La ONU debe dejar de servir a las corporaciones transnacionales y rendir cuentas a la sociedad civil global. Organizaciones latinoamericanas y comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, que vivimos cada día la contaminación y la explotación de nuestros territorios por parte de megaproyectos en mano de empresas nacionales y transnacionales, observamos que Naciones Unidas pretende encubrir […]
La ONU debe dejar de servir a las corporaciones transnacionales y rendir cuentas a la sociedad civil global.
Organizaciones latinoamericanas y comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, que vivimos cada día la contaminación y la explotación de nuestros territorios por parte de megaproyectos en mano de empresas nacionales y transnacionales, observamos que Naciones Unidas pretende encubrir y normalizar conductas violatorias empresariales que atentan contra los derechos humanos de los pueblos.
Ese órgano fomenta la adopción y promoción de mecanismos voluntarios con respecto al cumplimiento de derechos inalienables de la humanidad, en vez de impulsar un marco regulatorio real y obligatorio. Al mismo tiempo, promueve la contratación de reconocidos portavoces de empresas transnacionales extractivistas para cargos de decisión política en la ONU; y sus expertos salen de cargos relacionados con empresas y derechos humanos para asesorar a corporaciones transnacionales sobre los mecanismos voluntarios.
Las empresas transnacionales ostentan poder económico y político, en muchas ocasiones superiores a los países en donde desarrollan sus actividades, lo que las convierte en actores con enorme capacidad de imponer sus intereses por encima de los derechos de las personas y de los pueblos que viven bajo la esfera de su influencia. Dejarlas al margen de las regulaciones sobre derechos humanos, socava la legitimidad de las estructuras que se pretendan democráticas.
Por ello, las empresas deben ser sancionadas por su participación en violaciones a los derechos humanos, y no gozar de la aplicación de estándares voluntarios, impulsados por ellas mismas, como el Pacto Global de la ONU o Principios Rectores elaborados por John Ruggie. (1)Ese marco desregulatorio, sostiene explícitamente que de los principios expuestos «no se deriva ninguna nueva obligación jurídica». Entre tanto, las corporaciones transnacionales encuentran o promocionan legislaciones nacionales favorables que se ajusten a sus intereses y la «lex mercatoria» (2), mientras las comunidades se enfrentan con la imposibilidad de acceder a la justicia y de recibir garantías mínimas de protección.
Las puertas giratorias
Luego de hacer el informe que lleva su nombre, John Ruggie dejó su cargo de Representante Especial del Secretario General para los Derechos Humanos y las Empresas, para desempeñarse como Consultor Especial de la empresa minera canadiense Barrick Gold Coporation. (3) Esta empresa está cuestionada por su implicación en múltiples crímenes frente a los derechos de las comunidades afectadas por la explotación minera en Perú, República Dominicana, Argentina y Chile; casos que se encuentran denunciados ante cortes nacionales e internacionales.
Por otro lado, Alexandra Guáqueta, asesora de la empresa Cerrejón y representante de ésta ante el Comité Minero Energético del Programa Presidencial de DDHH y DIH del gobierno colombiano, que reúne a empresas y Fuerza Pública, así como funcionaria de la Oxy Petroleum en Colombia, (4) se ha convertido en la representante de América Latina del exclusivo Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos. (5) Tanto la empresa Cerrejón como la Oxy Petroleum están acusadas a nivel nacional e internacional por su responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos en Colombia.
Estos dos ejemplos y muchos otros evidencian el patrón de la puerta giratoria que se viene aplicando en función de la materialización de claros intereses del sector privado. Las «asesorías», que se ocupan de los efectos más chocantes para la opinión pública de las actividades de las empresas, no se ocupan de las causas y permiten a las sociedades transnacionales corregir sus estrategias de imagen (greenwash). (6) Asimismo, el tránsito permanente de funcionarios estatales y organismos multilaterales a grandes empresas privadas, y viceversa, estimula serias conductas de corrupción, considerando que personas del sector público cuentan con toda clase de información sensible y que ésta se puede poner al servicio de los intereses del sector corporativo. Ante esta situación insostenible solicitamos al órgano de las Naciones Unidas:
1. Que se abstenga de todo nombramiento de este tipo de personas para cargos relacionados con temas de empresas y derechos humanos.
