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Varios partidos crean listas de candidatos a cambio de sumas de hasta 30.000 euros

Un alto precio para llegar a ser diputado en Polonia

Fuentes: El Mundo

a Alianza de la Izquierda Democrática (SLD, en el poder desde 2001), el partido populista Samoobrona («Autodefensa») y la católica, nacionalista y antieuropea Liga de las Familias Polacas (LFP), han cobrado cuantiosas sumas de dinero a sus propios candidatos a cambio de incluirlos en sus listas electorales para las elecciones al Congreso y al Senado, […]

a Alianza de la Izquierda Democrática (SLD, en el poder desde 2001), el partido populista Samoobrona («Autodefensa») y la católica, nacionalista y antieuropea Liga de las Familias Polacas (LFP), han cobrado cuantiosas sumas de dinero a sus propios candidatos a cambio de incluirlos en sus listas electorales para las elecciones al Congreso y al Senado, que se celebran el próximo domingo, tras una campaña electoral marcada por las acusaciones de corrupción.

Los tres grupos políticos, que han reconocido estas prácticas tras las denuncias publicadas por distintos medios de comunicación, justifican la venta de los mejores puestos de sus listas -que en algunos casos han llegado a costar hasta 30.000 euros- señalando que es una vía legítima de financiación de los partidos.

Según las denuncias difundidas por la prensa, la cuantía de las donaciones es siempre proporcional a la posición que ocupan los candidatos en las papeletas de voto; y las cifras aportadas por éstos superan con creces el tope de 3.000 euros que establece la ley electoral como límite máximo de las donaciones procedentes de ciudadanos particulares.

Las informaciones sobre la venta de los puestos de diputado o senador tienen como fuente a algunos de los aspirantes que se han visto desplazados de las listas por una oferta mejor. Según ellos, los futuros legisladores vulneran la ley electoral realizando sus donaciones a nombre de varias personas de su confianza, para quedar nominalmente por debajo del umbral de los 3.000 euros; algo que niegan tanto los partidos como los candidatos que utilizan este sistema.

De momento, la Comisión Electoral ha optado por no cuestionar que los grupos políticos vinculen la elaboración de sus listas con la percepción de dinero por parte de sus militantes, siempre que ésta no sobrepase el tope fijado por la ley. Extraoficialmente, en alguno de estos partidos políticos argumentan que ser diputado o senador supone una oportunidad única para entablar contactos con el mundo de los negocios, y que esta oportunidad debe tener una compensación, según fuentes consultadas por Efe en Varsovia.

Sobornos en Irak

La revelación de que algunas listas de candidatos a diputados y senadores se hacen a cambio de dinero ha supuesto un nuevo sobresalto en una campaña marcada por las denuncias de corrupción, tras 16 años de democracia en Polonia.

Mandos del Ejército que han cobrado sobornos en Irak, policías implicados en la venta ilegal de combustible, sacerdotes ligados al blanqueo de dinero y políticos acusados de un amplio abanico de corruptelas han desfilado ante los ciudadanos durante la campaña que, según las encuestas, dará una victoria aplastante a los liberales de la Plataforma Cívica (PO) y a los conservadores de Ley y Justicia (PiS), que han anunciado ya su intención de formar un Gobierno de coalición.

Ambos grupos suman una intención de voto que roza el 60%. Si se confirman estos resultados, la coalición de liberales y conservadores tendrá una mayoría sin precedentes en la Historia reciente de Polonia, con 338 de los 460 escaños del Sejm (Cámara Baja).

La denuncias de corrupción que han centrado la campaña alcanzan al presidente polaco, el ex comunista y firme aliado de EEUU, Alexander Kwasniewski. Una comisión del Parlamento se mostró a principios de esta semana a favor de que Kwasniewski sea investigado por la venta de acciones de una refinería pública de Gdansk pactada con un grupo de empresas rusas.

Las presuntas irregularidades en la venta de la refinería PKN Orlen afectan también al ex primer ministro socialdemócrata Leszek Miller y a sus ministros del Tesoro y de Justicia, entre otros altos cargos de la Administración.