Las secuelas del ciclón Mocha plantean serias dudas sobre la colaboración de la ONU con una junta militar empeñada en matar a su ciudadanía en vez de ayudarla.
Como si la suerte de Myanmar no pudiera empeorar tras dos años de represión militar y guerra civil, el oeste del país fue azotado el 14 de mayo por el ciclón tropical Mocha, la peor catástrofe natural desde el ciclón Nargis en 2008.
Mocha, tormenta de categoría 5, con vientos de más de 200 kilómetros por hora y marejadas a lo largo de la costa, fue especialmente devastadora para los municipios de Sittwe y Rathedaung y zonas circundantes, ya que se desplazó por el centro del estado Rakhine hacia el estado Chin y las regiones de Magwe y Sagaing, que han sufrido graves inundaciones y enormes daños por el viento.
La respuesta a la tormenta, tras varios días de aviso previo y evacuación de la población civil, ha sido devastadoramente lenta. Se desconoce el número de víctimas mortales, y es probable que la cifra no se conozca durante algún tiempo. El régimen militar golpista, el Consejo de Administración del Estado (SAC, por sus siglas en inglés), afirmó el 21 de mayo que 145 personas habían muerto en el estado Rakhine. Sin embargo, fuentes de noticias locales afirman que el número de víctimas es mucho más alto, especialmente entre las comunidades costeras Rohingya.
La devastación causada por el viento ha sido inmensa. El SAC afirma que 183.024 casas han sufrido graves daños, e informa de destrucción o daño a 1.397 escuelas, 227 hospitales y clínicas, y la afectación a cerca de 1.800 edificios religiosos, entre ellos 59 monasterios, que suelen utilizarse como refugios civiles tras conflictos o catástrofes naturales. No hay electricidad y el suministro de agua está muy dañado.
Peligros añadidos incluyen minas terrestres transportadas por las inundaciones y multitud de serpientes venenosas en las aguas altas; ya se han disparado los informes de mordeduras de serpiente en Sagaing y Magwe. Fue como si la ruta del Mocha se trazara para exacerbar el ya desesperado sufrimiento de la población civil, tras años de guerra en el estado Rakhine y dos años de ataques militares salvajes en el noroeste del país.
El SAC ha proyectado una imagen pública de acción asertiva para responder a la devastación, con traslados de suministros por tierra, mar y aire. El ministro de Asuntos Fronterizos, teniente general Tun Tun Aung, acudió a la región arrasada de Sittwe. El titular de los medios estatales sobre su visita decía que había proporcionado «ayuda a las víctimas bengalíes del ciclón».
Incluso en medio del sufrimiento masivo, el ejército no puede silenciar su racismo sistémico, con su uso despectivo del término «bengalí» para describir a la etnia Rohingya.
La Orden del SAC nº 34/2023 ha asignado a altos mandos militares la dirección de «tareas para los procesos de rehabilitación» en 18 municipios de los estados Rakhine y Chin. Se trata de un enfoque muy similar al de la reconstrucción tras el ciclón Nargis en 2008, que ya volvió a demostrar que, históricamente y por norma general, el enfoque solo conduce a la represión y a la corrupción generalizada. En los estados Rakhine y Chin, como en casi todo Myanmar, la confianza en el régimen militar es prácticamente inexistente.
Los esfuerzos de reconstrucción de la junta también colisionan con los de los grupos armados, cuya lenta expansión territorial en el estado Rakhine está ahora en peligro.
El Ejército de Arakan (AA, por sus siglas en inglés), grupo insurgente anti-SAC, con su brazo civil, la Liga Unida de Arakan, ya formaron el 14 de mayo, tras el ciclón Mocha, un Comité de Emergencia para el Rescate y la Rehabilitación de Arakan.
Se calcula que el AA evacuó a unas 100.000 personas civiles en los días previos a que el Mocha tocara tierra, lo que ilustra cómo se ha ampliado su espacio operativo territorial en los últimos años. Su Autoridad Popular de Arakan se ha extendido a varios municipios clave del Rakhine central y está preparada para proporcionar ayuda inmediata tras la catástrofe y futura reconstrucción.
Ya ha recibido ayuda de sus aliados a largo plazo, los grupos armados Organización para la Independencia Kachin, que ofreció 143.000 dólares, junto con 47.600 dólares de cada uno de los dos grupos siguientes: el Ejército para la Alianza Nacional Democrática de Myanmar y el Gobierno de Unidad Nacional en la oposición. El Ejército de Liberación Nacional Ta-ang envió 23.833 dólares.
Con un amplio apoyo público, es probable que el AA también aproveche las generosas donaciones civiles que siempre siguen a las catástrofes naturales, especialmente ante el apoyo desigual de las autoridades centrales.
Todavía no se ha concedido pleno acceso a las Naciones Unidas y a las agencias internacionales de ayuda, a pesar de que han destinado reservas e intercedido ante los funcionarios del SAC en Naypyidaw.
El último informe de urgencia de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) del 21 de mayo, afirmaba que «el personal humanitario compartirá en breve, para su aprobación, un plan de dos semanas detallado para la distribución y en el que se resumirá el apoyo que está listo para prestarse a todas las comunidades afectadas en los estados Rakhine y Chin. Mientras tanto, socios con acceso ya garantizado están dando prioridad, allí donde pueden, a la distribución de alimentos y artículos vitales de socorro.»
