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Lógica colonial

Políticas racistas de Estados en beneficio de industrias extractivas

Fuentes: Servindi/ODHPI

El genocidio del pueblo judío, a manos del nazismo, tuvo su condena legal (Juicios de Núremberg) y también tuvo la condena de la comunidad internacional. En Argentina, el genocidio de la última dictadura militar aún rinde cuentas ante los tribunales y el «nunca más» instaló con fuerza la imposibilidad de que se repita una nueva […]

El genocidio del pueblo judío, a manos del nazismo, tuvo su condena legal (Juicios de Núremberg) y también tuvo la condena de la comunidad internacional. En Argentina, el genocidio de la última dictadura militar aún rinde cuentas ante los tribunales y el «nunca más» instaló con fuerza la imposibilidad de que se repita una nueva dictadura. Nada similar sucedió con las atrocidades padecidas por los pueblos indígenas, ni a nivel internacional ni local. Parte de la explicación puede encontrarse en la «Doctrina del Descubrimiento», que fue el tema central del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas (ONU) y que consiste en la dominación de unos sectores sobre otros en base a una supuesta superioridad nacional, racial o religiosa. Esta «doctrina» comenzó para los pueblos indígenas en el siglo XV con las potencias coloniales europeas y, afirman, se mantiene en la actualidad de la mano de los Estado-Nación y de las empresas extractivas.

El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU es un ámbito del Consejo Económico y Social que funciona desde el 2000, bajo recomendación de la Comisión de Derechos Humanos. Es la máxima instancia colegiada internacional en materia indígena, compuesta por 16 miembros y que se reúne todos los años, durante dos semanas, en Nueva York (Estados Unidos).

En la XI Sesión del Foro, que se reunió del 7 de mayo al 18 y donde concurrieron más de 2000 dirigentes indígenas, el tema principal fue la «Doctrina del Descubrimiento». Se trata de políticas basadas en una supuesta superioridad en base al origen nacional, diferencias raciales, étnicas o religiosas. Los colonizadores europeos consideraron a los indígenas como salvajes, bárbaros, inferiores e incivilizados. Por lo cual justificaron la dominación (a sangre y fuego, o con la religión), la explotación y los asesinatos.

Dirigentes indígenas afirmaron que esas políticas racistas y de discriminación se mantienen. Y ejemplificaron en el avance de industrias extractivas (petróleo y minería, entre otras), que violan los derechos indígenas, invaden territorios y, además, cuentan con el aval de los gobiernos bajo el (falso) argumento de «sacar a los indígenas del atraso» o «llevar el progreso» a las comunidades.

«Para invadirnos, someternos, saquearnos y diezmarnos, los conquistadores europeos se valieron de dos instrumentos, la cruz y la espada, para imponer su doctrina (…). E inventaron el racismo, el criminal concepto de razas ‘superiores’ e ‘inferiores’, sustento ideológico de ese y posteriores genocidios. Ese es el cruel origen del capitalismo», explica la Declaración de Abya Yala del Caucus Indígena, Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU (UNPFII) espacio donde participan dirigentes indígenas que (aunque participan de la XI Sesión) mantienen reuniones en paralelo al Foro.

Bajo este concepto teórico-práctico, «Doctrina del descubrimiento», explican que cinco siglos después sigan padeciendo la avanzada territorial. Advierten que los gobiernos de la actualidad «se someten al poder de las multinacionales, que son las carabelas del presente, en nombre del desarrollo, reprimarizan las economías, sustentándolas en las actividades extractivas: minería, petróleo, bosques, agua, biodiversidad y megaproyectos. Esas multinacionales invaden con apoyo de los Estados nuestros territorios indígenas y criminalizan nuestra protesta ante esta violación sistemática de derechos».

En base a legislación internacional especifica de derecho humanos, exigen el respeto y garantía para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación, los territorios, los bienes naturales, la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. E instan a una «zonificación territorial, económica y ecológica» que declare la intangibilidad de glaciares, las cabeceras de cuenca, zonas de alta biodiversidad y, urgente, «freno de las actividades extractivas en territorios indígenas».

En el ámbito local, de Argentina, una forma de entender la vigencia de la «Doctrina del Descubrimiento» es la continua negación del genocidio que implicó la denominada «Campaña del Desierto» y la falta de reparación (cómo sí hubo con la víctimas de la última dictadura militar).

«La doctrina del descubrimiento está ‘vivita y coleando'», señaló Marlon Santi, dirigente indígena de la región amazónica de Ecuador y explicó: «Se trata de extremismo, genocidio, apropiación de tierras e, incluso, de esclavitud. Todo ocurre en nombre del Dios cristiano y del desarrollo»(1).

Tonya Frichner, abogada indígena de Estados Unidos e integrante del Foro Permanente, abordó el otro gran tema de la Sesión: «Tenemos derecho a la reparación por los despojos del pasado»1.

El artículo 28 de le Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es explícito: «Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa y equitativa por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado».

En el mismo marco de la XI Sesión, se recordó el quinto aniversario de la adopción de la Declaración sobre los Derechos los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 2007, luego de veinte años de debates y búsqueda de consensos. Es tan importante como la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero específica de los pueblos indígenas. Establece los estándares mínimos de respeto a los derechos de los pueblos indígenas del mundo, que incluyen la propiedad de sus tierras, acceso a los recursos naturales de sus territorios, la preservación de sus culturas y la libre determinación. Todos los sectores reconocieron que se avanzó muy poco en la implementación de los derechos y se solicitó a Naciones Unidas que redoble esfuerzos para que los Estados cumplan con las directrices del organismo internacional.

Al cierre de la XI Sesión, se propuso que, para la Cumbre Mundial de los Pueblos Indígenas (en 2014), se apruebe la Declaración Universal sobre los Derechos de la Madre Tierra.

Nota:

(1) Agencia IPS. 10 de mayo 2012. http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/2/66792

Fuente: Boletín del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI) N° 4, mayo de 2012.