de esa contaminación con transgénicos. El proyecto del Banco Mundial constituye un intento directo de socavar esta oposición, ya que en el centro del proyecto figuran organismos científicos que han demostrado su apoyo a la agricultura transgénica -como el CIAT, el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular (Costa Rica) y EMBRAPA (Brasil) que estarán a cargo de la elaboración de protocolos para ensayos de campo y normativas que pueden dar una veta de legitimidad a la contaminación deliberada con transgénicos de los sistemas de semillas agrícolas. Incluso, a los centros científicos nacionales que participan del proyecto se les denomina «puertos de entrada».
La bioseguridad secuestrada
No sorprende ver a gobiernos de América Latina y África firmar estos proyectos del Banco Mundial. Pocos gobiernos están dispuestos a defender la oposición a los cultivos transgénicos expresada por sus poblaciones, especialmente cuando hay dinero de por medio y están involucrados actores tan poderosos como el Banco Mundial y USAID.
Esos proyectos regionales enajenan aún más la toma de decisiones, trasladándola a organismos internacionales y regionales alejados de toda influencia local, y dan un poder indebido a organismos tales como el Banco Mundial, que son bien conocidos por su defensa de los intereses de las empresas de transgénicos. Los proyectos son una burla a los fuertes debates nacionales y locales sobre los transgénicos que existen por todo el mundo.
Con otros diez proyectos regionales sobre bioseguridad supuestamente proyectados por el GEF, el abismo entre las autoridades oficiales que toman las decisiones y los pueblos a los que supuestamente representan, podría profundizarse aún más. Nuevamente, la bioseguridad real tendrá que asegurarse en la base, en las luchas locales para mantener fuera los cultivos transgénicos.
Por más información, contactar:
Mariam Mayet, South Africa – mariammayet(at)mweb.co.za, Tel: + 27 83 2694309 Elizabeth Bravo, Ecuador – ebravo(at)rallt.org, Tel: +593 (2) 254 7516 Silvia Ribeiro, Grupo ETC, Mexico, – silvia(at)etcgroup.org, Tel: +52 55 5563 2664
NOTA:
1. Entre los actuales programas estadounidenses para introducir algodón Bt en la región figuran «Programa de Mejoramiento del Algodón de África del Oeste» de 7 millones de dólares para «mejorar el ambiente para la biotecnología agrícola»; un proyecto financiado por USAID para ensayos de campo de algodón Bt en Malí, y un proyecto de USAID de algodón manipulado biológicamente en África.