«Negación, parálisis e improvisación». De este modo califica la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en su informe de 2018 la posición del Gobierno español ante el incremento de solicitantes de protección internacional. Según la agencia Eurostat, el Ministerio del Interior firmó 13.550 resoluciones en 2017, de las que el 35% (un total de […]
«Negación, parálisis e improvisación». De este modo califica la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en su informe de 2018 la posición del Gobierno español ante el incremento de solicitantes de protección internacional. Según la agencia Eurostat, el Ministerio del Interior firmó 13.550 resoluciones en 2017, de las que el 35% (un total de 4.675) fueron favorables. A 595 personas, principalmente de Eritrea, Palestina y Marruecos, se les concedió el Estatuto de Refugiado. Tras la negativa inicial de Interior, Jimmy, un hondureño casado y con cuatro hijos, logró en 2018 que la Audiencia Nacional le reconociera el Estatuto de Refugiado en España.
En 2015 Jimmy estuvo en el Centro de Acogida a Refugiados (CAR) de Mislata (Valencia), dependiente del Ministerio de Trabajo y Migraciones. Pasó nueve meses haciendo cursos y buscando empleo, «cuando era mucho más difícil encontrarlo que hoy; teníamos la ‘tarjeta roja’ (documento que acredita la condición de solicitante de asilo), pero todo resultaba muy complicado». A los nueve meses se trasladó a Alemania, donde permaneció casi dos años «sin poder presentar la solicitud por cuestiones de burocracia». El refugiado hondureño se topó con el Reglamento de Dublín de la UE (2013), que establece -a grandes rasgos- la tramitación de las peticiones de asilo en el país de llegada.
«Nos regresaron a Madrid en un avión privado», explica el refugiado, durante la presentación del informe de CEAR en Valencia. Volvió con su familia a la capital valenciana, «el único lugar donde conocíamos a algunas personas». Un amigo afgano les facilitó dónde vivir durante una semana, después pasó tres días en los albergues de la ONG Casa Caridad y en una vivienda de Cáritas Diocesanas. Actualmente, con el Estatuto de Refugiado ya reconocido, busca trabajo y vivienda. Asimismo ha tomado la palabra Irving, un joven que abandonó El Salvador huyendo de las Maras. Las pandillas le asesinaron a un hermano en enero de 2017.
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) informó en mayo de 2018 que 294.000 ciudadanos del Norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala) estaban registrados en 2017 como refugiados o solicitantes de asilo en todo el mundo; la cifra representa un incremento del 58% respecto al año anterior y 16 veces más que en 2011. La estadística se explica, según ACNUR, por la violencia, las persecuciones, la presencia del crimen organizado y las maras o pandillas. «La mayoría son mujeres, pero muchos de los que huyen son también menores que escapan de las amenazas de muerte y el reclutamiento forzoso de las organizaciones criminales», explicó la portavoz de ACNUR, Aikaterini Kitidi. Estados Unidos es el principal país destinatario (260.000 refugiados y peticionarios de asilo), seguido de México, Belice, Costa Rica y Panamá.
CEAR recuerda que las solicitudes de asilo en España de ciudadanos procedentes de Honduras, El Salvador y Guatemala pasaron de 115 en 2014 a 2.145 en 2017, aunque las resoluciones favorables fueron sólo 25 en los últimos cuatro años. Por otra parte, informa la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 32,7% de los hogares de El Salvador se halla en la pobreza y el 7,9% en la pobreza extrema; en cuanto a Honduras, el 65,7% de la población está en la pobreza y el 42,5% en la pobreza extrema (datos de 2016). El estudio «Centroamérica desgarrada» (Universidad de Costa Rica, 2018) coordinado por Carlos Sandoval destaca, a partir de 1.501 encuestas a jóvenes centroamericanos de entre 14 y 24 años que viven en barrios empobrecidos, que el 49% tiene la emigración en perspectiva (76% en El Salvador y 60% en Honduras). Además, el 49% de los jóvenes considera la distribución de la riqueza como «muy injusta» (el 63% en El Salvador y el 50% en Honduras).
