A un año de iniciada la limpieza étnica, por parte de gobierno birmano, contra la minoría musulmana Rohingya, efectuada por el poderoso ejército birmano o Tatmadaw y miembros de grupos fanáticos religiosos budistas, que provocó que unos 700.000 mil miembros, del millón que la componen, debieran abandonar sus aldeas en el estado Rakhine al oeste […]
A un año de iniciada la limpieza étnica, por parte de gobierno birmano, contra la minoría musulmana Rohingya, efectuada por el poderoso ejército birmano o Tatmadaw y miembros de grupos fanáticos religiosos budistas, que provocó que unos 700.000 mil miembros, del millón que la componen, debieran abandonar sus aldeas en el estado Rakhine al oeste del país, las que fueron saqueadas e incendiadas, debieron refugiarse en la vecina Bangladesh. Este desplazamiento según Naciones Unidas, fue el más rápido desde el genocidio de Ruanda de 1994.
Por su parte ningún gobierno ni organismo internacional ha hecho demasiado por resolver la crisis humanitaria de las víctimas ni por impedir que se siga realizando y mucho menos por castigar a los responsables del genocidio que se inició el 25 de agosto de 2017.
Naciones Unidas en un informe, publicado el lunes 27 de agosto, sobre la crisis que estalló hace un año sobre las hostilidades y persecuciones contra los rohingyas, estima que han muerto de manera violenta unas 10.000 personas y un número similar de desaparecidos.
Por su parte el Gobierno birmano, que no ha contestado a ninguno de los reclamos y acusaciones de genocidio, utiliza los medios periodísticos del país, a los que controla con una severa censura, negando el informe de las Naciones Unidas y desafiado a sus acusadores a demostrarlo con pruebas fehacientes, cuando se sabe que tanto la prensa, como funcionarios de organismos internacionales tienen prohibido el acceso a las áreas donde se han producido los ataques. Dos periodistas de la agencia Reuters Wa Lone y Kyaw Soe Oo, que investigaban las matanzas de los rohingyas, fueron detenidos el 12 de diciembre pasado. El tribunal que los juzga ha postergado hasta el próximo 3 de septiembre, en su veredicto lo podrían condenar hasta con catorce años de prisión, acusados formalmente de comprar información confidencial, tras hacerlos caer en una trampa urdida por la policía, tal como lo declaró el capitán de la Policía Moe Yan Naing, quien recibió órdenes de sus jefes para que les ofreciera documentos secretos, que confirmarían sus investigaciones acerca de fosas comunes secretas, donde habían sido enterrados docenas de rohingyas asesinados en la aldea Inn Din. La masacre por la que siete soldados del Tatmadaw ya fueron condenados a diez años de prisión.
El informe de Naciones Unidas, recomienda llevar a la Justicia a una media docena de altos mandos del Tatmadaw por un cumulo de violaciones a los derechos humanos, que incluyen asesinatos, desapariciones, torturas, violaciones, quemas de poblados e incineración extrajudicial de cuerpos.
Por su parte a la líder política del Gobierno birmano, la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, se le reprocha a nivel internacional no haber intervenido para detener el genocidio y de alguna manera haberse refugiado detrás del poder militar, ya que el Tatmadaw, sigue concentrando prácticamente los mismo atributos con que ha gobernado, con algunas interrupciones desde 1958 hasta 2015.
Cuando este martes la prensa y los organismos de derechos humanos, esperaban como parte de la visita a la Universidad de Yangon de Suu Kyi, una definición acerca del informe de Naciones Unidas, no hizo ningún referencia y utilizó el tiempo para opinar de cine y literatura.
Algunos observador insisten con que la presión sobre Birmania se incrementara después que se conozca el informe independiente elaborado por los Estados Unidos, aunque Nikki Haley, la embajadora norteamericana en la ONU, ha adelantado parte de ese informe, en el que se ha evitado mencionar el término genocidio, y que las conclusiones finales frente a las ya comprobadas, violaciones a los derechos humanos no serían tan negativas de todas maneras se espera algún tipo de sanciones por parte de Washington a Naypyidaw.
