Para que no se repita

El sábado 28 de agosto del 2004 todo el Perú celebro el primero aniversario de la entrega del Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación CVR (www.cverdad.org.pe ) que analiza 20 años (1980-2000) de conflicto interno. La ceremonia oficial – promovida por el Defensor del Pueblo Walter Peralta – se realizó en la casa de la Verdad » Yuyanapaq», sede de la muestra fotográfica que documenta la violencia política.

Particularmente contundente el análisis de Salomón Lerner, ex Presidente de la Comisión de la Verdad y Rector de la Universidad Católica del Perú PUCP, que subraya responsabilidades y omisiones en la búsqueda de una memoria que se transforme en espacio de reconciliación e justicia:

«Hace exactamente un año, los miembros de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en cumplimiento del mandato que se nos impuso, presentamos ante las más altas autoridades constitucionales del Estado el resultado de nuestras investigaciones. El informe final que en aquel día entregamos era – sigue siendo – la exposición de una historia dramática, trágica, una historia que nunca hubiéramos querido escribir. Pero en sus páginas se encontraban también, al mismo tiempo que un relato estremecedor y sublevante, las señales de un camino esperanzador: el camino de la reconciliación por medio de la verdad, la justicia y la transformación de nosotros mismos y de nuestra sociedad. El informe que quisimos compartir con todos los peruanos no era, pues, solamente una historia en el sentido de recuento de hechos pasados; constituía también una exhortación a escribir con una conciencia moral más despierta nuestra historia futura. Esa historia, como dijimos, debió haber empezado a escribirse el 28 de agosto de 2003.

Transcurridos 365 días de esa fecha, nos encontramos en una paradójica situación. Se han producido desde diversas instancias del Estado algunas señales positivas. Ellas, sin embargo, no han llegado a traducirse en decisiones políticas concretas ni en acciones de Estado tangibles en beneficio de las víctimas ni a favor de la regeneración de nuestra comunidad nacional. A fin de cuentas, esa respuesta trunca a las tareas señaladas en el informe final, y respaldadas por un considerable sector de la población, nos indican en qué medida nuestras llamadas clases dirigentes, nuestros medios de comunicación, nuestras autoridades estatales siguen presas de sus pequeñas inquietudes y ajenas, en cambio, a las necesidades de nuestra siempre postergada democracia.

He dicho, no obstante, que se han producido algunas señales positivas. Entre ellas, es indispensable mencionar los anuncios realizados hace dos días por el presidente del Consejo de Ministros referidos a la adopción, por parte del Poder Ejecutivo, de normas que proclaman disposiciones programáticas para el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Es, en efecto, digno de saludarse la promulgación de un decreto supremo que incorpora el Plan Integral de Reparaciones como marco de las acciones del Estado, incluyendo beneficios específicos en vivienda. Y al señalar esto, resulta justo reconocer la labor de los integrantes de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada de seguir las recomendaciones de la CVR, así como saludar el esfuerzo y el compromiso de algunos congresistas que, habiendo asumido la causa de una reconciliación con justicia, pugnan desde hace meses por sacar adelante leyes y decisiones en favor de las víctimas. Entre ellos, los parlamentarios Walter Alejos, Henry Pease, Gloria Helfer y Anel Towsend merecen el reconocimiento por una labor que debe recibir el más sólido apoyo del Congreso de la República y su mesa directiva. Es justo, asimismo, declarar nuestra satisfacción por los anuncios hechos por la Ministra de Salud relativos al programa de salud mental que su despacho planea poner en práctica prontamente.

Entre las noticias alentadoras es indispensable, ciertamente, recordar el trabajo realizado en este tiempo por la Defensoría del Pueblo, heredera del acervo documental de la CVR y fiel supervisora de nuestra recomendaciones. El informe presentado ayer por el Defensor del Pueblo, doctor Walter Albán, nos llena de expectativas respecto de lo que esta prestigiada institución del Estado puede hacer en los próximos meses.

