No menos de dos mil millones de dólares amasan anualmente las empresas británicas y norteamericanas que en Iraq se dedican al negocio de la «seguridad».

Hay casi cuarenta de ellas operando en la añeja Mesopotamia desde la invasión norteamericana, y su personal representa uno de cada diez combatientes foráneos llegados al país bajo el ala de la «coalición anti régimen de Bagdad».

De esa forma, el mercenarismo corporativo ha encontrado en la titulada «guerra antiterrorista» de George W. Bush el terreno ideal para amplificar todo lo conocido hasta el presente sobre el uso de tropas pagadas, independientes de los mandos bélicos oficiales y susceptibles de enfrentar cualquier tipo de misión, desde la custodia hasta la tortura.

En su artículo «Los mercenarios sueltos en Iraq», el periodista Eduardo Febbro asegura que suman entre 15 mil y 20 mil los «empleados» de esta atípicas empresas, insistimos, en su mayoría británicas y norteamericanas, encargadas de asumir las tareas que el desbordado ocupante ya no es capaz de enfrentar.

Entre los «trabajadores», que cobran entre 6 mil y 9 mil dólares mensuales por su especial tarea, los hay estadounidenses, sudafricanos, israelíes, franceses, italianos, chilenos, colombianos, hindúes, irlandeses, australianos, británicos y hasta gurkas traídos de Nepal. Ellos pululan en los hoteles de Bagdad y se les ve custodiando a funcionarios, empresarios, instalaciones petroleras, aeropuertos, y hasta en carros de combate y centros de interrogatorio.

Dos de los implicados en los vejámenes y el uso de la violencia contra los presos iraquíes en Abu Ghraib eran los estadounidenses Steven Stephanowiz y John Israel, contratados por la empresa California Analysis Center Inc. (CACI), para tareas de inteligencia en Bagdad.

De igual forma, los cuatro norteamericanos que en marzo de 2004 murieron a bordo de un transporte militar y cuyos restos fueron colgados y arrastrados por la muchedumbre en Faluya eran mercenarios al servicio de la Blackwater Security Consulting Company, un holding de cinco empresas con campos de entrenamiento en Mayock, Carolina del Norte. Su presidente, Gary Jackson, se precia de los servicios personalizados que ofrece, y de que por sus instalaciones hayan pasado no menos de 50 mil hombres. Ese empresa garantizaba la seguridad de Paul Bremer, ex pro cónsul yanqui en Bagdad, mediante un contrato de 21 millones de dólares otorgado por la Casa Blanca.

Flagelo universal

En diciembre de 1998, la Asamblea general de la ONU determinó examinar la utilización de mercenarios a escala global como instrumento para la violación de los derechos humanos y obstaculizar la prerrogativa de los pueblos a la libre autodeterminación. Entonces fue designado un relator especial que ejerció investigaciones sobre el tema en El Salvador, Colombia, Gran Bretaña, y un estudio muy particular en la región africana. En septiembre de 1999, el informe ya circulaba entre los miembros de Naciones Unidas.

El relator, el peruano Enrique Ballesteros, concluía entonces que «el mercenario suele cometer atentados, sabotajes, actos de terror y torturas. Cualquiera de esas acciones son consideradas como netas violaciones de los derechos humanos por los tratados internacionales sobre la materia. Pero la trasgresión es mucho más grave si es cometida por un mercenario, porque el mercenarismo está en el origen de las violaciones mismas, tiene conexión con políticas de Estado que intervienen en los asuntos de otras naciones, con gobiernos corruptos que intenta imponer una dominación feroz e ilegítima, y con empresas multinacionales que quieren controlar y hacer negocios lucrativos con los recursos naturales de los países pobres».

Explicaba el documento que el mercenario suele ser reclutado por empresas privadas de pretendidos servicios de seguridad y asistencia militar. Pueden los reclutadores valerse de extranjeros, pero también de los nacionales del país objeto de la agresión.

En esa perspectiva, resulta condenable por la ONU una política que permita la formación de ejércitos privados, la transferencia de responsabilidades militares a esos grupos, y la privatización de los conflictos bélicos, donde de entrada no rigen ni son respetadas las normas que se supone deben asumir los ejércitos regulares.

Entre bandidos

En sus conversaciones con las autoridades salvadoreñas de entonces, el relator especial de la ONU contra el mercenarismo solo obtuvo una referencia ligera al caso de los ciudadanos de ese país Raúl Ernesto Cruz León y Otto René Rodríguez Llerena, detenidos por esas fechas en La Habana por la comisión a actos terroristas.

El primero de ellos colocó explosivos en instalaciones turísticas, uno de los cuales causó la muerte a un joven empresario italiano. El segundo tenía entre sus criminales planes hacer saltar en pedazos el memorial Ernesto Guevara, en la ciudad de Santa Clara. Desde luego, el gobierno salvadoreño no mencionó a su protegido de siempre, el «mercenario mayor» Luis Posada Carriles, quien instruyó y pagó a ambos agentes.

Y es que el identificado como uno de los autores del atentado dinamitero contra una nave aérea cubana con 73 personas a bordo frente a las costas de Barbados en octubre de 1976, y actualmente enjuiciado con pinzas en los Estados Unidos por simplezas migratorias, clasifica de lleno como un burdo y contumaz mercenario.