Mientras que el secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, solicitó que se obligue a los responsables de la crisis rohingya, a rendir cuentas de sus actos, reclamándole al Consejo de Seguridad que procure la detención de lo que calificó como «una de las peores crisis humanitarias y de derechos humanos en el mundo».
En el informe de Naciones Unidas, pide el enjuiciamiento del comandante en jefe del país, el general Min Aung Hlaing, el verdadero hombre fuerte del país, y a cinco de sus generales, por los crimines ya demostrados.
A los informes y reclamos oficialmente el Gobierno birmano respondió a través de Zaw Htay, su principal vocero diciendo: «no aceptamos ninguna resolución realizada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas».
Bajo en Monzón.
Sobre la Bahía de Bengala, la localidad de Bazar de Cox ha sido la mayor receptora de refugiado rohingyas, en que se han establecidos en los ya existentes campamentos de Kutupalong-Balukhali, próximos al río Naf, frontera natural entre Bangladesh y Myanmar, que albergan unos 900.000 refugiados rohingyas, la mitad de ellos menores de edad, que viven en improvisadas chozas armadas con chapas, plásticos, cañas de bambú y hojas de palma, sin más abrigo que lo que llevan puesto. Viviendo de manera absolutamente precaria, con escaso acceso a agua potable, atención sanitaria, las pocas letrinas ya fuera de servicio, recibiendo insuficientes raciones de arroz, lentejas y aceite de cocina, cada dos meses.
Del casi millón de refugiados rohingyas que viven en Birmania, unos 200.000 fueron llegando allí tras las diferentes cacerías ejecutadas por el ejército desde hace más de diez años. Aunque la mayoría llegó después de agosto del 2017.
Muchos de ellos han llegado heridos y con algún miembro arrancado, tras haber pisados algunas de las miles de minas que el Tatmadaw plantó en las rutas de los «fugitivos», otros con enfermedades infecciosas, desnutrición y muchos traumatizados por las experiencias vividas, al presenciar cómo sus familiares fueron lanzados vivos a hogueras, y ellos mismos haber sufrido torturas y violaciones. Solo en la masacre de la aldea de Tula Toli, del 30 de agosto de 2017, el ejército asesino a 500 de sus habitantes. Médicos sin Fronteras denunció que de los cuatro hospitales que existían en el estado de Rakhine, tres fueron destruidos y el restante ha sido saqueado, por lo que se encuentra absolutamente inutilizado. En 2016 el Tatmadaw incendió unas 300 aldeas, además de docenas de mezquitas y madrassas y cerca de dos millares de musulmanes fueron detenidos ilegalmente y sometidos a juicios sumarios.
El campamento de Kutupalong de unos 25 kilómetros cuadrados dividido en 22 áreas, después de que fueran deforestadas las colinas que lo rodeaban, tras la temporada de Monzones se han convertido en verdaderos lodazales, con deslaves y desplazamientos de terreno, que han ahogado a muchos de sus habitantes que fueron sorprendidos mientras dormían. A la vez las lluvias han provocado la apertura de zanjones, focos de nuevas infecciones. Dependiendo para su alimentación absolutamente de ONGs o del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, ya que los rohingyas tienen prohibido trabajar en Bangladesh lo que les impide auto sustentarse.
El destino del casi millón de refugiados que hoy viven en Bangladesh, es absolutamente incierta ya que las discusiones entre Naypyidaw y Daca, atascadas por encontrar la manera que los desplazados puedan volver a sus territorios. El gobierno de Aung San Suu Kyi dijo que permitiría que los «desplazados verificados» regresen a Rakhine desde Bangladesh, aunque es muy difícil alcanzar ese estatus, debido a la mayoría de ellos han perdido sus documentación, mientras que los registros en Birmania nunca ha sido muy estrictos ya que los rohingyas, nunca fueron aceptados como nacionales.
A un año del espanto, los rohingyas siguen sumergidos en las más oprobiosas condiciones de las que tardaran años en salir y muchos no saldrán jamás.
Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC.
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