En la probabilidad casi cierta de una conclusión del proceso comicial del domingo 2 de julio con la declaración de la autoridad final, el Tribunal Electoral de la Federación, que declare oficialmente triunfador al candidato derechista Felipe Calderón, México quedará dividido en dos grandes porciones no precisamente ideológicas: quienes creen en la limpieza de la […]
En la probabilidad casi cierta de una conclusión del proceso comicial del domingo 2 de julio con la declaración de la autoridad final, el Tribunal Electoral de la Federación, que declare oficialmente triunfador al candidato derechista Felipe Calderón, México quedará dividido en dos grandes porciones no precisamente ideológicas: quienes creen en la limpieza de la elección y quienes sospechan de un gran fraude electoral, de difícil comprobación en la revisión de los votos, pero mucho más profundo: el secuestro al que la sociedad fue sometida para inducir el sufragio en favor del Partido Acción Nacional, con la participación de toda una maquinaria oficial, mediática y financiera cuyo objetivo fue impedir el arribo de la corriente de centro izquierda.
El resultado de las elecciones, que deberá ser conocido antes del 9 de septiembre, podría demostrar cómo la derecha mexicana no sólo aprendió las viejas técnicas de escamoteo del voto que fueron la especialidad del Partido Revolucionario Institucional, su aparente enemigo durante seis décadas, y fue capaz de ponerlas en práctica con los elementos de la moderna tecnología, sino que agregó elementos de convencimiento e inducción masiva. Con el apoyo del discurso oficial, la aplicación de recursos y una bien planeada campaña mercadotécnica, la derecha llevó adelante cada uno de los pasos de lo que algunos expertos en informática comienzan a definir como los pasos programados de un algoritmo establecido con mucha anticipación, que incluyó propaganda y manipulación en el proceso de registro y contabilidad del sufragio.
Terminado el proceso electoral quedarán en un amplio segmento de la población las huellas de la intromisión sistemática del gobierno federal; el empleo de recursos públicos a favor del candidato oficial: la campaña del miedo orientada a sembrar pánico en la ciudadanía ante la posibilidad de un gobierno de izquierda; la parcialidad de los más poderosos medios informativos comerciales, especialmente los electrónicos; las descalificaciones entre candidatos y otros factores que enturbian la credibilidad del organismo responsable de arbitrar los comicios, el Instituto Federal Electoral, por el ocultamiento de por lo menos un 10 por ciento de los votos, que se considera un caso descubierto entre otras maniobras en el manejo del proceso. Si, como se vislumbra con certeza, el Tribunal Electoral confirma las cifras de la revisión de la votación en los 300 distritos electorales del país, con un tercio de la votación total gobernará en el país una derecha escasamente legitimada, en una sociedad profundamente dividida.
Es una derecha de nuevo cuño, en la que sin embargo resurgen resabios y revanchismos históricos; una derecha impregnada del fundamentalismo religioso de los años veinte y finales de los treinta del siglo pasado, cuando la intolerancia del clero frente a la Revolución iniciada en 1910 y sus leyes del estado laico provocaron la sangrienta lucha «cristera» resuelta por un modus vivendi que en los últimos años se trocó en una permisividad oficial para una cada vez mayor injerencia de la jerarquía eclesiástica en los asuntos de la vida pública. Es una derecha salvaje que a esos elementos del pasado aúna el dogma de la globalización y la apertura económica en favor de la hegemonía del potente imperio norteamericano y de los dictados del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio.
Es una derecha anacrónica y a la vez pretendidamente moderna en la versión actual del liberalismo decimonónico del dejar hacer, dejar pasar convertido en la libre circulación del capital. Presidente de la República -si como se prevé accede a la primera magistratura-, el panista Felipe Calderón tendrá tal vez una mayor capacidad para forzar las reformas constitucionales – energética, fiscal y laboral en primer término–, consideradas como un fracaso del actual mandatario Vicente Fox, cuya impericia política produjo la desilusión de los sectores financieros y del propio aparato gubernamental norteamericano, en donde se esperaba de él la profundización de la apertura al capital extranjero y la privatización de más amplios sectores de la economía mexicana.
Calderón gobernará con un Congreso en apariencia mayoritariamente oposicionista, pero en la práctica esperará el respaldo del Partido Revolucionario Institucional -proclive a aliarse con la derecha panista en su actual circunstancia de tercera fuerza- y de otras formaciones con las que buscará contrarrestar la resistencia del Partido de la Revolución Democrática y los que integran la alianza que sostuvo a Andrés Manuel López Obrador. Calderón aparece así como la esperanza de los sectores más adictos a la apertura neoliberal y de los grandes intereses del capital internacional a los que de manera limitada y subrepticia, muchas veces contraviniendo la ley, Fox entregó una parte de los recursos estratégicos para la economía del país. Panista por tradición familiar, Calderón esperará imprimir a la derecha gobernante un contenido ideológico más coherente que el de la ignorancia foxista de la historia, apoyado por corriente y organizaciones radicales como El Yunque, una mezcla de sociedad secreta y activismo político que cobró fuerza por la presencia de muchos de sus dirigentes en la administración de Vicente Fox y cuya participación en la campaña panista es ampliamente conocida.
De confirmarse la llegada de Calderón a la Presidencia de la República se habrá perdido por espacio de seis años la posibilidad de conducir al país por el sendero del nacionalismo que caracterizó a los gobiernos de la posrevolución hasta octava década del siglo pasado, en la que la participación del estado en la economía permitió la creación de instituciones aún vigentes y la realización de obras materiales de gran envergadura. La política exterior de México fue reconocida en América Latina y en el mundo por su apego a los principios de no intervención en los asuntos internos de los estados, de respeto a la soberanía y en favor de la solución de los conflictos por la vía pacífica.
La perspectiva ofrecida por el perredismo de Andrés Manuel López Obrador hubiera permitido retomar la parte más valiosa de esa política con el agregado de una serie de programas y de acciones basados en los problemas y las realidades nacionales e internacionales de la actualidad. Queda al candidato aparentemente derrotado -López Obrador-luchar con el apoyo de amplios sectores de la ciudadanía y con los instrumentos legales para demostrar lo que se percibe como un fraude maquinado desde el principio de la administración actual, apoyado y financiado en el interior y en el exterior, destinado a lograr la permanencia de una corriente cuya acción en beneficio de la sociedad está muy lejos de ser demostrada.