Después de la ruptura con la CONAIE y Pachacutik en agosto del 2003, una constelación de deprimentes episodios ha jalonado la acción diplomática del gobierno del coronel (r) Lucio Gutiérrez de cara al eje Washington- Bogotá. Se alude a sucesos como los siguientes: ° La designación como canciller de Patricio Zuquilanda, en sustitución de Nina […]
Después de la ruptura con la CONAIE y Pachacutik en agosto del 2003, una constelación de deprimentes episodios ha jalonado la acción diplomática del gobierno del coronel (r) Lucio Gutiérrez de cara al eje Washington- Bogotá. Se alude a sucesos como los siguientes:
° La designación como canciller de Patricio Zuquilanda, en sustitución de Nina Pacari, a sugerencia de la embajadora estadounidense Kristie Kenney, conforme reportaran distintos medios.
° La firma de un acuerdo con Bogotá, en el marco de una visita de Álvaro Uribe a Quito, instrumento por el cual el país cedió al Estado colombiano la gestión de un puesto de control migratorio. En la ocasión, el tándem Gutiérrez-Zuquilanda retiró, de facto, una demanda para que el vecino norteño delimite las fumigaciones en la zona fronteriza. a cambio de que se constituya una comisión científica binacional para que dictamine sobre los efectos perniciosos de los agrotóxicos!
° El silencio de Carondelet ante denuncias de la administración Bush enderezadas a doblegar la moral de las Fuerzas Armadas con imputaciones genéricas de «corrupción», formuladas a propósito de ventas ilegales de armas a grupos irregulares colombianos; el mutismo oficial resultó tanto más irritante cuanto que coincidió con nuevas informaciones sobre aprovisionamientos de material bélico a las FARC por parte de la CIA, ventilados en el marco del «affaire» Montesinos.
° Las timoratas declaraciones de funcionarios del «gutierrismo» cuando la norteamericana DEA, Operación Aniversario mediante, colocó tras las rejas a narcotraficantes de los carteles de Portoviejo y Sinaloa, entre ellos a César Fernández, un mecenas del oficialista Partido Sociedad Patriótica. El objetivo de Washington no era otro que chantajear al aliado «sudaca» para lograr un mayor involucramiento del Ecuador en la guerra civil colombiana con la velada acusación de sustentar una «narcodemocracia».
° La pusilánime respuesta del Coronel a su colega Uribe cuando éste, por razones de política doméstica, embistió contra los uniformados nacionales por la supuesta entrega de un «rocket» a los seguidores de Manuel Marulanda, arma que habría sido utilizada en un atentado en contra del dirigente empresarial Jorge Visbal. Lejos del enérgico rechazo esperado por la ciudadanía, Gutiérrez se limitó a enviar a Zuquilanda a Bogotá virtualmente a pedir disculpas al afrentoso inquilino de la Casa de Nariño.
° La contratación a la estadounidense Dyncorp para el suministro de asistencia técnica a la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). La Dyncorp es mundialmente conocida por su «especialización» en guerra química, torturas, prostitución infantil, etc. El estupor que la noticia provocó en la opinión pública forzó al Ejecutivo a rescindir el malhadado convenio. No obstante, la tristemente célebre empresa continúa operando en la base de Manta supuestamente en otros menesteres.
° La suscripción de un acuerdo con el Pentágono para que, a pretexto de la instalación de estaciones de acopio de materiales sanitarios en las provincias de Guayas, Azuay y Sucumbíos, Washington se hiciera de nuevas bases militares en nuestro territorio, en una suerte de «sucursalización» del mencionado fortín mantense. Desatado el escándalo en el Congreso, el convenio fue anulado por temor a que se reeditaran en estas latitudes acontecimientos como los que, en Bolivia, se saldaron con la fuga a Miami de «Goni» Sánchez de Lozada.
° Las cantinflescas posturas de personeros oficiales, incluido el premier Raúl Baca, frente a la violación de la soberanía perpetrada en el operativo montado por la CIA, el FBI y la Policía «paisa» que culminó con la captura, en Quito, de Simón Trinidad, dirigente de las FARC. El incidente, difundido por The New York Times y Le Monde, a la par que evidenció el elevado grado «desnacionalización» de la Policía, inauguró en suelo ecuatoriano la segunda fase del Plan Colombia-Iniciativa Regional Andina. Según Kintto Lucas, la nueva fase – ulteriormente identificada como Plan Patriota- comporta «la entrada en vigencia de la coordinación operativa entre los servicios de inteligencia y las fuerzas militares y/o policiales de varios países, además de la entrada en combate en el Putumayo, primero de tres batallones del ejército colombiano adiestrados por instructores estadounidenses. y luego de dos batallones similares, conforme a lo dispuesto en la Iniciativa Regional Andina». (Tintají, enero del 2004).
° La puesta en marcha de una «matriz de seguridad» fronteriza por parte de James Hill, jefe del Comando Sur, en su visita al país de enero del 2004. Respecto de esa instrumentación, el ministro de Defensa, general (r) Nelson Herrera, declaró no tener conocimiento alguno.
° La apropiación pretendidamente legal de la isla galapagueña Baltra por parte de la FAE, como paso previo a su arrendamiento a la potencia mundial. La presión de los medios y un informe de la Procuraduría bloquearon la aberrante enajenación.
° El «destape» del Plan Patriota por parte del oligárquico régimen uribista en reciprocidad a la reivindicación de los tradicionales postulados de la diplomacia nacional -respeto a la soberanía, autodeterminación de los estados, solución pacífica de los conflictos- realizada teatralmente por el mandatario ecuatoriano en su último periplo por la capital colombiana. En lo inmediato, el referido Plan colombo-estadounidense se ha concretado en la movilización de entre 15 y 18 mil efectivos norteños con la misión de empujar hacia el sur a los insurgentes de las FARC y el ELN, así como en el «reciclamiento» de los paramilitares de las AUC.
° Una reciente denuncia de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU) sobre el hundimiento a cañonazos de embarcaciones ecuatorianas desde el 2001 -ocho según la entidad internacional, alrededor de 50 conforme a otras fuentes- en los límites constitucionales de las 200 millas de mar territorial ha dado pábulo a nuevos episodios indignantes. El hecho es que, pese al reconocimiento oficial por parte de Estados Unidos de su responsabilidad en las exacciones impugnadas por la ALDHU, el inefable Zuquilanda ha requerido de «pruebas contundentes» antes de elevar la protesta, y, en una suerte de evasión surrealista, ha apuntado que actualmente «el Ecuador se encuentra jugando en las ligas mayores de la diplomacia y listo para ser miembro de las economías más grandes del mundo». Cuestionado por su obsecuencia al diktat de Washington y Bogotá, habría justificado el viraje respondiendo que «hasta hace poco la diplomacia ecuatoriana estuvo al servicio de intereses de otros países». (El Comercio, 27 de junio del 2004). Afirmación que, por cierto, le valió una severa y pública reprimenda de los ex cancilleres José Ayala Lasso, Antonio José Lucio Paredes, Galo Leoro Franco y Luis Valencia Rodríguez.
¿Qué dirán desde sus tumbas los anónimos héroes del Cenepa de esta bacanal de servilismo y estulticia?
* René Báez es profesor de Economía de la PUCE y miembro de la IWA.