La vacancia presidencial, la inhabilitación por 10 años para ejercer un cargo público a partir de 2006 y la suspensión temporal del cargo son algunas de las sanciones lanzadas el martes contra el presidente peruano, Alejandro Toledo. Fueron dictadas por una comisión parlamentaria que ahora afronta problemas para lograr que el Pleno del Congreso someta […]
La vacancia presidencial, la inhabilitación por 10 años para ejercer un cargo público a partir de 2006 y la suspensión temporal del cargo son algunas de las sanciones lanzadas el martes contra el presidente peruano, Alejandro Toledo. Fueron dictadas por una comisión parlamentaria que ahora afronta problemas para lograr que el Pleno del Congreso someta a juicio político a un grupo de funcionarios del Gobierno.
La comisión investiga el caso de firmas falsas, que según los denunciantes permitió al partido gubernamental Perú Posible presentarse a la carrera electoral de 2001. Los parlamentarios determinaron que Toledo y un grupo de sus más cercanos colaboradores son autores de los delitos de asociación ilícita para delinquir y de delitos contra la fe pública, es decir, falsificación de documentos.
La comisión investigadora, presidida por el opositor Edgar Villanueva (del Partido Aprista Peruano), determinó ayer que el mandatario, junto a su hermana Margarita Toledo, participó en 1998 en una masiva falsificación de firmas encaminada a registrar al partido Perú Posible en la carrera electoral.
Las conclusiones y recomendaciones de la comisión no fueron por consenso. Sólo tres de los cinco legisladores que forman del grupo se presentaron a la votación, por lo que el informe fue rubricado tan sólo por aquellos que estuvieron presentes. El documento, pues, es considerado ilegal porque no contó con el quórum reglamentario (la mitad más uno de los cinco integrantes de la comisión investigadora).
El oficial mayor (cargo que ocupa el letrado responsable de los servicios jurídicos) del Parlamento, José Elice, aseguró que el documento será entregado al Consejo Directivo, «el cual tiene que conocerlo y decidir sobre el procedimiento». El documento será debatido en el Congreso para aprobar o rechazar sus conclusiones.
Por otro lado, Lima calificó ayer de «completamente insatisfactoria» la réplica del Gobierno de Chile a su protesta por la venta de armamento a Ecuador y procedió a anunciar la suspensión de las medidas de confianza mutua y coordinaciones bilaterales, según informa la agencia Efe.
El presidente del Consejo de Ministros peruano, Carlos Ferrero, confirmó, que su país recibió ayer una respuesta oficial de Chile que consideró insuficiente ante el acto «inamistoso» producido durante la guerra peruano-ecuatoriana de 1995. Ferrero dijo que la situación que existe hoy entre ambos países «no es propicia» para iniciar conversaciones que conduzcan a un tratado de libre comercio.