Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
¿No es hora ya de que la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyie, sea llevada ante el Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra y genocidio?
Este domingo se cumplen dos años desde que el ejército birmano, el Tatmadaw, llegó al estado de Rakhine, en el oeste de Myanmar, para lanzar una renovada campaña de terror y violencia contra la minoría musulmana rohinyá, perseguida en el país desde hace mucho tiempo. Soldados y justicieros birmanos perpetraron crímenes indescriptibles: hombres asesinados a hachazos; niños quemados vivos; mujeres y niñas violadas y agredidas sexualmente por cientos y miles. Decenas de aldeas fueron saqueadas y arrasadas mientras más de 700.000 rohinyá eran expulsados de sus hogares. Una estimación cautelosa de los muertos fija la cifra en más de 10.000.
Dos años después, mientras los refugiados rohinyá se están muriendo de asco en campamentos miserables al otro lado de la frontera en Bangladesh y resulta difícil exagerar la pura barbarie que han tenido que soportar. El Departamento de Estado de los Estados Unidos lo calificó de «limpieza étnica«, y Sam Brownback, embajador plenipotenciario de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, describió la violencia contra los rohinyá de «tan mala o peor que cualquier otra que haya visto a nivel personal, incluso de la que tuve que ser testigo cuando fui uno de los primeros funcionarios estadounidenses que visitó Darfur en 2004». En agosto de 2018, una comisión de investigación de las Naciones Unidas acusó al ejército birmano de genocidio, una opinión respaldada por expertos del Museo Memorial del Holocausto de Estados Unidos en Washington, DC, entre otros, y una unánime votación del Parlamento canadiense en Ottawa. Los investigadores de la ONU incluso exigieron que los principales comandantes militares de Myanmar fueran investigados y procesados por los crímenes «más graves»
Pero ¿qué hay del enjuiciamiento de Suu Kyi, la que antes era tan querida de Occidente y héroe de liberales y conservadores por igual? ¿Cuándo se pondrá sobre la mesa? Durante los últimos dos años, la expresa de conciencia convertida en jefe de Estado de facto ha defendido ciegamente a las ilegales fuerzas armadas de su país mientras minimizaba cínicamente el alcance de sus crímenes brutales. Nacionalista budista desde siempre, Suu Kyi ha avivado también las llamas del odio contra la asediada minoría musulmana en su país, participando repetidamente en un comportamiento descaradamente islamofóbico. En una visita reciente a Hungría -tuvo que ir precisamente allí- se unió al primer ministro de extrema derecha, Viktor Orban, para lamentarse del «aumento de la población musulmana» en sus respectivos países.
Tal vez desee aún disfrutar de sus viajes al extranjero y reuniones con otros líderes racistas mientras pueda. En febrero de 2018, la cadena británica Channel 4 News le preguntó a la relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, Yanghee Lee, que había sido expulsada del país por criticar al gobierno de Suu Kyi, si algún día un tribunal penal podría encontrar a Suu Kyi culpable de crímenes contra la humanidad e incluso de genocidio. «Me temo que sí», respondió Lee, y también declaró: «Puede que no fuera la impulsora. Pero la complicidad también forma parte de la responsabilidad».
La menguante banda de defensores internacionales de la líder birmana incluye, sorprendentemente, a su compañero ganador del Premio Nobel de la Paz de 1991, José Ramos Horta, y al líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell. Ambos se han unido al gobierno de Myanmar para ofrecer una serie de argumentos falsos sobre por qué no puede y no debe ser procesada -¡ni siquiera ser considerada responsable!- a causa de la violencia y represión en curso en Myanmar.
En primer lugar, señalan, Myanmar no es signataria del Tribunal Penal Internacional, por lo que el TPI no tiene jurisdicción. Sin embargo, en septiembre de 2018, en un movimiento deslumbrante, el TPI dictaminó que podría enjuiciar a Myanmar por crímenes contra el pueblo rohinyá, aceptando, como informó The Guardian, «un argumento novedoso por el que, a pesar de que los presuntos actos coercitivos que obligaron a los rohinyá a huir tuvieron lugar en Myanmar, el crimen no se habría completado hasta que los refugiados entraran a Bangladesh, que es parte del Estatuto de Roma que gobierna el Tribunal».
En segundo lugar, dicen los defensores de Suu Kyi, como primera líder civil de Myanmar después de 49 años de gobierno militar no tiene control sobre las fuerzas armadas. Por lo tanto, ella no puede ser considerada responsable de sus brutales ataques contra los rohinyá.
Pero esto, dice Maung Zarni, miembro del Centro de Documentación del Genocidio en Camboya, «es una caracterización errónea total del papel de Suu Kyi» en esos crímenes. Zarni, un budista birmano que conoce a Suu Kyi personalmente y fue uno de sus ardientes defensores, señala que Suu controla cuatro ministerios civiles que han estado involucrados desde hace mucho tiempo en la represión de los rohinyá: los Ministerios de Información, Asuntos Religiosos, Inmigración y Asuntos Exteriores, por no mencionar su propio alto cargo de consejera de Estado. En función del mismo, como señalé en abril de 2017, «acusó a las mujeres rohinyá de inventar historias de violencia sexual y puso las palabras ‘falsas violaciones’, en forma de titular de portada, nada menos que en su página web oficial».
Por tanto, es justo condenar a Suu Kyi y sus funcionarios civiles por desestimar y negar los crímenes contra los rohinyá, legitimando y alentando la violencia de las fuerzas de seguridad. O, como informa la ONU, contribuyendo «a la comisión de crímenes atroces».
Como dice Zarni, «No hay absolución de su responsabilidad por las declaraciones oficiales, proyectos de ley, medidas… todo ello diseñado para privar a los rohinyá del acceso a la educación, al servicio de salud, al debido proceso, a las oportunidades para disponer medios de vida, a la información objetiva sobre la historia rohinyá, al estatus legal, a las actividades propias de la ciudadanía y a la ciudadanía». Suu Kyi, me dijo sin rodeos, desempeña un papel similar al de Joseph Goebbels en la Alemania nazi, «quizás no de forma tan descarada, pero no menos eficaz».
Suu Kyi «ha desempeñado sin duda un papel importante en el genocidio», concuerda Azim Ibrahim, autor de » The Rohingyas: Inside Myanmar’s Hidden Genocide «, al proporcionar a los generales birmanos «cobertura para cada fase». Fue su presencia en la cima del gobierno, como la cara ganadora del Premio Nobel de la Paz de Myanmar ante el mundo, la que «envalentonó y alentó a los militares a emprender la solución final», me dijo Ibrahim.
En tercer lugar, sostienen los apologistas de Suu Kyi, cualquier acción tomada contra La Señora , como se la conoce, alteraría el delicado equilibrio de poder dentro de Myanmar y correría el riesgo de devolver el poder a los generales, tal vez mediante un golpe militar. McConnell llama a Suu Kyi «la mejor esperanza para una reforma democrática en Birmania», mientras que a Ramos y a otros les preocupa no poner en riesgo una «transición política frágil». Sin embargo, como señala Ibrahim, este argumento es «evidentemente falso». La realidad, explica, «es que los militares están ahora en la situación perfecta: tienen poder sin responsabilidad. Tienen a Suu Kyi asumiendo todas las críticas, por lo que pueden continuar con el genocidio… a la vez que se enriquecen de forma espectacular. ¿Por qué querrían alterar esa configuración perfecta y volver al poder, invitando a sanciones internacionales y a convertirse, una vez más, en un Estado paria?
Zarni es igualmente mordaz. «Esta Birmania posmilitar bajo el presunto gobierno ilustrado de Suu Kyi es una fantasía completa que proviene de diplomáticos interesados y gobiernos extranjeros», dice.
Entonces, ¿cuándo estos gobiernos extranjeros, que afirman preocuparse por los derechos humanos y hacen declaraciones piadosas de «nunca más», tomarán medidas para enfrentarse a los autores de un genocidio moderno en Myanmar? Se ha impuesto alguna leve prohibición de viaje a un puñado de generales birmanos, pero nada en contra de la consejera estatal. Suu Kyi ha sido despojada de varios premios y libertades por parte de Amnistía Internacional y las ciudades de Oxford , Edimburgo y París, pero esas humillaciones menores ¿equivalen realmente a hacer justicia a las víctimas rohinyá de «asesinato, violación, tortura, esclavitud sexual, persecución y cautiverio?».
Hablemos claro: la negativa a sancionar a Suu Kyi, o a considerar el encausamiento de la líder de facto de Myanmar por su papel en el genocidio rohinyá dos años después, no es solo un insulto a los cientos de miles de refugiados rohinyá que esperan algún tipo de rendición de cuentas en Bangladesh y más allá. Pone en peligro a otras minorías de Myanmar, como los cristianos Kachin en el norte, que también han sido víctimas de la violencia y el terror del Tatmadaw en los últimos años.
Como advierte Ibrahim: «Si permites que un genocidio quede impune, estás abriendo la puerta a otros muchos».
Mehdi Hasan es columnista y uno de los principales colaboradores de The Intercept. Es el presentador del podcast «Deconstructed». Hasan también es el anfitrión de «UpFront» de Al Jazeera English. Ha entrevistado, entre otros, a Edward Snowden, Hamid Karzai, Ehud Olmert y el general Michael Flynn. También es autor de dos libros: una biografía del ex líder del Partido Laborista de los EE. UU., Ed Miliband, y un libro electrónico sobre la crisis financiera y la economía de la austeridad. Vive en Washington D.C.
Fuente: https://theintercept.com/2019/08/24/aung-san-suu-kyi-rohingya-genocide/
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