Ante los enfrentamientos en la ciudad libanesa de Trípoli entre el ejército libanés y el grupo islamita radical Fatah al Islam en el campo de refugiados palestinos de Nahar el Bared, los dos remedios que encuentran los gobiernos estadunidense, francés y libanés son: entrar al campo y «eliminar» al grupo radical, y ratificar lo más […]
Ante los enfrentamientos en la ciudad libanesa de Trípoli entre el ejército libanés y el grupo islamita radical Fatah al Islam en el campo de refugiados palestinos de Nahar el Bared, los dos remedios que encuentran los gobiernos estadunidense, francés y libanés son: entrar al campo y «eliminar» al grupo radical, y ratificar lo más pronto posible el tribunal internacional (aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU con la resolución 1664 del 29 marzo de 2006 y por el gobierno libanés en noviembre sin la presencia de los ministros de las formaciones chiítas Hezbollah y Amal, que dimitieron en protesta) para juzgar los asesinatos de Rafic Hariri, de febrero de 2005, y otras figuras políticas libanesas ultimadas desde entonces.
El acuerdo de la Liga Arabe de 1969 prohibió al ejército libanés entrar a los 12 campos de refugiados palestinos presentes en Líbano y estableció que estarían bajo control exclusivo de las facciones político-militares palestinas; este pacto perduró tácitamente debido a las condiciones regionales y la evolución de las negociaciones árabe-israelíes. Ahora se ha decidido que esta situación debe cambiar y que la mejor manera de hacerlo es militarmente, sin medidas paralelas que ataquen sus causas estructurales, que ofrezcan perspectivas a los palestinos y atiendan las reivindicaciones territoriales sirias y libanesas. En el contexto de los crímenes del ejército israelí en Líbano durante la ofensiva del verano pasado, y los actuales que comete en Gaza, la entrada del ejército libanés para «eliminar» a Fatah al Islam tendría tanto el efecto de matar a refugiados como levantar una ola de protestas en el mundo árabe, debilitar aún más a la formación de Mahmoud Abbas y preparar el terreno al establecimiento de nuevos grupos, incluido Al Qaeda mismo. Además, de cierta manera quien se asocie con el Fatah de Mahmoud Abbas y el ejército libanés en el proyecto de «eliminar» a los miembros de estos grupos radicales estarían implícitamente aceptando el inicio de la aplicación de la resolución 1559 del Consejo de Seguridad (septiembre 2004), preparada por Estados Unidos y Francia, que exige el retiro de «las fuerzas extranjeras» presentes en territorio libanés, «el desmantelamiento y el desarme de todas las milicias libanesas y no libanesas» (alusión a Hezbollah y los grupos palestinos). Es quizá por ello que un miembro del politburó de Hezbollah ha expresado la exigencia de que toda decisión del ejército libanés al campo de Nahar el Bared sea discutida y respaldada por la Liga Arabe.
Desde el atentado contra Hariri se instauró un sistema excepcional de investigación de un crimen que de internacional estrictamente no tiene nada y que, aunque reviste un carácter terrorista, corresponde al ámbito del derecho penal libanés. La comisión de investigación sobre el asesinato de Hariri auspiciada por la ONU ha actuado como un órgano de instrucción penal en el cual las autoridades libanesas no tienen autoridad alguna. Se pretende ratificar el tribunal, además, sin que la investigación del comité haya concluido.
La situación regional y este tipo de resoluciones internacionales han contribuido a polarizar la escena política y social libanesa a niveles hacía mucho tiempo no vistos. Los problemas estructurales siguen pasando a segundo plano: los efectos de la guerra civil, la reislamización de los campos palestinos y de los barrios populares sunitas, los espacios sociales ingobernados, la falta de instituciones y de una organización política centralizada, la miseria en que desde décadas viven los miles de civiles y jóvenes palestinos refugiados, la realidad de un Líbano dividido en que los grupos sunitas inscriben su identidad en el contexto del enfrentamiento con el Hezbollah chiíta, la realidad de un Líbano que se ha vuelto receptáculo de las consecuencias de la invasión de Irak y la entrada de combatientes salafistas de origen saudita, egipcio, sirio, argelino, bangladeshi, marroquí, yemenita que se entrenaron combatiendo en Irak. Fatah al Islam no es el único grupo radical sunita en Líbano, pero sí el primero de carácter trasnacional en este pequeño y dividido país. Se inscribe dentro de una red de lucha jihadista, en la línea de Al Qaeda, que carece de una agenda local y cuyo único móvil es la lucha ideológica internacional contra «Occidente». En semejante contexto, empeñarse en identificar y castigar a un mentor estatal detrás de este grupo corre el riesgo de ser una tarea infructuosa.