En Perú, durante los últimos treinta años, y sobre todo desde que entró en vigor la legislación «antiterrorista » en 1992, centenares de hombres y mujeres han sido injustamente acusados de delitos de terrorismo y han padecido largos periodos de injusta prisión. En Perú estas personas son conocidas como «presos inocentes». Amnistía Internacional los considera […]
En Perú, durante los últimos treinta años, y sobre todo desde que entró en vigor la legislación «antiterrorista » en 1992, centenares de hombres y mujeres han sido injustamente acusados de delitos de terrorismo y han padecido largos periodos de injusta prisión. En Perú estas personas son conocidas como «presos inocentes». Amnistía Internacional los considera presos de conciencia.
Algunos de estos presos (hay tanto hombres como mujeres), han sido personalidades destacadas de reconocida trayectoria en la vida pública, periodistas, dirigentes comunitarios y sindicalistas, detenidos arbitrariamente como represalia por sus críticas contra el gobierno. Pero la mayoría pertenecen a los sectores de población más vulnerables y discriminados históricamente, hombres y mujeres procedentes de los sectores mas pobres de la población: indígenas, campesinos, obreros no cualificados o estudiantes de clase social baja, procedentes de zonas rurales. (Es interesante saber que en Perú, con un 43% de población indígena, su representación política no llega al 1%. Por lo que su presencia es casi nula en los centros de decisión política).
Estas personas, los llamados «presos inocentes», con frecuencia han tenido un abogado de oficio, los cuales son escasos en Perú y menos preparados que los abogados de pago. Muchos de estos presos fueron sometidos a torturas y malos tratos para obligarlos a autoinculparse o para inculpar a familiares y conocidos. Además, los juicios contra personas acusadas de delitos de «terrorismo» no han contado con las garantías procesales, como reflejan los testimonios tomados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación ( CLVR ) . Esta Comisión se creó en 2001 para investigar las circunstancias que rodearon las violaciones y abusos contra los derechos humanos cometidos por el Estado y por los grupos armados de oposición, entre mayo de 1980 y noviembre de 2000.
Ya en 1996, el gobierno de Alberto Fujimori reconoció la necesidad de liberar a estas personas. Entre 1996 y 2003 fueron establecidas varias comisiones de indulto para revisar los casos de personas detenidas injustamente, y centenares de «presos inocentes «fueron liberados. Sin embargo, durante la presidencia de Alejandro Toledo el número de personas asignadas para cumplir con la tarea de revisión de casos de personas acusadas de » terrorismo » fue disminuyendo.
En 2003, durante el gobierno de Alejandro Toledo, se promulgaron una serie de decretos anulando algunas de las sentencias de las personas juzgadas por la legislación «antiterrorista» de 1992, y ordenando que se les inicien nuevos juicios en tribunales ordinarios. Pero esto, que en principio parece positivo, no lo es porque el sistema de justicia en Perú es lento y la liberacion de los «presos inocentes» a través de nuevos juicios podría tardar años, alargándose así la detención injusta de estas personas.
La CLVR recomendó al gobierno peruano «revisar aquellos casos ( de «presos inocentes») que aún quedan pendientes » y reparar a las víctimas. Todos estos prisioneros deberían ser puestos en libertad inmediatamente, deberían recibir una reparación adecuada y se debería eliminar sus antecedentes penales.
No se sabe si en la tristemente famosa prisión de Challapalca hay alguno de estos » presos inocentes «, pero ya en agosto de 2003 la CLVR, en su Informe Final recomendaba el cierre de este penal. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó el penal en agosto de 2002, recomendó » inhabilitar de inmediato la cárcel de Challapalca en forma definitva » trasladando a los reclusos allí detenidos a otros centros.
La cárcel de máxima seguridad de Challapalca está ubicada en una región remota y aislada en la región andina en el departamento de Tacna, cerca de la frontera con Chile, a mas de 4.600 metros sobre el nivel del mar. Su inaccesibilidad limita la posibilidad de que los internos mantengan contacto con sus familiares y abogados sin interferencias ni censuras, y los presos tampoco tienen acceso a una adecuada atención médica. Desde la apertura del centro de reclusión de Challapalca, los internos han denunciado haber sido objeto de violencia psíquica y psicológica, así como irregularidades en el tratamiento y condiciones de detención. La temperatura en el penal oscila entre los 8 y 9 grados centígrados durante el día, con fuertes descensos, llegando a veinte grados bajo cero durante la noche, con un viento helado que agrava los efectos de la altura, situación que se agudiza en el invierno. Además hay informes que revelan que el agua dentro del penal no es potable.
Las severas condiciones de la cárcel de Challapalca han sido denunciadas por varias organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. Todas han exigido el cierre de este penal a las autoridades peruanas.
La cárcel de Challapalca y la situación de los «presos inocentes», nos dan una visión preocupante del estado de los derechos humanos en Perú.
Ante este panorama, el ministro peruano de Relaciones Exteriores, Manuel Rodriguez-Cuadros, presentó en Ginebra el 14 de marzo de este año, una propuesta de su gobierno para reformar la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Lo que Perú propone es que esta comisión esté formada por «expertos», no por representantes de Estados como hasta ahora. Así se transformaría en un organismo burocrático que perdería toda legitimidad política.
¿Pretenderá con esta propuesta el gobierno peruano eludir posibles críticas de la ONU al estado de los derechos humanos en Perú? ¿Por qué no se ha cerrado ya la cárcel de Challapalca? ¿Para cuando la liberación de los «presos inocentes «?
Como suele repetir el escritor Juan José Millás: todo son preguntas.
Victoria Sánchez es miembro de Amnistía Internacional