Más de 20 empresas europeas serán enjuiciadas en Lima, del 13 al 14 de mayo en la segunda Sesión sobre Empresas Transnacionales Europeas en América Latina y Políticas Neoliberales del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), por violaciones a los derechos humanos en América Latina.
Esta sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos se realiza en el marco de Enlazando Alternativas III, la Cumbre de los Pueblos convocado por la Red birregional Europa, América Latina y Caribe «Enlazando Alternativas», en paralelo a la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europa – América Latina y el Caribe (UE-LAC). La UE pretende avanzar en las negociaciones de acuerdos bilaterales de libre comercio comerciales con las diferentes regiones latinoamericanas (América Central, Comunidad Andina de Naciones y MERCOSUR) y, así, garantizar nuevos mercados para las empresas europeas.
En nombre de la competitividad, la estrategia comercial de la UE «Europa Global: Competir en el mundo» promueve una mayor desregulación social, laboral y medioambiental. Una de las prioridades de la UE es eliminar las restricciones de las inversiones para el acceso a los recursos naturales, y sobre todo energéticos. Además, el comercio internacional y el modelo agro-exportador son unas de las mayores causas del Cambio Climático, ahondarlo aun más supone el incremento de emisiones de carbono y de sus impactos globales. Totalmente contradictorio con las supuestas pretensiones de la Cumbre UE-LAC en Lima.
El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) fue constituido en el 1979 en Italia, tres años después de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos (Argel, 4 de Julio 1976). Las recientes sesiones en América Latina revelaron una situación de violaciones sistemáticas de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y graves delitos ambientales. En 2006 la red birregional «Enlazando Alternativas» convocó una sesión del TPP en Viena (Austria) donde se expusieron los casos de 25 empresas transnacionales de la UE. Testimonios vivos, acusaciones jurídicas e investigaciones exhaustivas revelaron el impacto de las compañías en sectores como servicios públicos, infraestructuras, energía, recursos naturales, finanzas y alimentación. Las denuncias evidenciaron las consecuencias negativas de sus operaciones sobre el medio ambiente, los pueblos indígenas y los derechos humanos.
En esta segunda sesión que se realiza en Lima, sentadas en el banquillo de los acusados estarán gigantes como Majaz-Monterrico Metals y Vale do Rio Doce en el sector de minería y Siderurgia, Roche y Boehringer en la industria farmacéutica, Shell y Repsol YPF en el sector de petróleo, Botnia y ENCE en el complejo forestal-papelero, Syngenta en los agronegocios, Skanska y Thyssen Krupp en la construcción de infraestructuras, ETI-Telecom en las telecomunicaciones, Unión Fenosa y Suez en el sector de electricidad, Aguas de Barcelona y Proactiva (Veolia-FCC) en el sector de agua, Unilever, Camposol, Cermaq Mainstream y Marine Harvest en el sector de agroalimentación, Bayer por sus agroquímicos, y el sector bancario representado por BBVA, HSBC y Santander.[1]
El Tribunal pretende no sólo mostrar los impactos de las empresas europeas, sino también visibilizar el entramado que sustenta dicho régimen de impunidad; es decir los instrumentos (militares, políticos, jurídicos, financieros) desarrollados y los actores que configuran este escenario (Gobiernos de la UE y América Latina, organismos internacionales como Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Organización Mundial del Comercio, etc.).
El Tribunal es una estancia política-ética muy pertinente para ayudar a evidenciar el doble discurso de la UE, «sacar la mayor partida al crecimiento económico» (Barrosso) y «luchar contra la pobreza y el cambio Climático» al mismo tiempo. Las verdaderas prioridades e intenciones de la UE ha marcado el Comisario de Comercio de la UE, Peter Mandelson, cuando dijo: «Queremos garantizar que las empresas europeas competitivas, respaldadas por las políticas internas adecuadas, deben poder ganar acceso a los mercados mundiales y operar en ellos con seguridad. Ésta es nuestra agenda.»
La sesión del TPP denuncia la no existencia de mecanismos legales efectivos para avanzar hacia un modelo económico y político en cual las transnacionales tengan obligación legal para responder ante sus crímenes. El TPP es un instrumento de justicia muy importante para la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas.[2]
La audiencia de Lima contribuye además a la visibilización de los movimientos sociales y las luchas ciudadanas en respuesta a las violaciones a los derechos humanos de las empresas transnacionales en ambos continentes.
Notas:
[1] Información más detallada se encuentra en: http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?rubrique=3
[2] El TPP esta integrado por cerca de 130 miembros, nombrados por el Consejo de la Fundación Internacional Lelio Basso por el Derecho y la Liberación de los Pueblos; quienes son personas de una alta reputación moral absolutamente indiscutible; en situación de ejercer la función judicial a un alto nivel, o bien ser hombres de ciencia o personalidades del mundo artístico, religioso, político, abogados, escritores; expertos en derecho internacional, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario. La base de los juicios del TPP son las convenciones de derechos humanos, convenciones internacionales y se realizan sin las ataduras que crean los poderes políticos; esta por fuera de las estructuras judiciales de los países y representan de alguna manera la conciencia ética de los pueblos, de la humanidad.