Es la primera condena por la llamada «trama rusa» de apoyo al candidato Trump en las elecciones de 2016. George Papadopoulos, exasesor en Política Exterior del actual presidente de Estados Unidos, fue condenado el cinco de septiembre a 14 días de prisión. En mayo de 2017 el exdirector del FBI, Robert Mueller, fue designado Fiscal […]
Es la primera condena por la llamada «trama rusa» de apoyo al candidato Trump en las elecciones de 2016. George Papadopoulos, exasesor en Política Exterior del actual presidente de Estados Unidos, fue condenado el cinco de septiembre a 14 días de prisión. En mayo de 2017 el exdirector del FBI, Robert Mueller, fue designado Fiscal Especial para la investigación del denominado «Rusiagate»; Mueller ha imputado a 12 agentes de la Inteligencia rusa por el presunto «pirateo» de la red informática de la campaña electoral del Partido Demócrata.
El Secretariado del Comité Nacional Demócrata (DNC) presentó el pasado 20 de abril una demanda en un tribunal federal de Nueva York contra Trump, el Gobierno de la Federación Rusa y WikiLeaks por las supuestas «interferencias». «Rusia lanzó un asalto total a nuestra democracia y encontró un socio voluntario y activo en la campaña de Trump», afirmó Tom Pérez, líder del Partido Demócrata. Los medios informativos han dado cuenta de estas «conexiones»; por ejemplo, «Los nexos del secretario de Comercio de Estados Unidos, con amigos de Putin y PDVSA» (petrolera estatal venezolana), tituló en noviembre de 2017 la edición española de The New York Times.
Una perspectiva diferente puede hallarse en una entrevista del economista y politólogo C. J. Polychroniou a Noam Chomsky en el libro «Optimismo contra el desaliento. Sobre el capitalismo, el imperio y el cambio social» (Ediciones B, 2017). Según el lingüista y activista estadounidense, «tras la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos se dedicó a restaurar el orden conservador tradicional (…); a veces la tarea requería una considerable brutalidad». Chomsky menciona el ejemplo de Corea del Sur, donde las fuerzas de seguridad dirigidas por Estados Unidos asesinaron a cerca de 100.000 personas a finales de la década de 1940, antes del inicio de la Guerra de Corea (1950-1953).
Así, el Gobierno Militar de Estados Unidos en Corea (USAMGIK) constituyó la autoridad principal entre septiembre de 1945 y el verano de 1948; su hombre fuerte para la parte sur de la península era el político derechista Syngman Rhee, «quien utilizó a la nueva policía para aplastar por la fuerza a la izquierda; las detenciones arbitrarias, extorsión, tortura y represión de las manifestaciones en la calle se convirtieron en moneda común», escribió la activista Kim Bullimore (Red Flag, agosto 2018). El Informe de la Comisión de las Naciones Unidas para Corea (1949) señaló que -de acuerdo con la ley de seguridad nacional- 89.710 personas fueron detenidas entre septiembre de 1948 y abril de 1949; además, la represión de las insurrecciones populares en la provincia de Cholla Namdo y la isla de Jeju se saldó con decenas de miles de muertos.
Imagen: blog de El Viejo Topo
El investigador William Blum dedica a Filipinas un capítulo del libro «Asesinando la esperanza: intervenciones de la CIA y el ejército de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial» (Oriente, 2005 y Blog del Viejo Topo, 2016). El ejército estadounidense desembarcó en las islas en 1944; mientras las fuerzas norteamericanas combatían la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, «desarmaron numerosas unidades huks (apócope de Hukbalahap: «Ejército del Pueblo contra Japón», en Tagalo), quitaron las autoridades locales que habían establecido los huks y arrestaron y encarcelaron a muchos de sus altos dirigentes, al igual que a los líderes del Partido Comunista Filipino»; en la acción represiva, Estados Unidos se apoyó en terratenientes, grandes propietarios y oficiales de la policía que habían colaborado con los ocupantes.
Los huks fueron unas guerrillas organizadas en 1942 -a iniciativa básicamente del Partido Comunista- para enfrentarse a la ocupación nipona y cuya reivindicación principal era la reforma agraria. En las elecciones presidenciales de 1946 resultó vencedor Manuel Roxas, del Partido Liberal de Filipinas, quien contaba con el apoyo de Estados Unidos; tras los comicios, subraya William Blum, se produjo la destrucción de aldeas, más de 500 campesinos y sus dirigentes fueron asesinados y cerca de 1.500, desaparecidos, encarcelados o torturados. En enero de 1946, The New York Times informó que Estados Unidos estaba entrenando y equipando a 50.000 soldados filipinos; «un acuerdo de 1947 proporcionaba localizaciones para 23 bases militares (norteamericanas) en el país», añade el historiador y periodista independiente.
Otro ejemplo es el de Indochina (tres regiones de Vietnam, además de los protectorados de Laos y Camboya) cuya primera guerra de independencia concluyó con la derrota del imperialismo francés -en 1954- ante el ejército del Viet Minh. «Las guerras de Indochina son el caso más extremo, el crimen más atroz posterior a la Segunda Guerra Mundial», afirma Noam Chomsky. Militante de la IV Internacional y autor del libro «Communisme et nationalisme Vietnamien», Pierre Rousset subraya que la intervención de Estados Unidos fue -en el contexto de la Guerra Fría- anterior a la derrota francesa en la batalla de Dien Bien Phu.
