El Parlamento chino, reunido como es habitual a primeros de marzo, ha adoptado en su segunda sesión anual de esta legislatura algunas decisiones de cierta trascendencia que apuntan al inicio de una nueva etapa en la reforma. El interés, más allá del profundo debate registrado acerca de la profundización de las desigualdades entre el campo […]
El Parlamento chino, reunido como es habitual a primeros de marzo, ha adoptado en su segunda sesión anual de esta legislatura algunas decisiones de cierta trascendencia que apuntan al inicio de una nueva etapa en la reforma. El interés, más allá del profundo debate registrado acerca de la profundización de las desigualdades entre el campo y la ciudad, se ha centrado en las modificaciones constitucionales, las cuartas del texto revisado en 1982, que han afectado sustancialmente a tres cuestiones: el reconocimiento de la propiedad privada, la protección de los derechos humanos y la constitucionalización de la teoría de la triple representatividad.
El mayor reconocimiento de la propiedad privada aparece asociado, en primer lugar, a dos nuevas ideas, la aceleración de la reforma económica y un nuevo concepto de desarrollo. No obstante, el significativo paso auspiciado por los dirigentes chinos obedece a la necesidad de propiciar una acomodación progresiva a las exigencias derivadas de su ingreso en la Organización Mundial del Comercio (OMC), estableciendo garantías jurídicas de máxima protección, homologables con las existentes en los países que forman parte de dicha entidad; y, por otra parte, más pragmáticamente, para ganar la mínima confianza de los muchos que hoy evaden sus capitales del país ante la incertidumbre y la inseguridad respecto a la protección de sus bienes.
La integración de China en la OMC exige cambios y adaptaciones constantes, a los que Beijing parece sumarse con entusiasmo e iniciativa. Se anuncia, por ejemplo, la próxima apertura a gran escala de los servicios públicos tanto a capital foráneo como privado, liquidando progresiva y parcialmente el monopolio estatal en servicios como el suministro de energía, agua, gas y transporte público. En las principales ciudades del país se han puesto en marcha reglamentos y licitaciones para liberalizar estos sectores, con el objetivo declarado no solo de conseguir capital externo que alivie la insuficiencia de recursos para modernizar muchas de las infraestructuras que han quedado obsoletas, sino también de modificar la estructura de capital del sector, liquidando los monopolios públicos.
Pasados veinticinco años del inicio de la reforma, parece llegado el momento de hacer efectivo un anuncio reiterado en numerosas ocasiones en la última década pero reiteradamente aplazado. Oficialmente se sigue negando el proyecto de una privatización en masa, poniendo el acento en la descentralización de los monopolios estatales en muchos sectores a los que se facilitará el acceso a los inversores privados extranjeros y chinos. Pero si antes era prácticamente imposible materializar cualquier inversión en las grandes compañías estatales, Li Rongrong, presidente de la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales, ente recientemente creado para dirigir y controlar el proceso, ya ha dejado claro que a partir de ahora no solo se autorizarán las inversiones en los negocios de poca monta. Buena parte de las empresas estatales reestructurarán su capital y el Estado renuncia de antemano a poseer la mayoría. Para acompañar ese proceso se apuesta igualmente por fortalecer las garantías legales y modernizar los mecanismos financieros.
Numerosos académicos han advertido sobre los riesgos de esta nueva etapa, especialmente en dos dominios: el de los efectos especulativos de las fusiones y adquisiciones entre compañías, y la capacidad de la red china de seguridad social para asumir el desafío que va a suponer una nueva incorporación de desempleados al mercado de trabajo. En cualquier caso, a diferencia de los primeros años noventa, cuando tantos se opusieron a la propuesta de transformación de las empresas estatales en meras sociedades anónimas porque suponía una desviación del camino socialista y un regreso al capitalismo, ahora, después de que el Partido refrendara en 1997 que el sistema de acciones es «una forma de estructura del capital que puede aplicarse tanto en el marco del capitalismo como del socialismo», se habla de las consecuencias pero no se cuestiona el entusiasmo reformista chino.
En paralelo, se plantea un reajuste en la estrategia de desarrollo, compensando la obsesión por el rápido crecimiento, constante de las últimas décadas, con la atención al progreso social. En esta nueva formulación han pesado las numerosas llamadas de atención acerca de la excesiva explotación de los recursos y el notable incremento de las desigualdades sociales y los desequilibrios territoriales. La nueva orientación ha supuesto la fijación a la baja de las previsiones de crecimiento para el próximo año (7 por ciento).
Asimismo, se trata de afianzar la idea de la «prosperidad común», no de la «prosperidad igual», como enfatiza el economista Hu Angang, de la Universidad Xinhua. El igualitarismo erradicado por Deng al permitir enriquecerse a unos antes que a otros no regresará, pero la estabilidad social exige hoy a todos establecer fórmulas de equilibrio que permitan que todos los ciudadanos se beneficien de la mejora de la situación económica del país. De nada sirven las altas tasas de crecimiento si los ingresos de los campesinos no aumentan o si no se fomenta el empleo.
Zhao Zhenhua, subdirector del Departamento de Economía de la Escuela del Partido, asegura que la brecha entre los ingresos individuales se ha ampliado, tanto en el ámbito rural como en el urbano, constatando la presencia en ambos de una pobreza más estructural. Igualmente se ha profundizado la brecha entre los residentes rurales y urbanos, la más notoria debido al lento aumento de la renta campesina. Otro tanto puede decirse de las diversas regiones del país, con crecimientos muy dispares de este a oeste. Por último, entre las diversas industrias también tiende a ensancharse la disparidad de ingresos. Zhao Zhenhua reconoce que ningún otro país del mundo arroja una diferencia tan elevada como la existente en China entre los residentes urbanos y rurales.
