El 15 de octubre de 2007, el Consejo de Seguridad de la ONU decidió extender el mandato de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), hasta al 15 de octubre de 2008. En nota divulgada el 16 de octubre de 2007, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirma que, «el gobierno brasileño recibió, […]
El 15 de octubre de 2007, el Consejo de Seguridad de la ONU decidió extender el mandato de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), hasta al 15 de octubre de 2008. En nota divulgada el 16 de octubre de 2007, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirma que, «el gobierno brasileño recibió, con satisfacción, la decisión». El ejército brasileño tiene la función de coordinar las fuerzas de la MINUSTAH, compuesta por cerca de nueve mil soldados. Sin embargo, hay poco debate en la sociedad brasileña sobre el papel de Brasil en la ocupación de Haití y, sobre todo, sobre las denuncias de participación de las tropas de la ONU en violaciones de derechos humanos.
Uno de los casos documentados por organizaciones haitianas de derechos humanos es la masacre ocurrida el 22 de diciembre de 2006 en la comunidad de Cité Soleil, luego de una manifestación de cerca de diez mil personas que demandaban el retorno del ex presidente Jean-Bertrand Aristide al país y la salida de los efectivos militares extranjeros. Según relatos de la población local e imágenes de vídeos producidos por la organización Haiti Information Project – HIP (Proyecto de Información de Haití), las fuerzas de la ONU atacaron a la comunidad y mataron a cerca de 30 personas, incluyendo a mujeres y niños.
En respuesta a las críticas de las organizaciones de derechos humanos que denunciaron la masacre, la MINUSTAH justificó sus acciones con el pretexto de combatir supuestas pandillas en Cité Soleil. Sin embargo, las imágenes grabadas por HIP revelaron que las tropas de la ONU dispararon desde helicópteros contra civiles desarmados. La agencia de noticias Inter Press Service (IPS) documentó la situación de la comunidad justo después del ataque y registró marcas de balas de grueso calibre en muchas casas. El director de HIP, Kevin Pina, acusa a la MINUSTAH de actuar en conjunto con la Policía Nacional Haitiana en ejecuciones sumarias y encarcelamientos arbitrarios y señala que, «en este contexto, es difícil continuar viendo a la misión de la ONU como una fuerza independiente y neutral en Haití».
En entrevista con la periodista Claudia Korol para la agencia Adital, Camille Chalmers, profesor de la Universidad de Haití y miembro de la Plataforma Haitiana para la Articulación de Movimientos Sociales, explicó que: «la MINUSTAH intentó construir legitimidad diciendo que está luchando contra bandoleros. Pero mucha gente percibe que la única cosa que puede realmente reducir la inseguridad son políticas públicas y servicios sociales. Al contrario, lo que tenemos (ahora) es un aparato militar violento». Otra operación militar violenta ocurrió en julio de 2005. En esta ocasión, se registraron 22 mil huellas de tiros, durante un ataque de la MINUSTAH a Cité Soleil. Los informes de HIP citan denuncias de habitantes que dijeron que se encontraron a personas muertas y heridas dentro de sus casas. Estas declaraciones revelan que los soldados dispararon indiscriminadamente contra la comunidad, causando un efecto devastador, ya que las condiciones de las viviendas en el poblado son extremadamente precarias. Denunciaron además que la MINUSTAH no permitió la entrada de la Cruz Roja, violando la Convención de Ginebra.
Documentos confidenciales del gobierno de Estados Unidos, obtenidos por organizaciones de derechos humanos a través de una demanda judicial basada en la Ley de Libertad de Información, demuestran que la embajada estadounidense sabía que las tropas de la ONU planeaban un ataque a Cité Soleil. Organizaciones sociales locales consideraron que el objetivo de los militares era impedir una manifestación popular en el día del cumpleaños de Aristide, el 15 de julio.
