Las libertades en la Rusia de Putin

Hay un desequilibrio evidente entre la instauración de nuevas instituciones y leyes en materia de derechos humanos en Rusia, y la eficacia y el grado de cumplimiento de las mismas. Es verdad que cuenta con un Tribunal Constitucional desde 1991 y que, gracias a su labor, desde 1999 se ha suspendido de manera efectiva la pena de muerte en todo su territorio. Pero esta decisión del Tribunal Constitucional no ha frenado las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el ejército ruso en Chechenia. También es un avance importante que Rusia cuente desde 1997 con el Comisionado Federal para los Derechos Humanos, si bien sus denuncias y recomendaciones, incluso las más graves, que son las que tienen que ver con las atrocidades cometidas en Chechenia, no tienen carácter vinculante. Además de las nuevas instituciones, desde el año 2000 se han aprobado leyes y códigos que permitirían un más que necesario reforzamiento del poder judicial, aunque su ejecutoria es todavía muy insuficiente.

Y si en el apartado legal e institucional hay más sombras que luces, en el de los compromisos internacionales la situación es idéntica. Rusia es miembro de la ONU, de la OSCE y del Consejo de Europa y, como tal, queda obligada a cumplir importantes tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, aunque esa pertenencia y esa sujeción no le impide mantener las siguientes salvedades que, desde luego, no son de tono menor. Por ejemplo, no ha establecido una comisión nacional independiente formada por relatores especiales de la ONU para investigar presuntas violaciones de derechos humanos en Chechenia como le pidió la ONU en el 2001. En diciembre de 2002, no prorrogó la misión del Grupo de Asistencia de la OSCE en Chechenia porque le resultaba muy embarazoso su cometido en defensa de los derechos humanos y en la búsqueda de una solución pacífica al conflicto. En abril de 2003, a pesar de ser miembro del Consejo de Europa, se negó a autorizar la publicación de informes y recomendaciones elaborados por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes. Por otra parte, aunque ha ratificado el Convenio Europeo, no admite la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en cuanto a la revisión de los procedimientos de detención e internamiento. Por último, no ha abolido aún la pena de muerte en tiempo de guerra.

Así, la conclusión al respecto es muy preocupante: si en Rusia en general los derechos humanos se encuentran en una situación muy comprometida, en Chechenia se violan sistemáticamente.

Desde la llegada de Putin a la Presidencia se ha producido un giro patriótico que debilita los impulsos a favor de un Estado de derecho en el que las libertades básicas son respetadas y están garantizadas convenientemente. La primera perjudicada de esta situación es la libertad de información como bien atestiguan la persecución sufrida por el corresponsal de Radio Libertad, Andrei Babitsky, a propósito de sus incómodas crónicas sobre las atrocidades cometidas por los militares rusos en la guerra en Chechenia, la detención ilegal del capitán retirado de navío Alexander Nikitin a raíz de sus informaciones sobre el vertido de residuos nucleares de la flota rusa en el mar de Barents o el acoso al que ha sido sometido el periodista de investigación Alexander Kinstein por haber destapado y denunciado escándalos macabros, casos de corrupción en el entorno de Yeltsin y manipulaciones de las fuerzas de seguridad.

La limitación de la libertad de información no sólo afecta a periodistas individuales, sino también a medios de comunicación desafectos de Putin y de los oligarcas que asumen su programa de gobierno (cadena de televisión NTV y radio Eko de Moscú). Pero, quizá, el caso más espectacular de tergiversación de la información nos lo brinda el tratamiento otorgado a la toma de 800 rehenes por parte de terroristas chechenos en el Teatro de la calle Melnikov de Moscú, en octubre de 2002. Tras el desastroso desenlace de la operación, que implicó la ejecución de los captores y la utilización de dosis masivas de fentanil y del compuesto tóxico BZ que provocaron la muerte de más de 120 rehenes, se corrió una espesa cortina de silencio al definirse el asunto como secreto de Estado. Y todo ello bajo el amparo de la ley antiterrorista y de la doctrina de Putin, que sostiene que toda información está sometida a los imperativos de la seguridad nacional. En conclusión, desde mediados de 2003 y como resultado de la aplicación de esta política informativa, en Rusia ya no quedan cadenas de televisión con cobertura federal que sean independientes y críticas con el actual poder político.

Preceptos constitucionales como la libertad de circulación y de residencia son incumplidos en algunos territorios de la Federación, manteniendo así la herencia zarista del pasaporte interior que posteriormente restauraría Stalin en 1932. Las razones esgrimidas por las autoridades locales que defienden esta pervivencia propia del régimen de servidumbre es que, por un lado, la propiska o pasaporte interior permite controlar mejor los flujos migratorios internos de Rusia, especialmente los que, procedentes del Cáucaso y Estados limítrofes, se dirigen a las grandes ciudades y regiones industriales de la zona europea (Moscú, San Petersburgo, Stavropol, etc.). Por otro lado, señalan que la propiska es un instrumento eficaz para combatir a los terroristas chechenos que quieren llevar la guerra al corazón de Rusia. Lo que callan es que, además de ser inconstitucional al violar derechos humanos fundamentales, la negación del derecho a circular y residir libremente reserva un poder enorme en manos de las autoridades locales para influir decisivamente en la vida de los ciudadanos desamparados y amedrentados. Ampara el racismo, permite acosar a colectivos étnicos, atribuyéndoles los delitos individuales de algunos de sus miembros, y alimenta la venalidad en las autoridades y los policías encargados de su vigilancia.

No podemos finalizar este resumen sobre los derechos humanos en Rusia sin mencionar la situación de los presos y de los niños desamparados con discapacidad mental. En cuanto a los primeros, son muy numerosas las denuncias de que en las cárceles se infligen de manera continua tratos degradantes, inhumanos y torturas, y que en ellas las condiciones de vida, tanto sanitarias como alimenticias, son difícilmente imaginables, especialmente si los presos han sido condenados a cadena perpetua, si están sometidos a la disciplina del «régimen especial» penitenciario o si pertenecen a determinadas minorías étnicas.

Respecto a los niños que sufren discapacidad mental, la situación es aterradora. Se estima que en los orfanatos rusos hay 30.000 niños con retrasos psíquicos (muchos de ellos mal diagnosticados) que padecen unas condiciones de vida inhumanas. En Rusia está muy extendida la opinión de que los discapacitados mentales son absolutamente inservibles, que no deben recibir ningún tipo de educación y que, por tanto, su destino es encerrarlos de por vida y condenarlos a vegetar en un internado en unas condiciones espantosas.

No se puede sacrificar la libertad en el altar de la seguridad. Rusia está lejos de ser un Estado de derecho. No basta con instituir magistraturas o aprobar leyes benefactoras para que un Estado forme parte del mundo civilizado. Es indispensable que, además, haya principios de humanidad que informen las acciones de las autoridades. No es aceptable que se condicione el cumplimiento de los derechos y las libertades más elementales a la desaparición de la amenaza terrorista. Apena mucho ver las resistencias que oponen la mayoría de las autoridades ejecutivas rusas al avance de la seguridad jurídica de sus ciudadanos, pero apena más contemplar la comprensión que reciben de gobiernos occidentales que en sus países se declaran defensores del imperio de la ley.

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Emilio Alvarado Pérez es profesor de Ciencia Política. Este artículo fue publicado en el n° 12 (especial sobre derechos humanos) de la edición impresa de la revista Pueblos, verano de 2004, pp. 42 y 43.