El debate instalado por el neozapatismo sobre el poder estatal, corre el riesgo de quedar en el terreno abstracto de los debates ideológicos, si no se lo vincula con las experiencias concretas de los movimientos antisistémicos. La historia reciente de América Latina, permite avanzar sobre los resultados de la apuesta estatalista, sobre todo en los […]
El debate instalado por el neozapatismo sobre el poder estatal, corre el riesgo de quedar en el terreno abstracto de los debates ideológicos, si no se lo vincula con las experiencias concretas de los movimientos antisistémicos. La historia reciente de América Latina, permite avanzar sobre los resultados de la apuesta estatalista, sobre todo en los países donde los movimientos sociales participan en diversos espacios estatales. Evaluar cómo ha influido en su fortaleza, capacidad de movilización, unidad interna y credibilidad ante sus bases, parece una fuente de aprendizajes para el conjunto de los movimientos.
La participación del movimiento social ecuatoriano en el gobierno de Lucio Gutiérrez, pese al escaso tiempo que algunos de sus dirigentes permanecieron en cargos gubernamentales, puede ser una buena ocasión para bajar a tierra el debate que proponen los zapatistas. El movimiento ecuatoriano era quizá el más potente del continente hasta comienzos del siglo: desde 1990, el movimiento indígena aglutinado en la CONAIE fue capaz de promover y organizar varios levantamientos nacionales, tejer alianzas con amplios sectores populares, derrocar dos presidentes, frenar la aplicación de medidas neoliberales y crear una tupida red de contrapoderes, a escala local, regional y hasta nacional, a caballo de las principales oleadas de movilización social. Tras una década de intensa actividad social, el Estado entró en crisis hacia enero de 2000, momento clave para comprender el viraje político que redundó en el triunfo de Gutiérrez y la participación del movimiento indígena -la principal fuerza organizada del país- en el nuevo gobierno.
Esa notable capacidad contrasta vivamente con la situación posterior a la retirada del Movimiento Pachakutik -brazo político-electoral de la CONAIE- del gobierno de Gutiérrez, con cuyo decisivo apoyo el coronel llegó al poder. La situación actual está pautada por la división y la escasa capacidad de movilización, el desgaste y la debilidad. No sólo han surgido grietas entre dirigentes -alguno de los cuales siguen apoyando al gobierno neoliberal- sino también entre organizaciones de la sierra y la amazonía, y entre los dirigentes y las bases, luego de la participación de varios líderes históricos en el gobierno. Aunque estas divisiones no son nuevas, se registran en un contexto de renovada capacidad del aparato estatal para neutralizar y cooptar, toda vez que cuenta con el apoyo de destacados dirigentes y hasta de sectores enteros del movimiento. El panorama se ha vuelto realmente difícil, y no son pocas las voces que hablan de «un punto de inflexión» (revista Tintají No. 47) y hasta de un retroceso «de una década», del principal movimiento ecuatoriano.
La situación opuesta es la que atraviesa el Movimiento Sin Tierra de Brasil. Desde siempre mantuvo estrechas relaciones con el Partido de los Trabajadores (PT) y apoyó la candidatura de Lula, pero supo mantener distancias con el gobierno y profundizar su autonomía. Los sin tierra -a diferencia de los ecuatorianos- no participan con cuadros ni dirigentes en el gobierno petista. En una reciente entrevista publicada por la revista OSAL, Joao Pedro Stédile, principal dirigente del movimiento, sostiene la tesis de que con el gobierno de Lula es posible avanzar en la reforma agraria, ya que hay un cambio en la relación de fuerzas del país, pero, advierte, este «es un momento de acumulación de fuerzas». No menciona la posibilidad de romper con el gobierno, pero en pocos meses el MST organizó cientos de campamentos y ya hay 200 mil familias, un millón de personas, acampadas en las orillas de las haciendas, presionando sobre la tierra. Es la mayor cantidad de acampados en la historia del movimiento. La reciente campaña «abril rojo», fue una importante movilización nacional que incluyó 140 ocupaciones de tierras, que fortaleció la autonomía del MST y cortó cualquier pretensión de cooptación o subordinación al gobierno de Lula.
Ahora el MST está empeñado en promover «un proceso de luchas sociales y de movilización que provoque un reascenso del movimiento de masas», para doblegar la política neoliberal del gobierno. Para ello ya se ha puesto en pie la Coordinadora de Movimientos Sociales, que convocará una jornada nacional de movilización centrada en la desocupación, para el próximo 7 de septiembre, día de los excluidos. Aunque no lo menciona de forma explícita, el MST parece evaluar que la llegada al poder del PT representa una derrota histórica para la izquierda, toda vez que sostiene que «en Brasil tendremos que reconstruir una práctica de izquierda», porque «en los últimos veinte años nos quedamos solamente acumulando fuerzas en el terreno electoral e institucional», concluye Stédile.
Ambas experiencias pueden servir como espejo para el conjunto de los movimientos del continente. Pero son, a su vez, una buena ocasión para enriquecer el debate sobre tomar o no tomar el poder, acerca de las relaciones que deben mantener los movimientos con los estados, y muy en particular, sobre la participación en instancias y espacios estatales. Ponen en negro sobre blanco, la importancia de la construcción de autonomía como una práctica permanente; y de encontrar los espacios físicos, territoriales, en los que ejercerla. El futuro de los movimientos, y la posibilidad de revertir la crítica situación que atraviesan los ecuatorianos, radica en la terca autonomía que mantienen los espacios comunitarios de base.