Entre otros «méritos» Posada Carriles integró la fuerza contrarrevolucionaria que atacó a Cuba por Playa Girón, en 1961, fue entrenado por el ejército de los Estados Unidos para cometer sabotajes y atentados, sirvió a la CIA en tales menesteres, como torturador policial en Venezuela y como cambista de drogas por armas para la contra nicaragüense. Colaboró con los regímenes militares latinoamericanos, y ha organizado más de un magnicidio contra el presidente Fidel Castro. Todo un ejemplo como para ser citado de forma privilegiada en la historia del crimen pagado y de la agresividad contra su patria a cuenta de una potencia foránea.

Sobre Colombia

Las averiguaciones de Ballesteros en Bogotá fueron un tanto más reveladoras. Según las informaciones, mercenarios con equipos bélicos sofisticados, y contratados por la empresa norteamericana Defense Systems Limited, actuaban y actúan todavía hoy a cuenta del gigante petrolero British Petroleum en regiones como Casanare, Arauca, Tauramena y Segovia. Su función es proteger las instalaciones de ese consorcio de posibles ataques guerrilleros, pero se les ha visto en operaciones militares, ligados al tráfico y consumo de cocaína, y en la represión a pobladores locales.

Las autoridades gubernamentales indicaron que esos grupos foráneos actúan a través de la subsidiaria Defense Systems Colombia, en tanto la estatal Empresa Colombiana de Petróleos aseguró entonces que, en efecto, la Defense Systems prestaba «asesoría» a la British Petroleum dada la importancia de los yacimientos de Casanare y su alta vulnerabilidad, pero que no podía confirmar el involucramiento de mercenarios en acciones militares o atropellos a la población de la zona.

De hecho, se supo también que empresas petroleras foráneas pagaban al ejército y a la policía nacionales para que protegiesen sus instalaciones, e incluso les suministraban material de guerra, y trasporte aéreo y terrestre.

Bruma londinense

La visita a Gran Bretaña, uno de los mayores centros de reclutamiento de mercenarios a escala internacional, brindó elementos sobre la vulnerabilidad legal en ese país en torno a tan nocivo fenómeno.

Funcionarios del ministerio de exteriores británico indicaron en aquella fecha que la diferencia entre las llamadas agencias de seguridad y las encargadas de formar ejércitos privados es mínima, e incluso admitieron que Londres acudía y acude a esas reclutadoras para proteger sus locales en el exterior. Por demás, indicaban las entidades oficiales de marras, «si existen tales negocios, es porque hay demanda», y, evidentemente, no es más que un asunto de mercado.

El sistema jurídico británico requiere, para imponer sanciones, que se demuestre mediante una «conducta objetiva» que el inculpado es un mercenario, por tanto no es punible ni la intención ni la condición de los posibles involucrados. Además, las regulaciones locales sobre tráfico de armas no coartan las ventas que puedan realizar las empresas nacionales desde terceros países, de ahí que cuantiosos embarques dedicados a acciones mercenarias fuesen despachados desde estados africanos o del Oriente Medio.

Los predios tropicales

Si bien el mercenarismo rueda a lo largo y ancho del planeta, sin dudas África ha sido uno de sus patios preferidos. En Sierra Leona, pretendidas empresas de seguridad actuaron armas en mano durante ocho largos años de guerra interna entre los autoridades gubernamentales y el llamado Frente Unido Revolucionario.

En la República del Congo y la República Democrática del Congo, signadas la primera por luchas internas, y la segunda por enfrentamientos con la participación de ejércitos de naciones vecinas, también fue detectada la presencia de mercenarios. Las riquezas naturales y las apetencias de las transnacionales europeas y norteamericanas vinculadas a la minería y el petróleo, han sido las impulsoras de la presencia de soldados de fortuna en ambas naciones.

No menos importante resultó la acción de mercenarios en Angola durante el largo conflicto con la UNITA, encabezada por el extinto Jonas Savimbi. El robo y tráfico de diamantes proporcionó a ese grupo contrarrevolucionario ingresos superiores a los cuatro mil millones de dólares, lo que le permitió pagar embarques clandestinos de armas y establecer contratos con reclutadoras de mercenarios que participaron en masacres, ataques a ciudades y otros deleznables actos.

Para los expertos en el tema, el mercenarismo no constituye, como sostienen algunos, un fenómeno de orden marginal y que no amerita la acción de la comunidad internacional. Tampoco es cierto que no se relaciona con los intentos de coartar el derecho de los pueblos a la autodeterminación y supeditarlos a la voluntad de los poderosos. No hay un solo caso que confirme tales retorcidas aseveraciones en la larga historia del uso de ejércitos privados.

Hoy, con mayor volumen destructivo y un alcance global, el mercenarismo es un negocio redondo que posibilita a los agresores hacerse de fuerzas no limitadas por tratados ni principios legales, sobre las cuales la responsabilidad oficial flota como la bruma y se hace intangible.

No pocas personas en el mundo advierten sobre el enorme peligro que supone la privatización de los conflictos armados, porque entonces no habrá control posible sobre ellos ni existirá la posibilidad real de enfrentar arreglos por otras vías, toda vez que las fuerzas en litigio no estarán supeditadas a los poderes nacionales.

El alquiler de guerreros muestra además a los extremos a qué puede llegar la absurda y aberrante aplicación de las leyes del mercado, para las cuales la vida y la muerte son simples mercancías expuestas en tarimas al mejor postor.