El actual ministro de Economía de Perú, Luis Carranza, un burócrata liberal de perfil usualmente bajo, de pronto se presentó esta semana en una popular radioemisora limeña, para decirle a la opinión pública local e internacional, que la actual crisis social y las masivas protestas callejeras, obedecen a «una crisis de expectativas» . La primera […]
El actual ministro de Economía de Perú, Luis Carranza, un burócrata liberal de perfil usualmente bajo, de pronto se presentó esta semana en una popular radioemisora limeña, para decirle a la opinión pública local e internacional, que la actual crisis social y las masivas protestas callejeras, obedecen a «una crisis de expectativas» .
La primera sorpresa fue que el alto funcionario salga a un medio de comunicación para responder preguntas de periodistas. Generalmente es reacio a explicar la aplicación de un programa económico que ha continuado eliminando subvenciones destinadas a las poblaciones más pobres e incomunicadas, pero a la vez ha preservado cuidadosamente exoneraciones tributarias a las transnacionales mineras y petroleras.
Los periodistas que conocen de cerca al presidente Alan García, presumimos que ha empujado a su ministro a enfrentar a los medios, para no seguir haciéndolo sólo, en medio de una creciente avalancha de indignadas protestas de maestros, mineros, agricultores de hojas de coca, e inclusive de empresarios regionales de la Amazonía, afectados por la eliminación de un paquete de exoneraciones tributarias.
Si así fuera y todo indica que es así, se habría confirmado que el presidente García Pérez está muy preocupado por su caída de aceptación en las encuestas, que esta semana registró menos diez puntos en relación al último trimestre 2007, precisamente antes de cumplir un año de su segunda elección.
El grave error del ministro es pensar que a la población más pobre únicamente le indigne no percibir los beneficios del crecimiento, que el año pasado fue de un espectacular ocho por ciento del PBI, siguiendo así una corriente heredada desde el fujimorismo y que atravesó los cinco años de Alejandro Toledo.
Según analistas de las principales universidades limeñas, lo que la opinión pública rechaza en calles y plazas es que el presidente no cumpla con sus promesas de candidato. Mejor dicho, que esté haciendo exáctamente el revés de lo que prometió durante su campaña electoral. Dicho con mayor precisión, los trabajadores peruanos del campo y la ciudad están muy molestos con las mentiras presidenciales, algo que ya han padecido quince años atrás, durante los gobiernos del japonés prófugo y del amigo de Bush.
El Perú sigue hundiéndose en la corrupción de los altos círculos del Congreso, su poder judicial es uno de los más ineptos y con mayor registro de compra-venta pública de jueces y fiscales, la fuerza armada sigue manejándose por criterios de fuerza como imponer recientemente la censura a una caricaturista con aval presidencial y a todo esto la gran prensa limeña mira a otro lado.
De modo que el pueblo peruano no sólo ve pasar el tren del crecimiento con unos pocos adentro, sino que en sus coches observa a los más ricos de siempre, con jueguetes cada vez más inútiles y lujosos, como las grandes camionetas cuatro por cuatro que cada día llevan a sus pequeños hijos al colegio y a sus esposas de compras a los grandes almacenes.
Esto es lo que parecen no comprender ni el presidente Alan García ni sus ministros. Han pasado quince años desde que Alberto Fujimori dio un golpe de estado contra la democracia e inauguró una política económica que arrasó y golpeó fuertamente antiguas protecciones sociales, como la seguridad social, la jubilación, las vacaciones, las regulaciones laborales. Pero lo hizo en medio de las promesas de un futuro mejor que nunca llegó, algo que el actual gobernante continúa ofreciendo.
A tal punto está llegando la crisis social, que el vaticinio del ex-candidato nacionalista Ollanta Humala, de que el presidente García no cumplirá los cinco años de su mandato de gobierno, tiene cada vez más seguidores, como se puede observar en los carteles que exhiben los manifestante callejeros.
Y es que ahora el hombre que hace un año juraba ofertas de un mejor futuro y respeto a los educadores, hoy les dice «comechados», protegido por el ejército al que ha convocado para que acompañe a la policía en su accionar amenazante y represivo.
Así pues el reto está lanzado y la pregunta no es cuánto se jugará el presidente para cumplir sus ofrecimientos electorales, sino si llegará al 2011 dentro del Palacio de Gobierno.