2. Qué se hagan ampliamente públicos los CV de las personas postuladas para tales cargos.
3. Que se genere un mecanismo interno de control con la finalidad de evitar la injerencia por parte de personas que representan intereses de empresas trasnacionales en temas de derechos humanos.
4. Que haya anualmente una rendición de cuentas por parte de Naciones Unidas con respecto a la puerta giratoria.
5. Que se reconozca en Naciones Unidas el vacío existente sobre la regulación de carácter vinculante hacia las empresas y la necesidad urgente de avanzar hacia ello.
Notas:
1. En junio de 2011 el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó el informe escrito por John Ruggie, los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos para «proteger, respetar y remediar».
2. Apartes tomados del documento Alejando Teitelbaum, Comentarios al Informe del Secretario General de la ONU, 2012.
3.http://www.barrick.com/News/PressReleases/PressReleaseDetails/2012/Barrick-Announces-Inaugural-Members-of-CSR-Advisory-Board/default.aspx
4.http://www.shiftproject.org/profile/dr-alexandra-gu%C3%A1queta
5.http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsandotherbusiness.aspx
6.Greenwash: «Disinformation disseminated by an organisation so as to present an environmentally responsible public image» (The Concise Oxford English Dictionnary), 1999.
Firman:
América Latina: 5 Soles Valparaíso- Chile; ACA, Agrupación de Consumidores de Agua, Río Mostazal- Chile; Acción Ecológica – Ecuador; Acción por el desarrollo y progreso de Caldera- Chile; ADEF, Amigos de la Flora y Fauna, Vicuña- Chile; AGE Aconcagua- Chile; Agrupación de Defensa del Valle de Chalinga- Chile; Agrupación de Derechos Humanos, «José Calderón Miranda», Paine – Chile; Agrupación Ecológica CHADENATUR, Chañaral – Chile; Agrupación Ecológica Cultural del Río Mostazal- Chile; Agrupación para el Control del Medio Ambiente y Desarrollo Social de la Comuna de Andacollo (CMA)- Chile; Agrupación Sociocultural de Atacama- Chile; Aire Puro Valparaíso- Chile; Amerindia – Chile; Amigos da Terra – Brasil; APROMAC – Associação de Proteção ao Meio Ambiente de Cianorte – Brasil; Asamblea Ambiental El Melón- Chile; Asociación de Ciudadanos para la Defensa de la Salud y el Medio Ambiente, Viña del Mar- Chile; ATTAC – Argentina; Brigada S.O.S. Huasco- Chile; Cátedra de la Paz, Universidad de Los Andes Mérida – Venezuela; CENSAT Agua Viva, Amigos de la Tierra – Colombia; Centro de Conservación Cetácea – Chile; Centro de Documentación e Información CEDIB – Bolivia; Centro de Estudiantes de la Comunidad Teológica Evangélica – Chile; Centro de Estudios por el Desarrollo Humano Sustentable (CEDEHS)- Chile; Centro de Mujeres AMELIA BRUHN, Quilpué – Chile; Centro Ecoceanos – Chile; CESTA – El Salvador; Chile Sustentable – Chile; Ciudadanos a la Vanguardia, Antofagasta- Chile; COECOCEIBA, Amigos de la Tierra – Costa Rica; Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo», CCAJAR – Colombia; Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales, Colectivo CASA – Bolivia; Colectivo Editorial Mapuexpress – Chile; Colectivo VientoSur – Chile; Colegio de Enfermeras Regional Copiapó- Chile; Comisión del Medio Ambiente del Río Cochiguaz- Chile; Comisión Ecuménica de DDHH – Ecuador; Comisión Ética contra la Tortura – V Región- Chile; Comisión Medio Ambiente, Universidad De Atacama- Chile; Comité de Defensa del Mar, Mehuín – Chile; Comité de Defensa del Valle de Chuchiñi- Chile; Comité de Defensa Personal de Caimanes- Chile; Comité de Defensa y Recuperación del Cobre – Chile; Comité Esperanza de Vida- Chile; Comité Pro Agua Alto de la Chimba (Ovalle)- Chile; Comunidad Agrícola Totoral- Chile; Comunidad Colla El Torín- Chile; Comunidad Ecuménica Martin Luther King – Chile; Comunidad Indígena Ancestral Sucesión Blanco, del Territorio «Lago Chungara»- Chile; Comunidad Indígena Diaguita Sierra de Huachacán- Chile; Consejo