En el artículo «Sobre la importancia de la guerra estadounidense en Indochina» (Europe Solidaire y Viento Sur, 2015), Rousset destaca que Vietnam se convirtió, tras el triunfo de la Revolución China, en 1949, y el revés al colonialismo francés en 1954, en uno de los ejes de la geopolítica mundial. Estados Unidos promovió una «guerra total» en Indochina durante dos décadas (1955-1975); menciona como ejemplo el uso del Napalm, los defoliantes y las bombas de fragmentación; «los bombarderos gigantes B52 operaban, devastadores, desde gran altura; se arrojaron contra el territorio indochino el doble de toneladas de bombas que las lanzadas por el conjunto de los aliados en todos los frentes de la Segunda Guerra Mundial», concluye el autor de «Le Parti Communiste Vietnamien».
Las «interferencias» se extendieron por todo el planeta. El historiador suizo Daniele Ganser ha investigado las injerencias estadounidenses en Europa. Publicó el libro de 388 páginas «Los ejércitos secretos de la OTAN. La Operación Gladio y el terrorismo en Europa Occidental» (El Viejo Topo, 2010 y Red Voltaire en Internet), que dedica capítulos a la guerra secreta en Italia, Francia, Grecia, España, Portugal, Bélgica, Alemania, Dinamarca y Noruega, entre otros países. Sobre Italia, afirma este autor, «el ejército Gladio, dirigido por los servicios secretos italianos, participó activamente en esa guerra no declarada, con la complicidad de los terroristas de extrema derecha; a falta de invasor soviético, las unidades paramilitares anticomunistas entrenadas por la CIA se dedicaron a realizar operaciones internas para influir en la vida política nacional».
El magistrado Felice Casson reveló la existencia de la red Gladio durante la investigación, en 1984, de un atentado con bomba perpetrado 12 años antes en la localidad de Peteano, que causó la muerte de tres carabineros y el gobierno atribuyó a las Brigadas Rojas. «El juez Casson logró probar que el explosivo utilizado en Peteano era el C4, la sustancia explosiva más poderosa de aquel entonces y que también formaba parte del arsenal de las fuerzas de la OTAN», explica Ganser; además el magistrado descubrió que, tras el auto-atentado, se hallaban grupúsculos de extrema derecha -Ordine Nuovo- y los servicios secretos del ejército (SID).
En 1990, una resolución del Parlamento Europeo sobre el asunto Gladio protestaba por el hecho de que determinados «ámbitos militares estadounidenses del SHAPE (Cuartel General de las Fuerzas Aliadas en Europa) y la OTAN» hubieran promovido en el continente esta «estructura clandestina de información y actuación». Por otra parte, en el contexto de la guerra civil griega y la proclamación de la doctrina Truman (1947), Daniele Ganser destaca que Grecia se convirtió en el primer país invadido por Estados Unidos durante la Guerra Fría; el precedente griego se extendería a Corea, Irán, Cuba, Camboya y Panamá, entre otros países.
En «Cómo funciona el mundo. Conversaciones con David Barsamian» (Katz y Clave Intelectual, 2012), Chomsky menciona un documento de la CIA de 1952 sobre Guatemala, que describe la coyuntura del país como «adversa a los intereses estadounidenses» por la «influencia comunista (…) basada en la militancia por la reforma social y las políticas nacionalistas»; el informe advertía que las políticas «revolucionarias y nacionalistas», que incluían la «persecución de los intereses económicos extranjeros, sobre todo en el caso de la United Fruit Company» contaban con apoyo popular. La Revolución de Octubre de 1944 en Guatemala terminó con la dictadura del general Jorge Ubico Castañeda, en el poder desde 1931. Al triunfo del movimiento revolucionario, en el que participaron maestros, universitarios, obreros y militares, siguió la convocatoria de elecciones presidenciales libres (diciembre de 1944) y la aprobación de la Constitución de 1945. Entre los logros del primer presidente electo, Juan José Arévalo, figura la creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el Código de Trabajo.
En 1950 ganó las elecciones Jacobo Arbenz, uno de los jóvenes oficiales que lideró la Revolución de Octubre. Arbenz impulsó una Ley de Reforma Agraria que pretendía la «liquidación de la propiedad feudal en el campo» (Prensa Libre, mayo 1952). El informe «Guatemala, Memoria del Silencio» (1999) de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) resalta que en 1954 se habían beneficiado de la reforma agraria más de 138.000 familias campesinas, la mayoría indígenas; a la compañía United Fruit Company, que mantenía sin cultivar el 85% de sus 220.000 hectáreas, se le expropiaron 156.000 hectáreas (el 64% de su superficie). El documento de la CEH añade que, en agosto de 1953, «J. C. King, jefe de la CIA para el hemisferio occidental, informó al presidente Eisenhower sobre el plan PBSUCCESS, que consistía en desplegar una enorme operación de propaganda anticomunista en la que también se llevaría a cabo una invasión armada de Guatemala». Un golpe de estado orquestado por la CIA forzó la renuncia -en junio de 1954- de Jacobo Arbenz y elevó a la presidencia a Castillo Armas, que derogó la Ley de reforma agraria.
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