La reapertura de instalaciones militares y el anticipado incremento de efectivos y presupuesto del Ejército (de 15, 500 hasta al menos 25,000 miembros i ) constituye un retroceso en términos de cultura y práctica democrática. La reactivación de la base militar del departamento de Izabal el viernes 19 de septiembre, la primera en este marco […]
La reapertura de instalaciones militares y el anticipado incremento de efectivos y presupuesto del Ejército (de 15, 500 hasta al menos 25,000 miembros i ) constituye un retroceso en términos de cultura y práctica democrática. La reactivación de la base militar del departamento de Izabal el viernes 19 de septiembre, la primera en este marco de redespliegue militar, ofrece una triple lectura con fuerte contenido simbólico:
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La base se convierte en sede de una Brigada de la Fuerza Especial Kaibil, institución acusada de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado, con lo que se tiende a pasar abruptamente una página histórica, obviando la necesidad de la memoria, el derecho a la verdad, la justicia y la reparación.
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S ucede seis meses después de la ejecución extrajudicial del campesino Mario Caal Bolom, ejecución cometida por fuerzas del Ejército en un contexto de represión y criminalización de luchas sociales ii . El mensaje subyacente es que esta ejecución extrajudicial no será investigada, y que hechos similares pueden reproducirse.
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El despliegue d esconoce las acusaciones de vinculación de ex kaibiles y kaibiles en activo con narcotraficantes mexicanos, específicamente con los Zetas, brazo armado del Cartel del Golfo. Acusaciones recogidas por medios de comunicación nacionales e internacionales iii .
Dos dudas de fondo
En este contexto, la reestructuraci ón del Ejército plantea dos dudas de fondo:
1 ) ¿Se incrementan los efectivos para combatir el crimen organizado o en función del control social y político de comunidades?
El renovado poder del Ejército rebasa en el segundo escenario su papel de institución destinada a garantizar la seguridad contra amenazas externas, irrumpiendo en el ámbito de la seguridad interna. En este marco, nuevos destacamentos serán instalados en áreas de fuerte conflictividad por la desigualdad social, la distribución inequitativa de la tierra y las políticas de extracción de bienes naturales: San Marcos, minería; Ixcán, megaproyecto hidroeléctrico de Xalalá; Izabal, petróleo y níquel; San Juan Sacatepéquez, instalación de cementera; Franja Transversal del Norte, concentración de tierras para la producción de etanol, etc.
Asimismo, este escenario fortalece la posibilidad de futuros estados de excepcionalidad, como el ensayado en San Juan Sacatepéquez, o la excepcionalidad cotidiana de los patrullajes conjuntos y la saturación atemorizante de efectivos en determinadas zonas iv .
2) ¿Se reabren destacamentos para controlar el narcotráfico y otras operaciones criminales o para facilitar corredores de desplazamiento?
La justificación del incremento de efectivos en función de la necesidad de recuperar territorio y poder del Estado frente a los poderes criminales (superando el análisis estático del Ejército como factor de poder durante el conflicto armado) seria razonable si no tuviera en cuenta la estrecha vinculación de la Institución con aquellos poderes, ejemplificada en el hermanamiento de los Kaibiles con el narcotráfico, mencionado arriba, y las sospechas de convivencia de poderosas estructuras de militares en activo y retirados con el crimen organizado (caso de Ortega Menaldo y la Cofradía, entre otros) v .
Balance de poder
El incremento de efectivos militares y del poder del ejército , que supera una etapa de reacomodo y relativamente bajo perfil de la Institución, incide en el balance de poder y obliga a una relectura del mismo. En un marco de alianzas inestables y cambiantes, signo de la administración de Colom (inestabilidad provocada sobre todo por disputas para el control de territorio, de negocios lícitos e ilícitos y de instituciones clave para el desarrollo de estos negocios como Contraloría, Aduanas, Migración, Dirección General de Aeronáutica Civil, etc.) el Ejército se configura de nuevo como actor fundamental.
Los efectivos militares recuperan su viejo papel de aliados del ejecutivo y defensores de intereses económicos, los de la oligarquía y los de la propia institución, en el marco de una alianza táctica y tácita con poder político y con grupos corporativos (¿superadora de antiguos desencuentros?).
En este esquema de poder surge otra interrogante: ¿Ejército como contrapeso de la existencia en el Ministerio de Gobernación y la dirección de la Policía Nacional Civil de un equipo involucrado en el concepto de seguridad democrática y con una visión integral de la conflictividad social?
