Una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusa a Naciones Unidas de negligencia y desidia por haber permitido la llegada y difusión del cólera en Haití desde octubre 2010 y exhibir incapacidad para contener una epidemia que está produciendo más sufrimientos y muerte a miles de haitianos pobres. La acusación apunta que […]
Una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusa a Naciones Unidas de negligencia y desidia por haber permitido la llegada y difusión del cólera en Haití desde octubre 2010 y exhibir incapacidad para contener una epidemia que está produciendo más sufrimientos y muerte a miles de haitianos pobres. La acusación apunta que «la ONU violó los derechos a la vida e integridad corporal, conforme a los artículos 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el Artículo Uno de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre».
La reclamación, presentada ante la CIDH por la Facultad de Derecho de Santa María, Brasil, y el Proyecto Brasil-Haití, denuncia la responsabilidad de la ONU «por actos y omisiones con relación a la base militar de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah) que, bajo su comando y responsabilidad, diseminó, a partir de la base de Mirebalais, departamento de Mirebalais, Haití, excrecencias humanas de soldados nepaleses contaminados por el vibrium cólera, provocando contaminación en cadena, sufrimiento y muerte de decenas de miles de personas infectadas por la bacteria», explicó Cristine Koehler Zanella, del Proyecto Brasil-Haiti, profesora de derecho internacional público.
«En otras palabras, precisó una fuente diplomática acreditada en Puerto Príncipe que pidió reserva de identidad, la desidia de la ONU condujo a la instalación de un batallón de soldados nepaleses contagiados con cólera a orillas del importante río Artibonite, donde defecaron a sus anchas, sin precauciones sanitarias, e infectaron el vergel más productivo de alimentos del país, contaminando con sus heces esa importante fuente de agua pura». Denominado Latibonit en cróele y prácticamente el único río importante del país, nace en la Cordillera Central de República Dominicana, pero su curso de 240 km se encuentra mayoritariamente en Haití, siendo el más largo del país y el mayor de la isla La Española, territorio que comparten ambas naciones.
Los denunciantes estiman que este caso ofrece al Sistema Interamericano de Derechos Humanos la oportunidad de afirmar su competencia en el plano regional frente a la responsabilidad internacional de organizaciones también internacionales en la comisión de ilícitos de carácter internacional. El Sistema actuaría contra la omisión, la indiferencia y la impunidad ya conocidas y fortalecidas por las deficiencias materiales del acceso a la justicia de las víctimas. Todo este cuadro de abusos podría perpetuarse históricamente, excusado por la mera «confluencia de circunstancias» alegada por la ONU, tesis que los denunciantes consideran «inaceptable» porque conduciría a «la irresponsabilidad común y a la ausencia de consecuencias jurídicas».
Los denunciantes alegan que este caso permitiría a la CIDH «reafirmar la vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en territorio americano, tratado a cuyas normas debe ajustarse la organización mundial, sea por la afinidad de propósitos, sea por no ser legibus solutus ante el mundo». Es decir, la ley existe para todos. «Actuando así, la CIDH viabilizará los estados y personas y las víctimas de ilícito internacional para consolidar la vigencia del corpus iuris del Derecho Internacional de Derechos Humanos en el espacio americano».
Historial de impunidad
Las tropas de la Minustah tienen un historial de 8 años de abusos y violaciones de derechos humanos de la población haitiana que jamás han sido reflejados adecuadamente por la gran prensa internacional. Por añadidura, el aparato militarizado de la ONU goza de «inmunidad» en los países donde actúa, al igual que las tropas estadounidenses en cualquier parte del mundo o los soldados de Pinochet bajo los 17 años de ocupación y dictadura en su propio país, todo en el mismo estilo de los soldados de los viejos imperios, sea el romano, el español, el británico, etc. La ley del más fuerte logró que «inmunidad» signifique ahora «impunidad» o hacer la vista gorda».
