Para la brutal junta de Myanmar, matar a personas no ha sido suficiente para reprimir y silenciar por completo las críticas del movimiento nacional contra el régimen militar. Por eso, junto con el uso de la violencia, los militares se han mostrado cada vez más activos en mantener una vigilancia permanente en línea de ciudadanía […]
Para la brutal junta de Myanmar, matar a personas no ha sido suficiente para reprimir y silenciar por completo las críticas del movimiento nacional contra el régimen militar. Por eso, junto con el uso de la violencia, los militares se han mostrado cada vez más activos en mantener una vigilancia permanente en línea de ciudadanía específica, para así detectar intentos de comunicar mensajes ocultos o indirectos contra el régimen por Internet.
La junta ha asesinado a más de 3.600 disidentes y arrestado a decenas de miles más desde su golpe de estado en 2021. Al mismo tiempo, ha atacado sistemáticamente las plataformas en línea y los canales de las redes sociales, entre otras cosas, imponiendo cortes de Internet, bloqueando el acceso a plataformas de redes sociales como Facebook, imponiendo restricciones a las redes privadas virtuales (las VPN, que pueden eludir la censura de Internet) y llevando a cabo vigilancia en línea para controlar y supervisar actividades.
La campaña de vigilancia en línea de la junta ha hecho que cada vez más personas sean encarceladas, se enfrenten a órdenes de detención, pierdan sus propiedades, sean objeto de persecución judicial y huyan de sus hogares.
«Ya no nos sentimos seguros publicando o comentando nada en las redes sociales, como antes [bajo el gobierno civil derrocado]», declaró Ma Zin (nombre ficticio), residente en Rangún, que transmite la sensación de intimidación causada por la campaña en línea de la junta.
Al igual que otros, Ma Zin utilizó las redes sociales, especialmente la plataforma más popular del país, Facebook, para expresar su desaprobación por la toma militar del poder que derrocó al gobierno civil electo de Myanmar en febrero de 2021, y por los brutales asesinatos de personas manifestándose de forma pacífica ocurridos en los meses siguientes.
Sin embargo, la mujer de 36 años comenta que dejó de hacerlo a finales de 2021 por temor a ser detenida, cuando la junta empezó a vigilar las publicaciones en las redes sociales y a llevar a cabo detenciones.
«Incluso hablar de los cortes de electricidad cuando se producen [puede hacer que te detengan]. Arrestaron a Byuhar inmediatamente. Entonces, ¿de qué nos atreveríamos a hablar?», comentó Ma Zin, mostrando su frustración.
El cantante Byuhar ha sido una de las víctimas más recientes de la represión de la junta en Internet. Fue detenido el mes pasado en Rangún por criticar en Facebook la gestión de los militares de los cortes de electricidad.
Ma Zin es sólo una de los muchos usuarios birmanos de las redes sociales que se sienten amenazados por la vigilancia de éstas por parte del régimen militar.
Ko Thant Zin (nombre ficticio), de Rangún, dijo que no solo dejó de publicar en Facebook tras el golpe, sino que también borró antiguos mensajes relacionados con la política, ya que los canales de Telegram favorables a la junta empezaron a difundir mensajes nuevos y antiguos realizados por particulares, y a facilitar su información privada al ejército para que la utilizaran en las detenciones.
Dijo que esto había añadido otro nivel de amenaza a la vida cotidiana. Algunas de sus amistades, comentó, eran blanco de los canales a favor de la junta, y una amiga fue detenida recientemente por las fuerzas militares por publicar en Facebook sobre una explosión cercana a su barrio.
«Tanto en las redes como fuera de ellas, nos sentimos inseguros», afirma.
Doxing: Llevando la amenaza a las casas de las víctimas
La junta y sus seguidores han empleado cada vez más el doxing como método de intimidación. Por doxing se entiende el acto de revelar o publicar información privada o personal sobre una persona sin su consentimiento.
Cuentas de Telegram favorables a la junta, como las de Han Nyein Oo, Ba Nyunt, Kyaw Swar y Thazin Oo, difaman regularmente a activistas, periodistas y personas contrarias al régimen a las que consideran críticas con la junta o que cuestionan su autoridad.