de Defensa del Valle del Huasco- Chile; Consejo de Pueblos Originarios, Calama- Chile; GILANIA, Investigaciones y Desarrollo Experimental en el Desarrollo de las Ciencias Sociales – Chile; CooperAcción – Perú; Coordinador del Comité de Iniciativa para una Asamblea Constituyente – Chile; Coordinadora Ambiental Valles en Movimiento- Chile; Coordinadora de Defensa de la Madre Tierra; CODEMAT, Iquique- Chile; Coquimbo Parte Alta- Chile; Corporación Ecológica EcoQuilpué- Chile; Corporación la Caleta- Chile; Cristianos Nicaragüenses por los Pobres – Nicaragua; Departamento JPIC del Obispado de Copiapó – Chile; Ecodifusores Coquimbo- Chile; Ecosistemas – Chile; Editorial Quimantu – Chile; Elqui Sustentable- Chile; Escuela de Educación Ambiental Chico Mendes, Rosario – Argentina; FASE, Brasil; Frente Cívico por la Vida de San Juan – Argentina; Fuerza Verde Coquimbo- Chile; Fundación ECOSUR – Argentina; Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ – Perú; GRUFIDES – Perú; Grupo de Trabajo por Derechos Colectivos – Chile; Grupo Ecológico Atacama Limpio – GEAL- Chile; Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, ICAL – Chile; Justiça Global, Rio de Janeiro – Brasil; JJVV Bahía Inglesa- Chile; Lof Filú Ambiente y Territorio, Los Vilos- Chile; Manque-Pillán, Illapel- Chile; Marcha Mundial de las Mujeres – Chile; Mesa Social contra la Termoeléctrica Castilla- Chile; Mesa Social de Atacama- Chile; Mesa Trabajo Junta Vecinos Totoral- Chile; Movimento pelas Serras e Águas de Minas, MovSAM – Brasil; Movimiento Madre Tierra – Honduras; Movimiento Madre Tierra, Arica – Chile; Movimiento por la Defensa del Medio Ambiente MODEMA, La Higuera- Chile; Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA – Chile; Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación,Sociedad Misionera de San Columbano – Chile; ONG Bidas, Antofagasta- Chile; ONG ChileCobre – Chile; Organização de Desenvolvimento Sustentável e Comunitário ODESC – Brasil; Organización Ciudadana Ambiental Salamanca, OCAS – Chile; Organización de Ciudadanos para la Defensa de la Salud y el Medio Ambiente, Coquimbo- Chile; Pastoral Salvaguarda de la Creación- Chile; Programa Radial Semillas de Agua – Chile; Radio del Mar – Chile; Red por la Defensa de la Precordillera – Chile; Red Ambiental Copayapu- Chile; Red Ambiental Limarí- Chile; Red Ambiental Norte RAN – Chile; Red Ambiental Serena-Coquimbo- Chile; Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA) Temuko – Chile; Red de Mujeres El Loa – Chile; Red Ecológica de Chile; Red Muqui – Perú; Red por la Defensa del Medio Ambiente Arica y Parinacota- Chile; Rede Justiça nos Trilhos – Brasil; Revolución de la Cuchara Valparaíso- Chile; Salvemos los Valles- Chile; Saskimarka- Chile; Savia, Escuela de Pensamiento Ecologista – Guatemala; Surire Comunidad- Chile; TOXISPHERA – Associação de Saúde Ambiental – Brasil; Uma Auquina – Chile; Unión Comunal de JJVV de Illapel- Chile.
Europa y Canadá: Coalición QUISETAL, Québec – Canadá; Comité Oscar Romero de Vigo – España; Ecologistas en Acción – España; Grupo SOLIDAIR MET GUATEMALA – Bélgica; Redes y/o plataformas internacionales; Amigos de la Tierra América Latina y Caribe – ATALC; Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, CADTM – AYNA; Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales – WRM; Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina – OCMAL; Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD); Red Contra el Monocultivo de Arboles – RECOMA; Red Europea De Comités «Oscar Romero»; Rede Internacional dos Atingidos pela Vale (International Network of People Affected by Vale).
Esta carta fue enviada el 15 de octubre a la señora Laura Dupuy, representante permanente de Uruguay ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y presidenta de Consejo de Derechos Humanos, Ginebra; y a Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas.