La batalla de los uruguayos por lograr justicia para los más de 200 desaparecidos durante los años de la dictadura militar y los miles que fueron torturados, vejados o reprimidos, entró en una nueva etapa. El teatro El Galpón, una institución hondamente ligada a la rebeldía nacional y la defensa de los derechos humanos, fue […]
El teatro El Galpón, una institución hondamente ligada a la rebeldía nacional y la defensa de los derechos humanos, fue escenario del lanzamiento de una campaña para recoger las más de 250 mil firmas necesarias para convocar a un referendo sobre la Ley de Caducidad.
Solo ese día sumaron más de mil las adhesiones, entre ellas las del escritor Eduardo Galeano y las de decenas de artistas, intelectuales, deportistas y personalidades de la vida nacional.
Uno de los actos de firma que más aplausos arrancó fue el de Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman.
En 1976 su padre, Marcelo Gelman, y su madre, María Claudia García, fueron secuestrados en Buenos Aires y recluidos en Automotores Orletti, un centro clandestino de detenciones usado por las dictaduras de la región para fraguar y ejecutar operativos de represión del llamado Plan Cóndor.
Marcelo fue asesinado y su cuerpo arrojado al delta del río Tigre. María Claudia, embarazada a término, fue entregada a militares uruguayos que la trasladaron a Montevideo en octubre de 1976 junto a varios militantes del Partido por la Victoria del Pueblo. Todos siguen desaparecidos.
“Firmo por Claudia y Marceloâ€�, proclamó Macarena al firmar su boleta, en medio de la emocionada ovación de los presentes.
La Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad ya está repartiendo en Montevideo las boletas individuales que deben firmar los adherentes y pronto comenzará a hacerlo en el interior del país y hasta en las comunidades de uruguayos en el exterior.
El empeño se mantendrá hasta las elecciones generales de fines de 2009 y de triunfar permitirá a la ciudadanía pronunciarse sobre la normativa, que impide la apertura de causas sobre crímenes cometidos durante los años de dictadura militar (1973-1985).
Las organizaciones promotoras de la campaña explican que el proyecto de reforma constitucional apunta a “remover la impunidad de la cultura nacionalâ€� como parte de una cultura integral de derechos humanos.
Miembros de la Coordinadora han expresado su seguridad en alcanzar el número de firmas requerido, que asciende exactamente a 251 mil 800.
Algunos como Luís Puig, del PIT-CNT, la central obrera nacional, estima que sus compatriotas incluso duplicarán la cifra.
Una página atrás
Durante las dos décadas que siguieron a la caída de la dictadura los gobiernos constitucionales no hicieron denuncias judiciales para que se investigara el destino de unos 200 uruguayos desaparecidos.
Pese a los reclamos populares, en diciembre de 1986 el Parlamento aprobó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, con los votos de legisladores de los partidos Blanco y Colorado, conservadores, y la oposición del Frente Amplio, ahora en el gobierno.
La norma, que no pudo ser anulada dos años después por un referendo popular, aún impide procesar y condenar a militares y policías que cometieron secuestros, torturas, violaciones de detenidas, asesinatos, ocultamientos de cadáveres y otros crímenes entre 1973 y 1985.
En 2005, el recién instaurado gobierno de Tabaré Vázquez ordenó practicar excavaciones en dos cuarteles militares y una finca en busca de tumbas clandestinas, y habilitó a la justicia para indagar varios casos.
En noviembre de ese año fue encontrado en una finca de las afueras de Montevideo, el esqueleto de Ubagesner Chávez, un obrero detenido en 1976 y torturado hasta la muerte por oficiales de la Fuerza Aérea.
En diciembre del propio año, bajo una losa de hormigón en el Batallón de Infantería Mecanizada No. 13, de la capital uruguaya, se halló el esqueleto del profesor universitario Fernando Miranda, detenido en su domicilio en 1975 y desaparecido desde entonces.
A fines de 2006, el gobierno de Vázquez dio por terminados las excavaciones, aunque dejó abierta la posibilidad de reanudarlas si nuevas informaciones lo ameritaban.
Nuevos testimonios, documentos y evidencias aconsejaron al gobierno firmar con la Universidad de La República un acuerdo, vigente por seis meses, para proseguir las indagaciones judiciales y las excavaciones.
En julio último, un equipo de antropólogos dirigidos por José López Mazz, un experto en estos lances, recomenzó la búsqueda de restos de desaparecidos en cuatro enclaves militares.
El primer lugar sujeto a inspecciones es La Tablada, un amplio predio de las afueras de Montevideo donde hoy existe una cárcel, pero que en aquellos años sirvió de base al Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas del régimen.
Según testimonios, allí podrían estar enterrados varios exiliados traídos en vuelos clandestinos desde Argentina como parte de la Operación Cóndor, que coordinaron las dictaduras suramericanas de aquellos años, con apoyo o cuando menos con conocimiento de Estados Unidos.
De pesquisas similares serán objeto los polígonos los batallones 13 y 14, y el Grupo de Artillería Antiaéreo No. 1.
Los resultados de las excavaciones podrían constituirse en pruebas para la indagación judicial en torno a las causas abiertas en materia de derechos humanos. La búsqueda podría mantenerse más allá de los seis meses de surgir indicios que alienten nuevos hallazgos.
Una página adelante
La Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad se instaló en noviembre de 2006 y la integran numerosas organizaciones sociales y políticas.
Entre ellas figuran Familiares de Detenidos Desaparecidos, el PIT-CNT, Servicio de Paz y Justicia, Asociación de Ex Presos Políticos y las federaciones de Cooperativas de Viviendas y de Estudiantes Universitarios.
También, los partidos por la Victoria del Pueblo, por la Seguridad Social, Comunista, el Movimiento de Participación Popular, Corriente de Izquierda, 26 de Marzo, Nuevo Espacio, Claveles Rojos y el Frente de Izquierda de Liberación.
Bajo la consigna «Nunca más Terrorismo de Estado», esas y otras fuerzas tratarán de impedir que la Ley de Caducidad, o de la Impunidad, como le llaman otros, cierre para siempre el libro negro sobre aquellos funestos años de la historia uruguaya.