En marzo de 2003, poco después del 11-09 en Afganistán, Bush, Cheney et al, con apoyo de Blair, abrieron las puertas del infierno en Irak, tal como tenían previsto antes de asumir el poder. A los más de 700 mil cadáveres, que según la revista médica inglesa Lancet abarrotan desde entonces las morgues, se agregan […]
El Servicio de Investigación Legislativa (CRS) acaba de ofrecer un estudio actualizado al 16 de julio sobre las erogaciones en esos rubros desde el 11-09. Son cifras astronómicas que permiten delinear la inmensidad del «negocio» de los beneficiarios del 11-09 y su secuela neohitleriana. Si se incluye el presupuesto de Bush de 2008 para «la estabilización y la reconstrucción» en Irak, Afganistán y la guerra antiterrorista, el total ascendería a 758 mil millones de dólares (mmdd), cifra similar al PNB de México. Pero esos vastos fondos no llegan al pueblo de Irak: persisten las carencias y discontinuidad de servicios básicos, empleo, agua potable, electricidad, medicinas. La mitad vive en pobreza absoluta. El 93 por ciento de los recursos son manejados por el Departamento de Defensa (DdD), a través de cientos de empresas bajo esquemas amplios de privatización de la guerra y la «reconstrucción»; 7 por ciento van al Departamento de Estado y menos de uno por ciento a gastos médicos de los soldados. De continuar, en 2017 el costo de la guerra oscilaría entre 1 billón (millón de millones) y 1.4 billones de dólares.
Las asignaciones anuales dedicadas al sector bélico-industrial, petrolero y de seguridad que se registra desde los ataques del 11-09 sobrepasan esos cálculos. Con datos oficiales de 2006, Robert Higgs, del Independent Institute, estima que el total excede con holgura el importe anual del DdD, que de todas maneras creció 6 por ciento y rozó el medio billón de dólares en 2006. Si se incluyen los presupuestos de los departamentos de Estado para operaciones militares, de Energía, en armas nucleares, de Homeland Security, de Veteranos de Guerra, del Tesoro -para la campaña antiterrorista-, de Justicia (presupuesto del FBI), de la NASA, así como los intereses netos de la deuda atribuibles al financiamiento del gasto militar, estimados en 206.7 mmdd, el total llegó en 2006 a 934.9 mmdd. Higgs tasa el gasto militar y de seguridad en un billón 28 mmdd sólo para 2007.
Si en 2001 el DdD invirtió 750 mmdd en nuevos armamentos, este año, bajo el efecto 11-09, esa erogación se elevó a 1.5 billones. Son datos salidos a la luz por el esfuerzo de la Oficina de la Contraloría General de EU (GAO) para entender de manera cabal lo que la guerra (en Irak, Afganistán y contra el terrorismo) cuesta al erario, pues se informa de la persistente incapacidad del DdD «para llevar la cuenta de su propio gasto», por lo cual tampoco se pueden determinar las cantidades que se están desembolsando ni se pueden utilizar los datos históricos, a fin de predecir las tendencias futuras. Aun así, GAO indica que es un desembolso plagado de sobrecostos, atrasos y fallas técnicas. Es parte de una dinámica engranada con la apropiación del excedente para generar ganancias por medio del tráfico de influencias, personas e información, de lo público a lo privado y viceversa.
Con la masacre en Irak el Programa de Incremento de la Participación Civil en Tareas de Logística (Logcap) cobró gran fuerza, favoreciendo, entre otras, a Halliburton, dedicada a servicios petroleros y de construcción. El Logcap fue impulsado por Cheney en 1992 desde el DdD. Y de ahí fue nombrado CEO de Halliburton que, junto con Bechtel, encabeza centenas de empresas en Irak que contratan a más de 180 mil personas -iraquíes, extranjeros y de EU- en «servicios múltiples»: desde construcción y mantenimiento hasta operativos mercenarios (C. Miller, LAT, 4/07/07). Sólo Halliburton tiene contratos por 20 mmdd y este año registra ganancias de 3.7 mmdd. Ello es parte del outsourcing o traslado de actividades del DdD hacia firmas usualmente vinculadas a la cúpula estatal. Desde el 11-09 esta práctica se generalizó a todo el gobierno para generar «oportunidades» para los negocios. Hoy los contratistas de funciones públicas tienen más personal y espacio en Washington, que el total en la nómina y edificios gubernamentales.
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