La reciente captura de Radovan Karadzic -el perseguido y denostado dirigente de los serbo-bosnios en las atroces guerras étnicas que destruyeron la Yugoslavia de Tito- y su fulminante remisión al Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia trae a la memoria el tema de la justicia universal y sus más connotados brazos ejecutores: los tribunales internacionales […]
La reciente captura de Radovan Karadzic -el perseguido y denostado dirigente de los serbo-bosnios en las atroces guerras étnicas que destruyeron la Yugoslavia de Tito- y su fulminante remisión al Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia trae a la memoria el tema de la justicia universal y sus más connotados brazos ejecutores: los tribunales internacionales creados por Naciones Unidas, de 1993 a la fecha.
El más importante de ellos es el Tribunal Penal Internacional (TPI) que, aunque aprobado en 1998, no nació jurídicamente hasta 2002. Su trascendencia no ha impedido que tenga escaso desempeño, a lo que debe agregarse un dato singular, como que el TPI ha concentrado sus acciones en África. Los tres únicos expedientes que tiene abiertos son africanos: Congo, Uganda y el genocidio de Darfur, con el problema de que Sudán -igual que EEUU- no ha reconocido al TPI. Desde su creación, este tribunal sólo ha conocido un caso, el abierto contra Thomas Lubanga, líder de la Unión Patriótica Congolesa, una guerrilla de niños-soldado acusada de haber reclutado, matado o incitado a matar a jóvenes menores de 15 años en la provincia de Ituri, entre 1998 y 2003. Detenido en marzo de 2005, fue entregado pocos meses después al TPI. Pero no es Lubanga el único responsable de crímenes en África. En la Segunda Guerra del Congo murieron casi 4 millones de personas, la mayoría refugiados. De los demás jefes poco se sabe. Algunos son jerarcas de multinacionales, que financiaban las guerras étnicas para obtener, a precios irrisorios, metales preciosos como el tantalio, o los casi siempre ensangrentados diamantes africanos, cuyo uso debería prohibirse por ética.
Antes que el TPI, se crearon varios tribunales ad hoc, cuyos objetivos son muy expresivos. En 1993 se creó el Tribunal para la Ex Yugoslavia y en 1994 el Tribunal para Ruanda. En agosto del año 2000, el Consejo de Seguridad (CS) estableció un Tribunal Especial por acuerdo con Sierra Leona. En 2001, Camboya y la ONU crearon un tribunal para los crímenes del Jemer Rojo. En marzo de 2005, el CS remitió la crisis de Darfur al TPI, siendo la primera vez que el CS remitía un caso a dicho tribunal. En 2007, el CS creó un Tribunal Especial para Líbano, que juzgaría a los responsables del asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri y otras 22 personas, cometidos en 2005.
En el ínterin, se han sucedido episodios singulares (como el intento de enjuiciar en España a Pinochet) y otros terribles, de venganza pura y dura, disfrazada de justicia, como los juicios -y posteriores ejecuciones- en Irak, del derrocado presidente Sadam Hussein y miembros de su gobierno. El caso de Sadam puso en evidencia el doble rasero moral y legal con que se vienen aplicando los sagrados principios de la justicia y la moral internacionales. Sadam Hussein fue ejecutado en 2006, tras una parodia de juicio, por la muerte de 148 iraquíes. Israel, desde el año 2000 y hasta julio de 2006, había matado a 783 niños palestinos. En su última agresión contra Líbano, en 2006, Israel dejó más de 1.500 muertos y daños materiales incalculables.
Los magnicidios en Líbano, como señaló un informe del Secretario General de la ONU, significaron la muerte de tres personalidades políticas y de otras 22 personas. En Darfur se habla de unos 300.000 muertos. Charles Taylor está acusado de provocar, directa o indirectamente, unas 200.000 muertes en Liberia. Pero éstas y otras cifras resultan exiguas comparadas con el holocausto iraquí, donde los muertos, desde la invasión de EEUU, oscilan, según contabilidades, entre los 650.000 y los 3 millones de personas. Se trata de la mayor matanza de civiles desde los bombardeos masivos contra Vietnam del Norte en los años 70. Para ninguno de estos crímenes existen tribunales, ni ningún gobierno ha planteado siquiera la obligación moral y legal de constituirlos.
Si de números se trata y tomamos Líbano como punto de partida, ¿no sería más justo y perentorio investigar los crímenes de la OTAN en Afganistán? Según la Cruz Roja Internacional, solamente desde el pasado 4 de julio han muerto más de 250 civiles a causa de los bombardeos de la OTAN, unos 700 desde el inicio de 2008. Diversos estudios cifran los muertos entre 2001 y 2008 en unos 25.000 civiles, a manos de la ISAF ¿Y qué decir de los crímenes de Israel contra el pueblo palestino, condenado, encerrado en ese inmenso campo de concentración llamado Gaza? ¿O los crímenes de Rusia en Chechenia, que han quedado enterrados bajo un manto de petróleo?
Los tribunales especiales y el TPI enjuician a ciudadanos del Tercer Mundo, sin más excepción que el caso de la ex Yugoslavia, un país de la Europa periférica que osó enfrentar en el peor momento a la maquinaria militar de la OTAN. Salvo grupos de Derechos Humanos o expertos en Derecho, nadie plantea el enjuiciamiento de ningún gobernante o ex gobernante del Primer Mundo, aunque sus crímenes estén probados, la lista de ellos sea extensa y las víctimas se cuenten por millones, de Serbia a Afganistán.
Peor que una justicia internacional incompleta es una justicia internacional desfigurada, selectiva y sometida a intereses políticos. Con el juicio a Karadzic se quiere cerrar el capítulo yugoslavo, dejando a los países de la OTAN -culpables del crimen de agresión y otros más- limpios como patena y puros como ángeles. A Karadzic hay que juzgarlo, pero al tiempo que se sientan con él otros no menos culpables.
El Tribunal Especial para Sierra Leona lo financian, en un 75%, cuatro países (EEUU, Holanda, Gran Bretaña y Canadá). España aporta 300.000 euros. El Tribunal para la ex Yugoslavia lo forman 16 jueces, 10 de los cuales son europeos o de la OTAN. El de Ruanda lo forman otros 16. Tres son africanos, por cinco de la OTAN. El TPI lo forman también 16 jueces, 9 de ellos provenientes de países de la OTAN. Las sedes de estos tribunales están todas en Holanda. La justicia universal la paga y juzga Occidente desde Occidente. Es más justicia occidental, que no universal. Así pasa lo que pasa.
Augusto Zamora es profesor de Derecho Internacional en la UAM y embajador de Nicaragua en España