Exponen en sus canales la información personal de la persona en cuestión, incluidos nombres, direcciones e incluso datos familiares, junto con capturas de pantalla de publicaciones en Facebook consideradas críticas con el régimen. Incitan a atacar a las personas cuestionadas, desde pedir a las autoridades que las detengan y confisquen sus bienes, hasta solicitar su ejecución o, si se trata de una mujer, acoso sexual. El doxing a menudo conduce a la detención y persecución por parte de la junta, e incluso a daños físicos.
Algunos de estos canales fueron retirados brevemente tras ser denunciados por infringir las normas de Telegram, pero los grupos involucrados favorables a la junta se limitaron a crear poco después nuevos canales de Telegram con los mismos nombres.
Ma Wai Phyo Myint, defensora de los derechos digitales y analista de políticas para la región de Asia-Pacífico de Access Now, grupo de defensa de los derechos digitales en todo el mundo, afirmó que la junta ha ampliado enormemente el uso del doxing como mecanismo para infundir miedo y disuadir a la ciudadanía de participar en cualquier actividad revolucionaria. Añadió que era una táctica utilizada por los militares para controlar el espacio cívico.
«Están intentando, de forma gradual, ejercer control fuera de Internet y también sobre el espacio cívico restante en línea «.
Ma Wai Phyo Myint explicó que, al principio, el doxing sólo iba dirigido a las personas afiliadas al Gobierno de Unidad Nacional, su comité parlamentario y su brazo armado, las Fuerzas Populares de Defensa, así como a dirigentes de protestas. Pero después los doxers empezaron a apuntar a cualquiera que se considerara dando apoyo al movimiento contra el régimen en Internet.
Entre las víctimas recientes se encuentra la modelo May Panche, condenada a tres años de prisión por expresar en Facebook su solidaridad con las víctimas del ataque aéreo más mortífero de la junta hasta la fecha, que en abril mató a más de 160 personas en la aldea Pazi Gyi de Sagaing.
Después de que anunciara que pospondría su venta en directo de joyas en línea el día del ataque aéreo, los canales favorables a la junta publicaron capturas de pantalla de fotos antiguas en las que aparecía participando en una protesta antigolpista, e instaron a que fuera detenida. El mismo día, decenas de personas que condenaron el ataque aéreo en Facebook o que cambiaron sus perfiles a negro en una muestra de apoyo a las víctimas, fueron detenidas en todo Myanmar.
Los doxers también comparten capturas de pantalla de comentarios de usuarios de Facebook de Myanmar en publicaciones de conocidos activistas o de medios de comunicación contrarios al régimen, e instan a la junta a realizar detenciones.
La semana pasada, el compositor Aung Naing San fue detenido en el municipio de Sanchaung, en Rangún, por comentar una noticia sobre el asesinato a tiros de Lily Naing Kyaw, nacionalista partidaria incondicional de la junta, que fue abatida a tiros el 30 de mayo y murió el 6 de junio.
«Puedes ser vigilado en cualquier momento. Eso es lo que la junta quiere transmitir a la gente», dijo Ma Sein, activista de los derechos digitales cuyo verdadero nombre se oculta para evitar repercusiones, sobre el aumento de la vigilancia en línea por parte de la junta.
Denunció la campaña de represión en línea como una violación de los derechos fundamentales de la población de Myanmar, entre ellos la libertad de expresión y el acceso a la información.
Sin embargo, la activista por los derechos digitales afirmó que, a pesar de estas tácticas de vigilancia y represión, la gente sigue encontrando formas de resistir. Algunas personas emplean herramientas de cifrado para eludir las restricciones y compartir información de forma segura, pero instó al público a extremar las precauciones sobre su seguridad digital y a no compartir ningún dato personal en Internet.
Ma Sein añadió que la junta también estaba intentando legalizar la represión digital de quienes la critican con su nuevo proyecto de ley de ciberseguridad y su ley antiterrorista mejorada, que convierte en «legal» que los militares espíen a personas sospechosas, vigile las actividades en línea y acceda a los datos de usuarios como parte de su creciente intento de reforzar el control sobre el espacio digital.
Activistas y grupos de defensa de los derechos digitales han advertido de que la junta está intentando construir un estado de vigilancia y han instado a la comunidad internacional y a las empresas tecnológicas a apoyar al pueblo de Myanmar y resistirse al golpe, tanto físico como digital.
Fuente original en inglés: https://www.irrawaddy.com/opinion/analysis/myanmar-junta-steps-up-efforts-to-monitor-silence-perceived-online-critics.html