Un comité especial de la ONU emitió hoy un nuevo llamado a Estados Unidos para que propicie el comienzo de un proceso que ponga fin a sus más de 100 años de dominio colonial sobre Puerto Rico. El gobierno en Washington debe permitir que los puertorriqueños «ejerzan plenamente su derecho inalienable a la libre determinación […]
Un comité especial de la ONU emitió hoy un nuevo llamado a Estados Unidos para que propicie el comienzo de un proceso que ponga fin a sus más de 100 años de dominio colonial sobre Puerto Rico.
El gobierno en Washington debe permitir que los puertorriqueños «ejerzan plenamente su derecho inalienable a la libre determinación y la independencia», señala una resolución que recibió el consenso aprobatorio del Comité Especial de ONU para la Descolonización.
La mayoría de los oradores que intervinieron hoy en los debates coincidieron en denunciar la falta de voluntad en Washington para tratar ese asunto.
La resolución aprobada fue presenta por el embajador de Cuba, Rodrigo Malmierca, quien destacó ante el comité de la ONU que el colonialismo estadounidense «ha pretendido sacar a Puerto Rico de su entorno caribeño y latinoamericano».
La pequeña isla cumplirá el 25 de julio próximo 108 años bajo dominio colonial de Estados Unidos.
«Para Cuba, la aprobación de esta resolución tiene una altísima relevancia, a partir de nuestro compromiso histórico con la libre determinación y la independencia del hermano pueblo de Puerto Rico», expresó Malmierca.
El diplomático cubano indicó en cambio que habría preferido formular de otra manera algunos de los párrafos e incluir en el texto otros elementos que considera de alta relevancia.
«Pero aún con esas limitaciones, la resolución adoptada hoy es un indiscutible paso de avance en relación con las 24 anteriores de los últimos 34 años», dijo el Embajador.
Los debates este año en la ONU sobre el caso colonial de esa isla han puesto particular énfasis en recientes acciones violentas de los servicios policíacos de Estados Unidos contra militantes independentistas en esa isla del Caribe.
Julio E. Fontanet Maldonado, del Colegio de Abogados de Puerto Rico, citó entre esas acciones el asesinato del activista de 72 años Filiberto Ojeda Ríos, ocurrido el 23 de febrero del 2005.
Fontanet responsabilizó de la muerte de Ojeda Ríos a agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, denunciados también como autores de asaltos, allanamientos de viviendas y otros desmanes contra los independentistas.
«El FBI ha infringido en los derechos de los puertorriqueños», destacó Fontanet, quien señaló que todos los intentos para identificar a los implicados en esos hechos violentos han sido prevenidos por el Gobierno Federal.
La resolución adoptada hoy en el Comité Especial de Descolonización alienta a que se lleve a cabo una investigación sobre esas acciones.
Otro elemento relevante que contó con el consenso aprobatorio de ese organismo de la ONU desacredita el eufemismo de Estado Libre Asociado, acuñado por Washington para tratar de aplacar el dramatismo del estatus actual de Puerto Rico.
La resolución incluye una referencia a un informe presentado el 22 de diciembre del 2005 por un Grupo de Trabajo sobre el estatus de Puerto Rico creado por la administración del presidente George W. Bush.
De acuerdo con ese informe, esa pequeña isla en el mar Caribe «es un territorio sujeto a la autoridad del Congreso de Estados Unidos», lo que confirma su sometimiento a un régimen de dominación colonial.
Al referirse a ese tema, el representante del Partido Independentista Puertorriqueño, Fernando J. Martín-García, declaró ante el Comité de la ONU que «el colonialismo en Puerto Rico es una violación fundamental de los derechos humanos de su población».
Por otra parte, la resolución se refiere a la permanente solidaridad del Movimiento No Alineado (NOAL) con la causa por la independencia de Puerto Rico, reiterada durante la pasada reunión ministerial del Buró de Coordinación de ese grupo en Malasia.
La resolución insta al gobierno estadounidense a que devuelva a los puertorriqueños las tierras e instalaciones antes ocupadas en Vieques y Ceiba, y asuma la ejecución y gastos de la limpieza y descontaminación de las áreas utilizadas en maniobras militares.
También pide a Washington que ponga en libertad a todos los presos políticos puertorriqueños encarcelados en Estados Unidos.
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