Campesinos empobrecidos y necesitados de tierra que trabajaban la finca Nueva Linda y se enfrentaron a la Policía el 31 de agosto pertenecían, según declaraciones del presidente Oscar Berger recogidas por medios de prensa, a grupos del crimen organizado. Igualmente, cientos de pobladores que ocuparon la hidroeléctrica Chixoy a fines de septiembre, en demanda de […]
Campesinos empobrecidos y necesitados de tierra que trabajaban la finca Nueva Linda y se enfrentaron a la Policía el 31 de agosto pertenecían, según declaraciones del presidente Oscar Berger recogidas por medios de prensa, a grupos del crimen organizado. Igualmente, cientos de pobladores que ocuparon la hidroeléctrica Chixoy a fines de septiembre, en demanda de compensaciones por el desplazamiento forzoso que sufrieron hace más de 20 años, fueron acusados por el Presidente de estar manipulados y organizados por extranjeros. Por fin, el Presidente acusó de mantener posiciones «populistas y desfasadas» a representantes de la Iglesia Católica que advirtieron de manera documentada en días pasados de las consecuencias y riesgos de la actividad minera (documento «Posición de la Diócesis de San Marcos, ante la minería a cielo abierto en Guatemala», disponible en [email protected]).
En este contexto, parece cuestionarse el derecho constitucional de las y los ciudadanos de Guatemala y de las organizaciones e instituciones que los representan, a protestar y proponer, derecho inalienable incluso cuando esta protesta camina en sentido contrario a los proyectos del gobierno y a los intereses de sectores dominantes.
Además de la descalificación, el discurso del gobierno se acerca peligrosamente a la frontera de la criminalización de organizaciones y movimientos. En un marco de polarización social y de retroceso de los Acuerdos y la filosofía conciliadora y transformadora de la Paz (reactivación de las Patrullas de Autodefensa Civil como ejemplo), los desfasados y populistas, los ecohistéricos nombrados por algunos columnistas de prensa, los manipulados por y organizados por así como sus manipuladores para y organizadores para, podrían llegar a convertirse en el nuevo enemigo interno, que ameritaría la reactivación de la doctrina de la seguridad nacional y el fortalecimiento del Ejército y de los cuerpos de inteligencia (en un momento de crisis por la reducción operada por el gobierno y por el cuestionamiento a la discreción y secretividad con que los militares han manejado el presupuesto de Defensa).
Cuando todo esto sucede, en un lapso tiempo de menos de un mes, asistimos no sólo a un episodio más de la proverbial incontinencia verbal del presidente Oscar Berger, sino a una estrategia que busca la deslegitimación de la protesta y la organización social y que es compartida al menos por una parte del gabinete y de los sectores empresariales, políticos y de seguridad que lo sustenta. Asimismo, cuando es el propio Presidente, teórico representante de la unidad nacional, quien efectúa estas declaraciones, se lanza el mensaje de que el diálogo no tiene espacio y se deja paso a la intransigencia.
La postura contraria y en este caso más efectiva para no activar la bomba de tiempo social en que está convertida Guatemala pasa por reconocer el error en las manifestaciones vertidas, recuperar o reiniciar el diálogo y alcanzar acuerdos con diferentes sectores y el movimiento social. Pasa, especialmente, por considerar a este último y a sus propuestas no como amenaza sino como una riqueza única e invaluable para la construcción de un país más justo.