Un informe elaborado por Project Censored (Proyecto Censurado) estima que más de mil miembros de Lavalas, partidarios del ex presidente Jean-Bertrand Aristide, fueron apresados y cerca de ocho mil personas asesinadas durante el llamado «gobierno interino», que controló el país de 2004 a 2006, a partir del golpe contra Aristide, el 29 de febrero de 2004. Camille Chalmers caracteriza esta acción como una «intervención liderada por los gobiernos de Estados Unidos y de Francia». Y agrega que, «solidaridad con el pueblo de Haití es ayudar a reconstruir el país, responder a los problemas sociales más angustiosos, pero la presencia de los militares no ayuda a esto. Los objetivos de alcanzar la seguridad y los derechos humanos no han sido alcanzados. Al contrario, pensamos que la presencia de la MINUSTAH constituye una violación del derecho a la autodeterminación del pueblo de Haití».
Más recientemente, el 2 de febrero de 2007, las tropas de la ONU emprendieron otra operación en Cité Soleil, que culminó con la muerte de dos jóvenes que dormían en sus casas. El 7 de febrero, diversas manifestaciones populares se desarrollaron en el país y, el 9 de febrero, hubo otro ataque militar en aquella comunidad, hecho que fue denunciado por organizaciones locales, como el Instituto para la Justicia y la Democracia de Haití (IJDH).
El 30 de octubre de 2007, se denunció el secuestro de la Dra. Maryse Narcisse, que pertenece a la dirección nacional de Lavalas y trabajaba con programas sociales de salud y educación en Haití. Otro miembro de Lavalas, el psicólogo y defensor de los derechos humanos, Lovinsky Pierre-Antoine, desapareció el 12 de agosto. Organizaciones locales acusan a las tropas de ocupación de la ONU de generar inestabilidad política y atacar a defensores de la democracia y de los derechos humanos en el país.
Entre los días 23 de junio y 3 de julio de 2007, la Federación de Abogados de Brasil (OAB, por sus siglas en portugués) realizó una misión de observación en Haití y constató que la MINUSTAH ejerce un papel «violento» y «opresor», que no puede ser caracterizado como «acción humanitaria». El abogado Aderson Bussinger Carvalho, responsable del informe, demandó la retirada de las tropas brasileñas de Haití. «La conclusión a que yo llegué es que la presencia de las tropas en Haití no es humanitaria. Es una misión estrictamente militar. El país tiene una historia de ocupaciones y Brasil acaba jugando un papel en esa historia», afirmó Carvalho en entrevista con el periódico Folha de São Paulo, el 4 de septiembre de 2007.
El papel de los militares latinoamericanos en Haití hoy es semejante a la fuerza multilateral que permaneció en la República Dominicana tras de la invasión de Estados Unidos en 1965. República Dominicana vivió un largo periodo de dictadura militar hasta 1961, año de la muerte del dictador Rafael Trujillo. En 1962, Juan Bosch fue elegido presidente, pero fue depuesto por un golpe militar tras siete meses de gobierno. En abril de 1965, una serie de manifestaciones populares pidió el retorno del ex presidente Juan Bosch. Fue en este periodo que el presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, ordenó una invasión militar a la República Dominicana, con cerca de 20.000 marines. Algunas semanas después, la Organización de Estados Americanos (OEA), envió la «Fuerza Interamericana de Paz», compuesta por 1.129 soldados. En aquel periodo, cuando Brasil vivía bajo una dictadura militar, la función de las tropas brasileñas en República Dominicana era semejante a la que ejercen actualmente en Haití.
Las denuncias sobre el papel negativo que las tropas de la ONU ejercen en Haití no son tomadas en cuenta por el gobierno brasileño. Bajo el pretexto de conseguir un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU (lo que es improbable actualmente), la política brasileña en relación a Haití sirve para legitimar un golpe de Estado y reforzar los intereses del gobierno de Estados Unidos en la región. (Traducción ALAI)
— Maria Luisa Mendonça es periodista y coordinadora de la Red Social de Justicia y Derechos Humanos.