En el acto de CEAR en Valencia ha intervenido un ciudadano de etnia tamil, refugiado con su familia en España tras exiliarse de Sri Lanka. Una de sus tres hijas está desaparecida, y se le acusa de pertenecer a los «Tigres para la Liberación de la patria Tamil» (LTTE), movimiento de resistencia armada formado en 1976 y que se enfrentó al Estado ceilanés en una guerra de 26 años (1983-2009). En 2013 el Tribunal Permanente de los Pueblos (PPT) reunido en Bremen determinó que el Estado de Sri Lanka era culpable del delito de genocidio contra el Eelam Tamil (identidad tamil, cuya aspiración era la independencia en el norte y este de la isla), con la complicidad de Gran Bretaña, Estados Unidos e India.
Inspirado en los Tribunales Russell sobre la guerra de Vietnam, el Tribunal de los Pueblos detalló que entre 1983 y 1987 el ejército esrilanqués cometió 44 masacres, con el resultado de más de 2.100 tamiles asesinados. Pero, según el fallo, «el proceso genocida alcanzó su clímax entre septiembre de 2008 y mayo de 2009 (exterminio de Mullivaikkal); durante este periodo se informa que hubo 146.679 víctimas desaparecidas y se teme que hubieran muerto más de 70.000 personas». Actualmente se mantienen las denuncias. El informe 2017-2018 de Amnistía Internacional apunta que las autoridades de Sri Laka continúan deteniendo a tamiles presuntamente vinculados al LTTE, «recurriendo para ello a la Ley de Prevención del Terrorismo, que permitía la detención administrativa durante periodos prolongados». En los casos de malos tratos y tortura, añade la organización de derechos humanos, «se hacía recaer la carga de la prueba sobre la persona detenida que denunciaba».
CEAR resalta que el número de desplazados forzosos en el mundo -como consecuencia de guerras, conflictos o persecuciones- alcanzó en 2017 la cifra récord de 68,5 millones (2,9 millones más que en 2016), de los que 25,4 millones eran personas refugiadas; 40 millones, desplazados internos y 3,1 millones, solicitantes de asilo. Asimismo el 68% de los refugiados en el mundo proceden de sólo cinco países: Siria (6,3 millones), Palestina (5,4 millones), Afganistán (2,6 millones), Sudán del Sur (2,4 millones) y Myanmar (1,2 millones). Los menores de 18 años pasaron de representar el 41% de la población refugiada en 2009 al 52% en 2017. En cuanto a los territorios de recepción, el 85% de las personas refugiadas son acogidas en países del Sur. Encabeza la ratio Turquía (3,5 millones de refugiados, de los que casi la totalidad son de nacionalidad siria), seguido de Pakistán (1,4 millones), Uganda (1,4 millones), Líbano (998.900), Irán (979.400) y Alemania (970.400). Se da la circunstancia que entre los diez principales países por población refugiada en 2017, cuatro se sitúan entre los más empobrecidos del mundo: Uganda (1,4 millones de refugiados), Bangladés (932.200), Sudán (906.600) y Etiopía (889.400).
Mientras, el Mar Mediterráneo continúa siendo una fosa mortal. El 30 de junio ACNUR dio cuenta de la muerte de un centenar de personas por el hundimiento de una embarcación en la costa de Tajura (Libia), en la que viajaban 123 personas migrantes y refugiadas. «Los guardacostas libios han recuperado 16 cuerpos, más de 80 quedaron en el mar», añade la nota informativa. También frente a la costa Libia, al menos 63 migrantes naufragaron el dos de julio en una lancha neumática y se les declaró desaparecidos. Al día siguiente perdieron la vida en el mar otras seis personas frente a la ciudad libia de Qarabuli.
Con los últimos naufragios, el número de muertos en el Mediterráneo durante 2018 superaba el millar, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Con 16.394 llegadas y 635 muertes en el primer semestre de 2018, la OIM subrayó la ruta del Mediterráneo central -con destino a Italia- como la más mortífera. Por otra parte, Naciones Unidas advirtió el tres de julio que, por los combates en la provincia siria de Daraa, miles de refugiados «se encuentran varados y sin refugio adecuado en la frontera con Jordania»; e instó a Israel a que no ejecute la demolición de comunidad beduina palestina de Khan al Ahmar-Abu al Hel, al este de Jerusalén, que alberga a 181 personas, más de la mitad menores; Amnistía Internacional ha calificado este traslado forzoso como «crimen de guerra».
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