Por último, estoy seguro de interpretar adecuadamente a mis colegas comisionados al expresar nuestra felicitación a los miembros del Tribunal Constitucional, quienes, en ejercicio de una firme defensa de la constitucionalidad y el Estado de Derecho, han emitido diversas sentencias de valor ejemplar, como aquélla que proclama el derecho constitucional a conocer la verdad y aquella otra, muchos más reciente, que precisa el concepto de delito de función y, de ese modo, abre una nueva y más ancha ventana de esperanza en la lucha contra la impunidad.

Ahora bien, si estas expresiones y decisiones justifican cierta expectativa, no podemos guardar silencio ante la inercia administrativa y ejecutiva, la resistencia de los sectores privilegiados a reconocer la verdad, la porfía grosera de los abanderados de la impunidad alojados en nuestro Congreso.

Nuestra principal preocupación radica, precisamente, en lo poco que parece haber calado el informe en las conciencias de muchos, pero especialmente de aquellos que desde sus privilegios políticos o materiales consideran incómoda la verdad, inoportuna la justicia, injustificadas las reparaciones y, por tanto, no admiten otro camino a la reconciliación que no sea el deformado, intransitable camino de la impunidad y el olvido, el cobarde «dar vuelta a la página». Manipulando la realidad y, por desgracia, encontrando eco en medios de comunicación irreflexivos, nos presentan fantasmas atemorizantes como razones para no dar crédito a lo que dijo la CVR. Otros se atrincheran en un lenguaje formal, de pretensiones jurídicas, para desestimar la validez de los testimonios y exigir al desaparecido de cuerpo presente y con documento de identidad, para empezar a indagar de qué manera fue que un fenómeno natural lo desapareció. Finalmente, otros siguen caminando como si en el país no hubiera pasado nada, atentos a sus apetitos y negocios personales, esperando que otros se encarguen de este molesto tema.

Cada cual puede inventar razones para voltear la página. Pero el libro de la historia del país estará allí, observándonos. De vez en cuando, se abrirá y lanzará contra nosotros un vendaval de reclamos, e incluso de violencia, sin que los indiferentes atinen a entender por qué se producen estos hechos en un país supuestamente pacificado.

Pensemos por un momento en lo que ha ocurrido en el Perú en los últimos doce meses y en qué situación nos encontramos. Una encuesta de alcance regional – Latinobarómetro – muestra que nuestro país es aquél cuyos sus ciudadanos creen menos en la eficacia de la democracia en todo el continente. Los índices reveladores del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo nos dan cuenta de un mapa de la pobreza y la desigualdad que coincide con el mapa de las víctimas de la violencia. Un alcalde provincial es linchado por sus propios electores en un condenable asesinato y en medio de acusaciones de corrupción. El centro de Ayacucho, allí en donde presentamos el informe final el 29 de agosto, es incendiado por un gentío enardecido. Decenas de municipios enfrentan graves problemas de enfrentamiento social y las pandillas juveniles – los hijos de la violencia que estudiamos – azotan las ciudades.

La verdad que mostramos al país estaba llena de dolor, de angustia y desesperación. Los 16,985 testimonios consignados en el informe final nos hablaban de esa desesperanza, de ese desarraigo que representa la vida para millones de peruanos, ciudadanos de segunda clase, a los que se acude sólo en búsqueda de votos. Pero también nos gritaban en cada voz que la esperanza no sólo era una posibilidad, sino un deber que debíamos atender. Esa esperanza no era sólo la vana ilusión de quien espera que algo sobrenatural cambie su destino. Estaba y está basada en la labor cotidiana y heroica de millones de peruanos que resistieron la violencia, buscaron un futuro mejor para sus hijos e incluso buscaron ayudar a su prójimo.

Esa esperanza está en la base de las posibilidades del Perú, como proyecto y como reto para todos nosotros. Hay que recordar, sin embargo, que la violencia – como la pobreza – no nos afectó a todos por igual. Hay que tener siempre presente que de cada cuatro muertos y desaparecidos, tres tenían al quechua como lengua materna y que una sola etnia – la ashaninka – perdió más del 5% de su población total.

Las brechas sociales y económicas del país son inmensas y, peor aún, tienden a incrementarse. Es cierto que los recientes anuncios de proyectos de inversión que salen adelante constituyen buenas noticias para el país; sin embargo, al lado de ellos, antes que ellos, más persistentes que ellos, están las noticias sobre la creciente desigualdad social, el abandono de nuestra educación, las tenaces cifras de la mortalidad infantil.