Asimismo, el balance de poder debe hacerse en funci ón de una lectura geoestratégica, definida por:
1) El papel del Ejército en el marco de la doctrina de seguridad hemisférica preventiva de los Estados Unidos: intento de alinear a Guatemala en el bloque conservador latinoamericano integrado por México, Colombia y Perú frente a los gobiernos progresistas.
2) Reposicionamiento en Latinoamérica de las fuerzas armadas de la antigua Unión Soviética y reactivación de la IV Flota de Estados Unidos en aguas del Caribe: es decir, Latinoamérica, Centroamérica y Guatemala concebidas como espacio para la medición de fuerzas entre grandes potencias.
Mano dura vs. cultura democrática
La fortaleza actual del Ejército privilegia el uso de la violencia y el ejercicio de la fuerza como formas de acción política y debilita la cultura y las prácticas democráticas. La seguridad en manos de instituciones civiles no es necesariamente más efectiva ni democrática, como demuestra la triste experiencia de corrupción e impunidad de la Policía Nacional Civil. Pero la resignación de la misma en manos del Ejército cierra espacios de participación y limita la posibilidad de control social. Para los movimientos sociales, la medida puede tener consecuencias estratégicas en términos de la militarización de las luchas populares y la vida de las comunidades.
Álvaro Colom fundamentó su campaña electoral en el alejamiento del Ejército como institución, del militarismo como planteamiento político y del pasado simbolizado en la represión y el autoritarismo. El fortalecimiento cuantitativo y cualitativo del poder militar acerca demasiado el actuar del Presidente al mensaje de mano dura y vuelta al pasado que fue rechazado por la población en las urnas.
i «El Ejército pretende reclutar de forma voluntaria a nueve mil 500 soldados. La mitad de la nueva tropa se integrará en el 2009. El resto en 2010 (…) Sólo espera que se le asignen fondos, unos 360 millones de quetzales». (Prensa Libre, 27-09-2008).
ii Cuatro turistas belgas, su guía y un lanchero, ambos guatemaltecos, fueron retenidos por campesinos de Izabal el viernes 14 de marzo. Los campesinos solicitaban la liberación de Ramiro Choc, dirigente campesino detenido y encarcelado desde el 14 de febrero. Además de allanamiento de viviendas y destrucción de infraestructura, la intervención policial y militar para liberar a los capturados produjo la ejecución extrajudicial de Mario Caal Bolom el 15 de marzo, según datos aportados por el Bloque Antiimperialista. El periódico Prensa Libre afirmó el 16 de marzo que en la intervención participaron «d os guardacostas del Ejército y una lancha tiburonera de las Fuerzas Armadas, además de un número indeterminado de soldados».
iii » Pese a que la institución militar ha explicado en diversas ocasiones que los kaibiles vinculados al narcotráfico y al crimen organizado ya no pertenecían al Ejército, entre los investigados por la justicia mexicana está Carlos Martínez, un kaibil que estaba de alta. Las pesquisas de la Fiscalía demostraron que era jefe de la Tercera Sección de la Primera Compañía del Batallón de las Fuerzas Especiales en Poptún» ( www.prensalibre.com.gt , 21 de octubre de 2007).
México captura a cinco kaibiles guatemaltecos. El secretario de Defensa de México en una comparecencia ante la Comisión de Defensa del Senado, confirmó la captura de los kaibiles, y los señaló de pertenecer a Los Zetas -asesinos a sueldo pagados por narcotraficantes ( www.prensalibre.com.gt , 28 de septiembre de 2005).
iv Desde 2007, comunidades de San Juan se oponen a la instalación de una cementera en la localidad. El 13 de mayo de 2007 se realiza una consulta popular, en la que 12 comunidades manifiestan su rechazo a dicha cementera. Desde entonces la tensión y los enfrentamientos son continuos, a partir de la decisión de empresa y gobierno de continuar con la instalación.
En este marco, el domingo 22 de junio se implanta el Estado de Excepción durante 15 días. El lunes 23 de junio, tras una jornada de enfrentamientos en la que muere asesinado un líder comunitario favorable a la cementera, 43 personas son detenidas y acusadas de: unión, reunión, manifestación ilícita, resistencia con agravación específica y desorden público. (ver memorial 100, El país que se reduce, [email protected] .
v Ver documento La inestabilidad institucional y el aumento de la confrontación caracterizan la situación actual, elaborado por la Fundación Myrna Mack, septiembre 2008. Disponible en www.albedrio.org/htm/documentos/PoderesParalelosFMMack.pdf .