Por ejemplo, en el plano político, testimonios de testigos presenciales confirmaron matanzas indiscriminadas de las fuerzas ONU en la comunidad de Cité Soleil de Haití, el 22 de diciembre de 2006, reportadas como castigo colectivo contra una demostración masiva de partidarios de Lavalas, el partido de Bertrand Aristeide. que reunió a 10.000 personas reclamando el regreso del presidente, en una clara condena a la ocupación militar extranjera del país. Según los residentes, las fuerzas ONU atacaron sus domicilios de madrugada, matando más de 30 personas, incluyendo mujeres y niños. Un video grabado por camarógrafos del Proyecto de Información de Haití (Haiti Information Project, HIP) mostró a civiles desarmados agonizando bajo el intenso fuego de las fuerzas «pacificadoras» de la Minustah. Esta noticia censurada y ocultada por los grandes medios fue reportada por Proyecto Censurado 2008 de California (1).
En el plano estricto de los delitos más ordinarios, a fines de octubre de 2007 se descubrió que 108 soldados y 3 oficiales de los 950 «cascos azules» del batallón Sri Lanka estaban involucrados en tráfico de niños, prostitución, violación, etcétera. Los abusos se conocieron por una fundada denuncia de varias organizaciones de Haití, entre otras, Plateforme haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif, Plate-forme Interaméricaine des Droits humains, Démocratie et Développement, Solidarité des Femmes Haïtiennes y Tét Kole Ti Peyizan Ayisyen, quienes expresaron su «indignación frente al silencio del gobierno haitiano sobre los casos de abusos sexuales perpetrados en contra de mujeres y menores de nuestro país» por 108 soldados y 3 oficiales de la Minustah, originarios de Sri Lanka. Como los malhechores gozaban de inmunidad, se les envió a su país de origen para ser juzgados allá, algo que obviamente jamás ocurrió.
En una de las últimas fechorías de la soldadesca internacional que azota a Haití, en septiembre 2011 marinos uruguayos fueron acusados de atacar sexualmente a un ciudadano haitiano y dejar un registro en video «como recuerdo», tal como suelen hacerlos las tropas estadounidenses en los países ocupados. La víctima era colaborador de la marinería uruguaya y la evidencia del video de 1 minuto fue retirada de YouTube (2) aduciendo «principios éticos», en tanto se impuso la tesis del relevo de las tropas involucradas para que los autores de la violación homosexual colectiva «sean juzgados en su país». Naturalmente, Uruguay seguirá manteniendo tropas porque «no estamos en Haití para jubilarnos», sino para «dar una mano para que se pueda constituir un cuerpo de haitianos que se haga cargo de la seguridad interna», explicó el presidente José Mujica.
Según cifras oficiales de la ONU, al 8 de diciembre de 2011, la presencia militar extranjera en Haití -que no es una zona de guerra- ascendía a 12.552 efectivos, el 12,5% de todas las tropas ONU regadas por el mundo, que superan los 100.000 hombres en armas, siendo la tercera – en tamaño- de las 16 misiones ONU «en resguardo de la paz». El empobrecido gobierno haitiano está obligado a financiar la mitad de los gastos operacionales anuales de estas tropas de diversa procedencia que absorben el 10,7% de su Producto Interno Bruto. Sólo desde el terremoto de enero 2010, los gastos de la Minustah costaron 1.556,5 millones de dólares.
Las grandes potencias que invadieron Haití para derrocar a Bertrand Aristide, en 2004 prometieron ayuda internacional por varios miles de millones de dólares para hacer «viable» este país del que sólo les interesa su estratégica condición de portaviones natural, porque todas sus riquezas ya fueron arrancadas de la faz de la tierra y el subsuelo. Tras el terremoto de 2010, se renovaron las promesas de «reconstrucción», pero el escaso dinero recibido sólo sirve para mantener a la fuerza de ocupación, mientras los haitianos mueren de hambre y ahora de cólera.
Papel de Chile en esta historia
El poder pareciera que efectivamente nace del fusil y en los hechos, con sus tropas de ocupación, la Minustah ejerce el poder real en Haití en una suerte de cogobierno internacional de facto con las autoridades haitianas que resultan elegidas en comicios usualmente cuestionados. Las tropas ONU, que han incurrido en masacres y delitos con absoluta impunidad, «legitimaron» en los primeros días de marzo de 2004 la invasión de Francia, EEUU y Canadá del bisiesto 29 febrero. Los comando especiales de esas potencias secuestraron y llevaron por la fuerza a la ex colonia francesa República Centro Africana al Presidente Jean Bertrand Aristide, quien obtuvo el 91,69% de los votos en la última elección presidencial libre realizada en 2000.