¿Que hemos hecho para cerrar esas brechas en este año? Muy poco. Es innegable que nuestra Nación tiene serias limitaciones que todos debemos comprender y que la estabilidad económica y fiscal es un valor que se debe proteger y cuidar. Pero hay señales preocupantes sobre en donde están las prioridades de gasto e inversión. Hoy se discute la creación de un fondo nacional para la defensa y se ha adquirido algún material bélico, como dos fragatas, las que, según los entendidos, son indispensables. Confieso mi ignorancia sobre temas técnico-militares, pero no llego a comprender por qué dos fragatas son más importantes que la educación de miles de niños, que la atención en salud básica o que las reparaciones a las víctimas de la violencia; por qué nuestras autoridades otorgan atención más pronta y solícita a un fondo de defensa que a uno destinado a restituir la dignidad de miles de compatriotas.

Los avances no son automáticos, ni el progreso es un producto mágico. Los peruanos, y los más pobres en especial, han demostrado una paciencia ancestral frente a situaciones que en otras realidades habrían provocado revoluciones y guerras civiles. Pero esa paciencia solamente puede ser exigida cuando la política económica y la política en general están basadas en criterios éticos; cuando se hace sentir al ciudadano que se está trabajando por él y para él. Lamentablemente, esa no es la imagen que proyectan nuestra autoridades y, de ese modo, tal vez sin saberlo, socavan las posibilidades de nuestra democracia.

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El mensaje de la CVR fue integral y complejo, pues así fue la realidad que le correspondió auscultar. Las recomendaciones, por ello, cubren campos diversos, pero estrechamente conectados entre sí y vinculados con una meta que los incluye: la reconciliación. Reparaciones, justicia penal, reformas institucionales, todas esa sugerencias forman parte de una misma unidad y no deberían ser tomadas como segmentos, a gusto de cada cual, según lo que resulta políticamente conveniente en este u otro momento. Lo que el Perú necesita es un trabajo integral, concertado, que atienda a nuestros problemas de fondo en lugar de maquillarlos para dejarlos intactos. Y para ello, requerimos de nuestras autoridades imaginación, inteligencia y voluntad política.

Precisamente, voluntad, inteligencia e imaginación tuvieron diversas instituciones de derechos humanos, agrupaciones religiosas, organizaciones juveniles y ciudadanos de a pie para formar el Colectivo «Para Que No Se Repita», que nos ha regalado hermosos actos recordatorios en esta semana y que trabaja intensamente para colocar el tema en la agenda, contra viento, indiferencia y marea. Permítanme expresar mi aprecio a Rosa Villarán y sus compañeros y compañeras por esa tesonera labor. Inteligencia e imaginación han derrochado, tambuién, los jóvenes de nuestro país que se han movilizado en Lima, Huánuco, Ayacucho, Abancay y otras ciudades en busca de restaurar la dignidad de las víctimas. Ellos nos han recordado con modestia, pero de manera rotunda, que la juventud no sólo es generosa, sino que también es valiente y, por eso, toma riesgos que otros no quieren asumir.

Pero también hay de los otros, los que no tienen voluntad y prefieren ahorrar su imaginación y su inteligencia para otras causas. Ya mencioné aquel pedido de documento de identidad al indocumentado por responsabilidad del Estado. Agregaré dos argumentos comúnmente escuchados. El primero se refiere a la invalidez de los testimonios presentados por la CVR y la imposibilidad legal y material de abrir investigaciones. Según este primer argumento, tendríamos que haber incluido a cientos o miles de fiscales en los testimonios y en cada lectura de documento incluido en nuestro informe para que eventualmente reciban atención legal. Al respecto, sólo reiteraré que nosotros no podíamos hacer el trabajo del Ministerio Público y que ellos han sido nombrados para investigar con celeridad y eficacia y formalizar denuncias contra los responsables.

El otro argumento es la futilidad del intento, pues al final «todo quedará igual». Es el argumento fatalista de quien definitivamente no ha estado cerca de una madre, de un padre, de un hijo, que ha perdido lo más querido. Es el refugio del conformista que siente que al final no hay ni bueno ni malo, ni blanco ni negro. Sólo bastará responder a ese argumento señalando que lo que hace a los humanos distintos al resto de las especies es la capacidad de discernir la bondad de la perversidad, y además la capacidad de cambiar nuestro entorno. La historia no se hace con ninguno de estos dos argumentos.

Hay otros argumentos, más perversos, si se quiere. Está el insistente reclamo del «inevitable costo de la guerra», del que dice que sólo así se podía vencer al terrorismo, del que pura y simplemente pone el interés corporativo por encima de la justicia y la verdad. Incluso se señala que en un mundo amenazado por el terrorismo es indispensable aceptar cortapisas a la libertad y la democracia. El Perú puede dar ejemplo de lo contrario, de cómo la inteligencia y la acción concertada son las únicas opciones frente a la amenaza criminal del terrorismo. Tenemos que seguir dando la batalla por los derechos humanos, en cualquier circunstancia.

No puedo dejar de referirme con indignación a las recientes actuaciones de la justicia militar, en particular frente a una írrita resolución que valida la impunidad del atroz crimen de La Cantuta. Como si no se hubiera aprendido nada, los jueces militares pretenden convencer al país de que la formalidad legal está por encima de la justicia y la verdad. Ya es tiempo de que enfrentemos el dilema: la justicia militar debe, de una vez por todas, limitar su acción a un estricto concepto de bien jurídico militar y seguir el mandato imperativo establecido por el Tribunal Constitucional en días recientes.

El informe final consignó la grave responsabilidad de los grupos subversivos que usaron el terrorismo cruel como arma estratégica y política. Las sanciones que se apliquen a ellos deben ser severas, definitivas e inapelables, dentro del estricto respeto al Estado de Derecho. Así, si rechazamos sin vacilaciones la inculpación de todo inocente y criticamos la imposición de penas desproporcionales al crimen cometido, declaramos igualmente admisible que se exija a la democracia que ponga en libertad a quienes hicieron daño al país y cometieron atroces violaciones de los derechos humanos. Dicho esto, debemos tener presente que cualquier avance legal o jurisprudencial en ese camino deberá tener en cuenta las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos.

Hoy nos acoge esta casa, la de la Verdad, «Yuyanapaq». Se me vienen agolpados los recuerdos del mediodía de agosto cuando inauguramos esta muestra, que ha sido visitada hasta la fecha por más de 70,000 personas. Recuerdo que en aquella oportunidad algunos políticos sentían que era el tiempo de liquidar a la CVR criticando a sus integrantes y desprestigiando sus investigaciones, incluso sugiriendo que – en todo caso – entregáramos el informe en privado y sin mucho alboroto. No nos equivocamos cuando, los doce integrantes de la CVR y el excelente equipo profesional que la acompañó nos afirmamos en nuestra convicción de que había que cumplir el mandato conferido en honor a cada historia desgarradora, a cada héroe que murió defendiendo a su familia y a su comunidad. Aquí, en esta casa, están las imágenes de muchos de ellos: de María Elena Moyano, de los campesinos de Cayara, de Chuschi, de los boteros de Aucayacu, de Pascuala Rosado, de los periodistas de Uchuraccay, de Jaime Ayala, de Hugo Bustíos, de Domingo García Rada, de los almirantes Cafferata y Ponce Canessa, del General López Albújar, del soldado y el policía desconocidos que ofrecieron sus vidas en cumplimiento de su deber, de campesinos reclutados a viva fuerza por Sendero Luminoso o convencidos de una causa alegadamente justa, y que murieron también creyendo en ella. Todas estas imágenes se funden en una sola casa, la de la verdad, la de la memoria, la de la justicia, la de la reconciliación. En recuerdo de todos ellos y de los miles que deberían estar y no están, nos corresponde, hoy, reafirmar nuestra solidaridad y nuestro compromiso con una tarea, la de la reconciliación, que aunque compleja y difícil, será cumplida si persistimos en el recuerdo y en la acción.

Fundador del Observatorio Independiente sobre región Andina SELVAS – www.selvas.org