Si tras dos años de involucramiento continuo de alto nivel con el régimen del SAC, la ONU no puede conseguir el acceso inmediato de las autoridades militares para distribuir la ayuda que se necesita urgentemente, la pregunta obvia es ¿por qué sigue en el país? El acceso de la ONU a principalmente zonas de conflicto ha estado bloqueado durante muchos años, pero el Mocha es un desastre nacional y debería despolitizarse.
En momentos como éste, la ONU siempre lamenta la falta de donaciones a su Plan de Respuesta Humanitaria (HRP, por sus siglas en inglés), que en 2023 se estima en 764 millones de dólares. Las necesidades humanitarias tras el golpe de estado de 2021 son, sin duda, inmensas, pero la mayor parte de la responsabilidad para estas necesidades se debe achacar a las campañas brutales de pacificación de los militares contra civiles y fuerzas de la resistencia.
El retraso en la respuesta al ciclón subraya una realidad importante para la ONU, que ha quedado patente en los dos años transcurridos desde el golpe: no necesita ni de lejos la presencia de personal que tiene en el país.
El Equipo de País de la ONU debería reducirse a las respuestas humanitarias más esenciales. La ONU no debería lamentarse porque el HRP solo está financiado al 10%, si está malgastando fondos en agencias de desarrollo que no requieren su presencia en Myanmar. Los donantes deberían insistir en que únicamente quede en el país el grupo de agencias de emergencia como la OCHA y el Programa Mundial de Alimentos, además de las agencias que trabajan por la infancia y las personas refugiadas, lo que a su vez liberaría fondos para el HRP.
Los operadores de ayuda internacional no están mucho mejor, como demuestra la respuesta al ciclón. Los que han decidido permanecer y operar en las zonas controladas por la junta birmana pueden alegar el imperativo humanitario todo lo que quieran, pero siguen colaborando activamente con una dictadura militar y violando, al inscribirse en el SAC, la neutralidad humanitaria.
Esto no debe en modo alguno menoscabar el difícil trabajo que está realizando el personal birmano de numerosas agencias y grupos de la sociedad civil, que realizan las tareas más duras de emergencia por una fracción del salario, mientras que las personas extranjeras en Rangún se llevan el mérito y los fines de semana libres.
Hay que descartar las suposiciones racistas que siempre acompañan a los desastres, según las cuales solamente personas oportunistas extranjeras con sueldos excesivos de la ONU pueden encargarse de la respuesta. También habría que preguntarse ¿cómo puede realmente la ONU prometer, con una presencia de emergencia tan limitada, componentes importantes de «protección» y una «programación sensibilizada con los conflictos»?
También se llama la atención, como suele ocurrir en todas las catástrofes naturales y conflictos, la gran importancia del trabajo humanitario local y la necesidad de que los donantes garanticen la financiación directa de estos grupos sobre el terreno, que realizan un trabajo vital y a menudo ingrato.
Desde el golpe militar han aumentado los llamamientos a abandonar el enfoque de la ONU, centrado en el poder estatal, en favor de un «humanitarismo de resistencia» o un «humanitarismo de solidaridad». Estos enfoques alternativos, en contra de los militares, para la distribución de la ayuda llevan años aplicándose en las zonas fronterizas del este de Myanmar y se han llevado a cabo de forma modesta pero importante en las zonas de conflicto de Sagaing y Magwe, redes que pueden adaptarse ahora a la respuesta al ciclón Mocha.
Los donantes también deberían cuestionarse la prioridad concedida a la ayuda a las respuestas inmediatas y al apoyo a la reconstrucción a largo plazo. No se trata en absoluto de sugerir que se bloquee la ayuda a las víctimas del ciclón. Pero es una realidad destacada que el SAC es una empresa criminal de guerra que masacra a civiles en todo el país y bloquea activamente la ayuda y las actividades humanitarias.
Desde que la guerra previa al golpe entre el AA y el ejército de Myanmar empezó a cobrar intensidad en 2018, la capacidad de la sociedad civil del estado Rakhine ha aumentado de forma considerable. Debe recibir apoyo, pero sin que se ponga en peligro su seguridad ni el bienestar de las comunidades a las que ayudan, garantizando que el SAC no se beneficia de la reconstrucción, como tan claramente pretende.
Así pues, mientras el SAC y el AA proyectan las actividades de respuesta al desastre como procesos de legitimación, con la probabilidad de que el SAC pierda en todos los frentes allí, los proveedores de ayuda internacional deberían realmente concentrarse, como prioridad, en la forma en que fluye su ayuda, para así poder apoyar de manera directa a las organizaciones y personas de Myanmar que realizan, sobre el terreno, el trabajo más duro y esencial para contrarrestar la devastación causada por el ciclón.
David Scott Mathieson es un analista independiente que trabaja en temas de conflicto, humanitarios y de derechos humanos en Myanmar.
Fuente original en inglés: https://asiatimes.com/2023/05/myanmar-snakebit-by-conflicted-cyclone-response/