A propuesta de Argentina, pero con el apoyo de toda América Latina, la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Louise Arbour, presentó a fines de la semana pasada ante el Consejo de Derecho Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, un informe para reconocer el derecho a la verdad como un derecho «autónomo e […]
A propuesta de Argentina, pero con el apoyo de toda América Latina, la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Louise Arbour, presentó a fines de la semana pasada ante el Consejo de Derecho Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, un informe para reconocer el derecho a la verdad como un derecho «autónomo e inalienable», que «no admite suspensión y no debe estar sujeto a restricciones». Teniendo en cuenta los antecedentes de las comisiones nacionales de la verdad y la reconciliación en Africa del Sur y El Salvador, y la experiencia de las organizaciones no gubernamentales en Argentina, para conocer la suerte y el paradero de los desaparecidos durante la pasada dictadura, la ONU busca con el derecho a la verdad, ampliar su arsenal de lucha contra las violaciones de los derechos humanos.
El documento de Louise Arbour, elaborado bajo su guía por el jurista colombiano Federico Andreu, es un estudio que reafirma la existencia de este derecho, disperso en la jurisprudencia de la ONU, recogido en junio pasado tanto por la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas promulgada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como por la Organización de Estados Americanos (OEA). Consolidado ahora mediante la propuesta de la Alta Comisionada, la comunidad internacional tendrá la posibilidad de afianzar este derecho, «de fundamental importancia para las victimas de graves violaciones de derechos humanos y sus familiares», estima la Comisión Internacional de Juristas, una ONG de renombre mundial, pionera en la materia.
La norma va a disponer «la obligación y el deber» de los Estados, a «realizar investigaciones eficaces y velar por que haya recursos efectivos y se obtenga reparación» por los estragos ocasionados a quien padecieren violaciones de los derechos humanos. El nuevo principio establecerá el respeto de las víctimas y sus parientes «que exigen saber que sucedió» en esas violaciones, como las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas y la tortura. En ese contexto, la ONU aspira a que los gobiernos asuman disposiciones colectivas en favor de la víctima, y que el radio de acción de este derecho incluya también a las violaciones del derecho internacional humanitario, es decir la protección de heridos, prisioneros y poblaciones civiles en los marcos de conflictos armados.
El derecho a la verdad se constituye entonces en una medida complementaria a las ya existentes para combatir y erradicar la impunidad. Abre las puertas a la intervención de las ONG, que se beneficiarán de un reconocimiento implícito a su legitimidad en la labor en defensa de las víctimas. Significa una advertencia a los Estados, que no podrán invocar amnistías o disposiciones análogas para limitar el derecho a solicitar información, ni podrán denegar o perjudicar el derecho de los individuos y de la sociedad a saber lo ocurrido cuando se violan los derechos humanos.
Este derecho a la verdad focaliza la atención en aspectos vinculados a derechos conexos a la sanción y castigo de los culpables. Sin perjuicio de ello y en total independencia de juicios, condenas, amnistías e indultos, los gobiernos deberán admitir y satisfacer el derecho a solicitar y obtener información sobre tratos injustos padecidos por las víctimas, las causas y condiciones de lo que hayan sufrido, los progresos y resultados de las investigaciones emprendidas, las circunstancias y motivos de los hechos, y en caso de fallecimiento o desaparición, la suerte y el paradero de las víctimas, y la identidad de los autores.
«La verdad es fundamental para la dignidad inherente del ser humano», resume el estudio patrocinado por Louise Arbour. La Alta Comisionada exhorta a no desdeñar el aspecto social del mismo, o sea el derecho de toda sociedad «a conocer la verdad sobre los acontecimientos del pasado que se refieran a la comisión de crímenes aberrantes, así como las circunstancias y los motivos por los que se perpetraron, a fin de evitar que se repitan en el futuro». El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debería resolver en los próximos días y antes de terminar su actual periodo de sesiones el viernes que viene, cual sería el camino a tomar para darle forma jurídica a este derecho innovador en el arsenal d la ONU durante el curso de 2007.