Tres semanas después del terremoto que destruyó el denominado «sur chico» del Perú, el suceso ya no ocupa las primeras planas de los medios e incluso muchos brigadistas internacionales empiezan a retornar a sus países de origen, pues su trabajo de rescatar víctimas terminó. Pero en las zonas afectadas por el sismo, la devastación continúa […]
Tres semanas después del terremoto que destruyó el denominado «sur chico» del Perú, el suceso ya no ocupa las primeras planas de los medios e incluso muchos brigadistas internacionales empiezan a retornar a sus países de origen, pues su trabajo de rescatar víctimas terminó.
Pero en las zonas afectadas por el sismo, la devastación continúa y nuevas secuelas comienzan a aparecer y en todas ellas, a pesar del empuje y coraje demostrado desde el primer instante, las que llevan la peor parte son las mujeres.
Una es la salud reproductiva, soslayada por las autoridades pero puesta en la agenda por la cooperación internacional. La otra es la salud mental de los damnificados.
Respecto a la primera, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ha exhortado a la comunidad de donantes a reunir por lo menos 850.000 dólares. Parte de ese dinero se destinará a atender a las mujeres que viven en las zonas afectadas y que actualmente están gestando y darán a luz en los meses venideros (se estima que serán unos 800 partos hasta fin de año), especialmente en las poblaciones más alejadas de los centros urbanos. Otra parte será para lo que la entidad ha denominado «kits de dignidad», conteniendo ropa interior y toallas sanitarias, entre otros adminículos de aseo.
El dinero también servirá para mejorar los servicios médicos reproductivos de emergencia, concluir una rápida evaluación de los servicios médicos locales, particularmente en las zonas más aisladas, y proteger a grupos vulnerables, como mujeres, niñas, ancianos y gente con discapacidad. A ellos se les dará protección legal y atención médica y psicológica, informaron fuentes de este organismo.
En una nueva visita realizada por esta corresponsal a algunas zonas afectadas, 10 días después del terremoto, se pudo comprobar que existe una verdadera emergencia sanitaria. A los problemas gastrointestinales entre los niños, se suman las enfermedades respiratorias -que según reportes médicos afectan por lo menos a 85 por ciento de los niños y ancianos de esas zonas-, las dermatomicosis, los piojos y, en las mujeres, los hongos vaginales, enfermedades todas relacionadas con la falta de higiene.
El recuerdo de lo vivido
La otra gran secuela, que está concitando alarma entre los especialistas, son los problemas de salud mental que comienzan a aflorar entre los damnificados, principalmente mujeres y niños pequeños.
«No hemos podido superar la angustia y la psicosis que nos ha dejado el terremoto… todavía hay réplicas que nos recuerdan los horribles momentos vividos y a eso se suma la depresión por haber perdido nuestras viviendas, nuestras pertenencias, todo lo que teníamos», señaló Rosa Ascencio, de la Comisión de Difusión e Información de la Federación de Mujeres de Ica.
Los niños no quieren separarse de sus familiares, se niegan a ir a clases y los pocos que asisten no quieren que se cierren las puertas y al primer ruido o movimiento súbito salen despavoridos, relató a una radioemisora local una profesora de la ciudad de Pisco.
La organización internacional Médicos sin Fronteras (MSF) ha señalado que entre las víctimas comienzan a aparecer trastornos del sueño, miedo y ansiedad. «Tras más de 10 días sin recibir ayuda, a veces viviendo hasta 40 personas en una carpa, estas personas se sienten abandonadas, como si no se les reconociese como víctimas del terremoto», señaló Zohra Abaakouk, responsable del programa de salud mental de MSF en la zona.
Esta entidad ha realizado más de 500 atenciones en salud mental tan solo en Pisco, sea mediante terapias de grupo o en consultas individuales en los casos más graves, y sus esfuerzos están orientados a evitar que el estado psicológico de la población empeore, especialmente porque no existe una estrategia oficial al respecto.
La situación en las zonas afectadas es estremecedora: miles de personas están viviendo en refugios improvisados, hechos con esteras, sábanas y plásticos, levantados por ellos mismos en pampas y arenales, expuestos al polvo, el aire y el frío, sin agua, sin letrinas, en muchos casos aún sin servicio eléctrico, alimentándose de ollas comunes elaboradas con lo que pueden conseguir. En tales condiciones resulta imposible que puedan superar los traumas psicológicos vividos los que, sin duda, se agravarán.
Peor en las zonas rurales
Si esa es la situación en las ciudades, en las zonas rurales la situación es más grave. Los principales daños son canales de riego inutilizados, pozos tubulares destruidos (son los que proporcionan agua a los campos) y cultivos alimenticios a punto de perderse debido a la falta de riego.
A ello se suma el abandono de los campos de producción pues, como bien lo expresó uno de los grandes empresarios agroexportadores: «después de tanta destrucción, ninguna persona tiene cabeza para pensar en sembrar espárragos».
En la pesca, la situación es similar: todos los botes artesanales de la caleta de San Andrés, en Pisco, quedaron totalmente destruidos a causa del maretazo que siguió al terremoto, y el mar sigue con alerta roja, lo que impide a los pescadores retomar sus actividades.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha señalado que se requerirán 13,8 millones de dólares para alimentar a los damnificados y restablecer sus medios de vida basados en la agricultura y la pesca.
La mayoría de la población rural está formada por campesinos, pescadores y trabajadores cuyas vidas cotidianas están amenazadas por el hambre, debido a la pérdida de cosechas y animales, falta de combustible, energía y agua, y acceso a sus tierras y medios de sobrevivencia, subrayó Luis Castello, Representante de la FAO en el Perú.
«La situación es peor de lo que se estimaba al principio. Además de las personas hambrientas y de las que han perdido sus casas, la destrucción de granjas y comunidades pesqueras tendrán un profundo impacto en la economía local», añadió el funcionario.
No obstante, el presidente Alan García afirmó en días pasados que el impacto económico sobre el crecimiento será menor a uno por ciento. Muchos sectores han expresado su desacuerdo con esta cifra y con la desorganización reinante en la atención a las víctimas.
El sociólogo Sinesio López, en un artículo publicado en el diario La República, señaló que el terremoto ha sido un examen de desempeño que el Estado desaprobó. «Si el estado no funciona en los tranquilos períodos de una aburrida normalidad, ¿por qué tiene que funcionar adecuadamente en los dramáticos períodos de desastres inesperados?», se preguntó el estudioso.
El terremoto ha dejado más de 500 muertos, el 80 por ciento de casas destruidas en Ica, Chincha, Pisco y Cañete y, por lo menos 200.000 damnificados, según estimados de organismos internacionales.
Ellos, en medio del caos reinante, intentan salir adelante. Las ollas comunes son el modo más propicio de llevar alimento a miles de personas y, como ocurre desde hace más de dos décadas en este país, es en los comedores populares, los comités del vaso de leche, los comités de madres, en suma, en las mujeres organizadas en las que recae esta responsabilidad.
«Por favor, escriba, que nosotras no nos rendimos, pero que necesitamos seguir recibiendo ayuda», fue el dramático llamado de Rosa Ortega, de un club de madres de Pueblo Nuevo, en Chincha.