Desde que comenzó la «misión estabilizadora», el Chile gobernado por Ricardo Lagos secundó fielmente a sus aliados del primer mundo y fue el primero en enviar tropas en «misión humanitaria», en el plazo de 48 horas, para lavar la imagen de intervención militar extranjera de las tres potencias involucradas. Casi premonitoriamente, el 5 de marzo de 2004, el editorial de la revista chilena Punto Final preguntaba ¿qué hace Chile en Haití? (4) y aseguraba «el presidente Lagos ha tomado una decisión grotesca y peligrosa. Coloca a Chile en la senda de un lastimoso seguidismo de las acciones intervencionistas norteamericanas. En EEUU gobernaba George W, Bush, que ya había lanzado las invasiones a Afganistán e Irak; en Francia gobernaba el oscuro y reaccionario Jacques Chirac; y el primer ministro de Canadá era el «liberal» Paul Martin.
«No se aclaraba todavía lo que estaba sucediendo en Haití, de donde había salido al exilio el presidente Jean-Bertrand Aristide, cuando el presidente Ricardo Lagos anunció que en 48 horas efectivos militares chilenos llegarían a Puerto Príncipe, para integrarse a la «Fuerza de Paz» que normalizaría la situación. Se sumarían a tropas norteamericanas, canadienses y francesas.
Detrás de la iniciativa presidencial, mostrada como ejemplo de eficacia y preocupación humanitaria, se ocultan, sin embargo, realidades oscuras. El propio ex presidente Aristide denuncia en la República Centroafricana, satélite de Francia, que no había renunciado voluntariamente y que fue sacado del palacio presidencial y luego del país bajo la amenaza armada de soldados norteamericanos. Por otra parte, la decisión de Naciones Unidas para la creación de la «Fuerza de Paz» no fue más que una operación cosmética para legitimar lo que ya habían hecho Estados Unidos y Francia. Marines norteamericanos desembarcaron en Puerto Príncipe horas antes de sacar del mando a Aristide. También llegaron fuerzas francesas. Ambas potencias -Estados Unidos y Francia, que disfrutan de una amistad rediviva en esta aventura colonial-, actuaron sin pedir permiso de nadie. Ni a Naciones Unidas y menos a la OEA, cuyo penoso papel ha quedado de nuevo al descubierto. La caída de Aristide y el desarrollo de la crisis haitiana ha sido consecuencia de la actuación imperial que manipuló un verdadero golpe de Estado.
Ahora Chile se adelanta a los demás países latinoamericanos enviando tropas. Y eso es motivo de orgullo para el gobierno, que se apresuró a tomar una decisión que indica la voluntad de hacer cuanto sea necesario para agradar a George W. Bush y acompañarlo en lo que considere conveniente.
La «Fuerza de Paz» cohonestará lo que decida hacer (y deshacer) Estados Unidos y por lo mismo, su actuación se convertirá en complicidad y motivo de agravio para el pueblo haitiano.
Y por eso no resulta sorprendente que de vez en cuando un diplomático chileno haya sido nombrado jefe civil de la Minustah. Primero lo fue el ex canciller Juan Gabriel Valdés (PS) y hoy ocupa ese cargo otro burócrata de la diplomacia chilena y también ex canciller, Mariano Fernández (DC), virtual «emperador» de Haití, en tanto el comando militar recae en el general brasileño Luiz Eduardo Ramos Pereira. Fernández, que en algún momento quiso la candidatura presidencial chilena, comparte «el poder» que el 12 de mayo 2011 le asignó el Secretario General de la ONU, con Kevin Kennedy, casualmente de Estados Unidos, y con Nigel Fisher, de Canadá, también designados por el surcoreano Ban Ki-moon.
Las personas que deseen apoyar la acusación ante la CDIH de la Facultad de Derecho de Santa María, Brasil y el Proyecto Brasil-Haití contra la ONU pueden hacer clic en http://www.fadisma.com.br/
*) Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno.