Edda Gaviola, directora del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (CALDH), de Guatemala, denunció hoy el incremento de las amenazas e intimidaciones contra el equipo jurídico de esa institución.Se trata -dijo Gaviola- de los abogados que apoyan la presentación de la demanda a nivel nacional contra quienes planificaron y ejecutaron el genocidio durante […]
Edda Gaviola, directora del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (CALDH), de Guatemala, denunció hoy el incremento de las amenazas e intimidaciones contra el equipo jurídico de esa institución.
Se trata -dijo Gaviola- de los abogados que apoyan la presentación de la demanda a nivel nacional contra quienes planificaron y ejecutaron el genocidio durante el conflicto armado interno, particularmente durante el período de Efraín Ríos Montt.
Un anónimo fue dejado hace unas horas en el carro de uno de los miembros del equipo, donde se les advierte que hay un control total sobre su vida laboral y familiar, sus movimientos y actos, declaró a Prensa Latina Mario Minera, miembro de CALDH.
Aseguró que esta es la forma clásica de operar de grupos paralelos de poder, interesados en paralizar las acciones judiciales encaminadas a buscar castigo para los responsables de las violaciones a los derechos humanos.
Hace pocos días, recordó, el vehículo de otro miembro de esa entidad fue dañado mientras estaba estacionado en un centro comercial capitalino.
Una hora después el Coordinador del Programa de Derechos de Pueblos Indígenas fue secuestrado cuando salía de su casa para viajar al departamento de El Quiché, donde asistiría a una reunión de trabajo.
El funcionario fue agredido y amenazado de muerte y luego abandonado en una zona de la periferia occidental de la capital, mientras que el vehículo apareció más tarde.
Ninguna de las pertenencias o equipos fueron sustraídos, lo cual descarta el robo como móvil de la agresión, según Minera.
El fin de semana desconocidos allanaron la sede donde funcionan el Movimiento Nacional por los Derechos Humanos, la Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos y la Asociación Comunicarte, que cuenta con importantes archivos históricos.
Todo ello demuestra la existencia de un ambiente de intimidación y amenazas contra el movimiento humanitario que busca castigo para los culpables de genocidio en Guatemala, concluyó Minera.