La justicia italiana considera responsable a Silvio Berlusconi de tener a un juez en nómina para corromperlo y asegurarse así su apoyo en caso de necesidad. Entre los juicios a los que se enfrentaba el magnate y presidente italiano se encontraba la imputación de haber pagado en 1991 una suma de 434.000 dólares al magistrado […]
La justicia italiana considera responsable a Silvio Berlusconi de tener a un juez en nómina para corromperlo y asegurarse así su apoyo en caso de necesidad.
Entre los juicios a los que se enfrentaba el magnate y presidente italiano se encontraba la imputación de haber pagado en 1991 una suma de 434.000 dólares al magistrado Renato Squillante, ex presidente de los juzgados de instrucción romanos, como parte de las retribuciones regulares que le proporcionaba para así garantizarse su apoyo. Y es ahí donde Silvio Berlusconi no ha podido cantar victoria. Los magistrados han considerado al primer ministro italiano culpable de ese delito pero, aplicándole las atenuantes genéricas previstas por la ley, han declarado los hechos prescritos. La prescripción en Italia de un delito grave como la corrupción de jueces es de 15 años, pero desciende a siete años y medio si no existen agravantes.
«Una vez más se juega con las palabras para engañar a la opinión pública. La prescripción no es una declaración de inocencia, sino que presupone la culpabilidad», clamaba ayer el ex fiscal Antonio Di Pietro, líder del partido La Italia de los Valores y famoso por haber tenido a su cargo durante los años 90 muchos de los procesos por corrupción de Manos Limpias.
«Sería razonable, si tuviese sensibilidad institucional, que Berlusconi dimitiera. Pero dudo de que tenga esta sensibilidad», indicaba por su parte Oliviero Diliberto, del Partido Comunista Italiano.
«Los jueces de Milán han fallado mitad y mitad: han absuelto a Berlusconi de haber tratado de amañar el caso SME, pero lo han medio absuelto y lo han medio condenado moralmente por un delito de soborno a un juez», declaraba Francesco Consiga, ex presidente de la República italiana. «Silvio Berlusconi no es un ciudadano normal: es el primer ministro. Y dado que no ha sido completamente absuelto de ese delito tan grave, que en mi opinión equivale a un crimen de Estado, tiene el deber moral y político de exigir a los jueces de apelación que se pronuncien sobre esa acusación. Y más aún: tiene el deber moral e institucional de dimitir».
El abogado de Il Cavaliere no podía evitar hacer patente su pesar por el hecho de que, con respecto al delito de soborno al juez Squilliante, Berlusconi no haya sido declarado inocente por los magistrados de Milán. Pecorella anunció también su intención de recurrir la sentencia para exigir la plena absolución.
Pero lo que hasta los abogados del primer ministro admiten es que hubo una transferencia por valor de 434.000 dólares que partió «de una de las muchas sociedades dirigidas por Berlusconi» (palabra de Pecorella), que recaló en la cuenta de Cesare Previti, su estrecho colaborador, y que terminó en una tercera cuenta a nombre del juez Squilllante. De hecho, en noviembre del año pasado fueron condenados por ese delito de corrupción tanto Previti, a quien le cayeron cinco años de cárcel, como Squillante, que fue condenado a ocho.
La Fiscalía pedía que Berlusconi fuera sentenciado a ocho años de prisión.
Por otro lado, e l senador italiano de Forza Italia Marcelo Dell’Utri, uno de los más estrechos colaboradores de Berlusconi, ha sido condenado a nueve años de cárcel por colaboración externa con la Mafia. Se le considera nexo durante 30 años entre la Mafia siciliana y la política y finanzas de Milán, incluido el grupo Fininvest, propiedad de Berlusconi.
Marcelo Dell’Utri desempeñó altos cargos en el poderoso grupo empresarial del primer ministro.
El Tribunal de Palermo (Sicilia) que ha juzgado a Dell’Utri ha condenado también a siete años de cárcel al otro imputado en el proceso, el presunto jefe mafioso Gaetano Cina, considerado su enlace con la Cosa Nostra.
Esta condena se hace pública un día después de que el jefe del Gobierno italiano fuera absuelto, por prescripción del delito, de su último caso de corrupción por un presunto soborno de jueces.
Marcello Dell’Utri (Palermo, 1941) unió sus destinos a los de Silvio Berlusconi en 1974, cuando se trasladó a Milán para trabajar con él, primero en el negocio de la construcción, luego en el de la comunicación -fue durante años presidente y consejero delegado de Publitalia- y más tarde en la política.
270 testigos, 40 de ellos mafiosos
El propio Berlusconi, que se acogió a la prerrogativa de no declarar, llegó a ser llamado como testigo en este proceso, que ha durado seis años, con 256 audiencias y 270 testigos, 40 de ellos mafiosos arrepentidos como el fallecido Tommaso Buscetta.
Durante este periodo, Dell’Utri ha seguido adelante con su carrera política y ha sido elegido, sucesivamente, diputado, senador y europarlamentario, mientras los fiscales le señalaban como eje «entre la mafia, la economía y la política».
La Fiscalía de Palermo, que pidió para él 11 años de prisión e inhabilitación a perpetuidad para cargo público -a la que también ha sido condenado-, sostiene que los capos de Cosa Nostra han ayudado al colaborador de Berlsuconi a cambio de sus servicios como «embajador de Cosa Nostra en Milán».
Los abogados de Marcello Dell’Utri ya han anunciado que presentarán recurso a esta sentencia de primera instancia, hecha pública tras 13 días de deliberación ininterrumpida del Tribunal, lo que constituye un récord.
Una de las primeras reacciones a la resolución del Tribunal ha sido la del ex presidente de la República Francesco Cossiga, quien la considera una «condena moral a Berlusconi».