El gobierno iraní ha presentado una demanda contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la confiscación de 2 mil millones de dólares de sus fondos congelados en EEUU. Una decisión de la Corte Suprema estadounidense estableció que Irán debe pagar esos 2000 millones a las víctimas y familiares de […]
El gobierno iraní ha presentado una demanda contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la confiscación de 2 mil millones de dólares de sus fondos congelados en EEUU. Una decisión de la Corte Suprema estadounidense estableció que Irán debe pagar esos 2000 millones a las víctimas y familiares de marines estadounidenses muertos en un atentado contra una instalación militar norteamericana en el Líbano del que Washington culpa a la República Islámica pero hasta el Juez John Roberts, que se opuso en la Corte Suprema al veredicto, ha denunciado la arbitrariedad de esa decisión:
Por su parte, el presidente de Irán, Hasan Rohani, ha planteado que la muerte de esos estadounidenses en el Líbano no tiene nada que ver con Irán y que la decisión judicial adoptada en Washington es un «robo descarado».
El hecho del que Washington acusa a Irán ocurrió hace 33 años, el 23 de octubre de 1983, en Beirut, y en él murieron 241 marines estadounidenses, parte de una fuerza de intervención liderada por EEUU junto a otros países miembros de la OTAN (Francia, Italia y Gran Bretaña). En esa ocasión dos camiones repletos de explosivos conducidos por suicidas fueron estrellados a la vez contra el cuartel de los marines estadounidenses y el puesto de mando del ejército francés en Líbano en el que también murieron 59 paracaidistas.
Pero qué hacían esos militares en el Líbano y por qué estaban allí. Un cable de la agencia UPI fechado el 20 de septiembre de 1983 reportaba que
«los cañoneros que bombardean posiciones antigubernamentales durante las mayores operaciones navales norteamericanas desde el conflicto de Vietnam son parte de una creciente fuerza de combate asignada al Líbano que incluye 15 barcos de guerra y 16,238 soldados y marinos norteamericanos».
Un año antes, Israel había aprovechado una precipitada y sospechosa retirada de las fuerzas multinacionales e invadió Beirut y masacró a los refugiados de los campamentos palestinos de Sabra y Chatila en una acción que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó de genocidio. Durante 40 horas murieron miles de civiles desarmados, incluyendo mujeres, ancianos y recién nacidos. A partir de entonces, se agravaron los enfrentamientos y las fuerzas multinacionales integradas por Francia, Italia, EEUU y Gran Bretaña retornaron al Líbano, mientras Washington impuso un acuerdo entre las autoridades israelíes y libanesas, rechazado por Siria y la Organización para la Liberación de Palestina, que legalizó la presencia de las tropas de Israel en el Líbano.
El atentado del 23 de octubre fue reivindicado por una organización llamada Yihad Islámica y un ex agente del Mossad, Víctor Ostrovsky, ha sostenido que el servicio israelí de inteligencia (Mossad) sabía de los planes para atentar contra el cuartel estadounidense y no hizo nada para impedirlo. Tiene lógica porque tras el atentado el Presidente estadounidense Ronald Reagan se dijo «más decidido que nunca» a que sus marines permanecieran en Líbano «para hacer frente a los que quisieran hacernos abandonar la región» y las fuerzas de EEUU se implicaron más en el conflicto, aunque las repercusiones internas obligaron a Washington y sus aliados a retirarse en el primer semestre de 1984.
La prensa occidental no llama terrorismo a lo ocurrido en Sabra y Chatila, donde murieron miles de civiles pero al cubrir la decisión de la Corte Suprema contra los fondos iraníes habla de los marines, miembros de una fuerza de combate en territorio extranjero que apoyaba a quienes cometieron esa masacre, como «víctimas del terrorismo».
La implicación de Estados Unidos en acciones terroristas es notoria. Sobre todo en el caso de América Latina, donde solo en Cuba 3 478 personas han muerto víctimas del terrorismo practicado, financiado y alentado por Washington. Los autores materiales e intelectuales de esos hechos viven tranquilamente en Estados Unidos y lejos de comparecer ante la justicia, fondos del gobierno cubano congelados en EEUU en virtud del bloqueo de más de cinco décadas que sostiene Washington contra la Isla, se han convertido -gracias a jueces venales- en un negocio para ellos y sus patrocinadores pertenecientes a sectores extremistas que históricamente han vivido del enfrentamiento entre los dos países.
La Corte Internacional de Justicia de La Haya es un órgano de la ONU que ya una vez falló contra Estados Unidos, indicándole «cesar y abstenerse» del «uso ilegal de la fuerza» contra el gobierno nicaraguense durante la década de 1980. La Corte afirmó entonces que los Estados Unidos cometieron «una infracción de su obligación bajo el Derecho internacional consuetudinario de abstención del uso de la fuerza contra otro Estado» pero Washington nunca acató esa decisión ni pagó las compensaciones que establecía, a pesar de que había aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte desde su creación en 1946.
El hecho de que el gobierno iraní acuda a La Haya habla a favor de su convicción de inocencia y su respeto por la legalidad internacional, ¿aceptará esta vez Estados Unidos la sentencia, o nuevamente se considerará por encima de las Naciones Unidas y actuará como el guapetón del barrio que aplica su ley a todos pero nunca acepta la ley de todos para sí?
Fuente original: http://lapupilainsomne.wordpress.com/2016/06/19/iran-va-a-la-haya-por-fondos-confiscados-que-hara-eeuu-por-iroel-sanchez/