Los factores naturales, el déficit ecológico de la reforma, forman parte también de ese nuevo esquema de la vulnerabilidad china, hasta ahora carente de análisis sobre la deficiencia de sus recursos a este nivel. El coste de dilapidación de recursos y medio ambiente debe formar parte del cálculo del PIB, asegura Ma Zhong, profesor de la Universidad del Pueblo Chino, quien reivindica un PIB verde y el paso de un modelo de crecimiento extensivo a otro intensivo, caracterizado por un bajo nivel de consumo.
La triple representatividad
Frente a la concepción que muchos definen como cosmética y justificada casi en exclusiva por la necesidad de dar satisfacción a Jiang Zemin, quien desea verse equiparado a Mao o Deng en los anales de la histórica contemporánea china, Xu Xianming, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Beida, asegura que conceptos como la triple representatividad o los derechos humanos disponen del potencial ideológico suficiente como para dar un vuelco en los valores sustentados por el Estado.
La triple representatividad, formulación teórica que fue dada a conocer por Jiang Zemin en febrero de 2000, tiene por objeto establecer un vínculo de representación del Partido Comunista de China (PCCh) con las fuerzas más avanzadas de la sociedad, ya sea del ámbito de la producción, de la cultura o, en general, de la mayoría del pueblo chino. En esencia, de lo que se trata es de afirmar la condición dirigente del PCCh, no ya como fuerza de vanguardia de la clase obrera, sino de todo el pueblo, incorporando a los nuevos estratos sociales que emergen como consecuencia de la evolución del socialismo con peculiaridades chinas. Según Jiang Zemin, esa transformación, constitucionalizada como un desarrollo del marxismo-leninismo, debe garantizar en el futuro la posición preeminente del Partido en la sociedad y en el Estado.
Esta mención a la triple representatividad debe ser contextualizada también en el marco de otras precisiones «menores» que se han incorporado a la secciones del Preámbulo y los principios generales y que abundan en ideas como la de que China estará en la etapa primaria del socialismo durante mucho tiempo, que la cooperación entre partidos bajo la dirección del PCCh y el sistema de consultas políticas existirá y se desarrollará por mucho tiempo, o la adopción de un sistema de economía de mercado socialista, con la propiedad pública como sector dominante y las otras formas de propiedad como opciones paralelas.
Por lo que respecta a los derechos humanos, su entronización en la Carta Magna es inseparable del compromiso por afirmar el impulso de las tres «civilizaciones», es decir, la material, la espiritual y la política, de forma coordinada, asumiendo que a partir de ahora el Estado debe aplicarse en mayor grado a la construcción de una sociedad más sana y más equilibrada respetando la ley, referencia que debe ser irrenunciable para todos los estamentos del Partido y del Estado.
El debate previo a la reforma constitucional no ha sido del todo pacífico. En una conferencia del Comité Central del PCCh celebrada en Zhongnanhai, del 26 al 28 de agosto de 2003, se manifestaron algunos rechazos a las propuestas, aunque también se formularon iniciativas de revisión general de la Constitución, como ya se había hecho en 1975, 1978 y 1982, al entender que el actual texto, aún con las modificaciones introducidas desde los años ochenta, no refleja la realidad de la sociedad china.
Algunos analistas, como Wang Yukai, atisban en estos cambios los inicios de una reforma cautelosa en lo político, que debe avanzar en la supervisión de los niveles superiores del Partido, haciendo hincapié en la limitación de los abusos de poder. Pero es, en todo caso, una reforma dentro del sistema, asegurando la estabilidad, y por ello debe ser de arriba hacia abajo y debe condicionarse al avance de la reforma económica. ¿Es ello posible en un momento en que aumentan las influencias del mundo exterior? El Partido sigue decidiendo en China sobre las políticas fundamentales. Pero también el Partido deberá tener en cuenta las reglas de la OMC a la hora de decidir sobre cualquier política y por lo tanto su capacidad de maniobra se puede ver limitada. Es el centro del poder pero no tiene ya todo el poder. Y todos, Partido y Gobierno, deben aceptar restricciones. Pero no es lo mismo que la iniciativa provenga del propio régimen que de fuerzas exteriores al sistema. Por ello, la mejora del sistema jurídico-político será el espejo de la reforma en los próximos años.
El ritmo de Hu Jintao
Son signos de otro tiempo que Hu Jintao parece abrazar con decisión. El nuevo hombre fuerte de China ha cancelado las reuniones de verano en el balneario marítimo de Beidahe, tradicionales desde tiempos de Mao; ha propiciado que el Comité Central pueda controlar el Buró Político; y no hace ascos a la idea de un mayor control de los funcionarios, especialmente en el nivel provincial, acogiendo con interés las propuestas de celebración de elecciones con candidatos rivales -en vez de designaciones- a ciertos niveles del Partido y a titulo experimental. Algunas de estas ideas estaban ya presentes en su discurso con motivo del 82º aniversario de la fundación del PCCh y fueron recogidas en un artículo aparecido en Qiushi, la principal revista teórica del Partido. Pero para abrirse camino tendrá que vencer las resistencias internas y, probablemente, esperar a la retirada definitiva de Jiang Zemin, su antecesor en el cargo y presidente de la Comisión Militar Central.
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Xulio Ríos es director del IGADI (Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional) y miembro del Consejo Asesor de Casa Asia.
Pueblos (www.revistapueblos.org),