Traducido por Caty R.
«Hoy Ecuador ha decidido un nuevo país. Las viejas estructuras han sido derrotadas por esta revolución ciudadana»: de esta forma, el Presidente Rafael Correa analizó la victoria del «Sí» al referéndum constitucional el pasado 28 de septiembre. Un referéndum que ratifica la instauración de una nueva arquitectura institucional en este pequeño país de 14 millones de habitantes, situado en el oeste de América del Sur, en el que más del 50% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Sin ninguna duda, esta cuarta victoria electoral de la coalición progresista gubernamental, Alianza País (1), confirma la energía antiliberal que agita al país desde hace varios años y confirma el proyecto de reformas sociales impulsado por el gobierno actual. Detrás de esta lucha en las urnas subyace fundamentalmente un combate social y político antioligárquico y el cuestionamiento de la influencia imperialista en la región. Desde este punto de vista, el último referéndum no debería hacer que se olvide que si todo está abierto en Ecuador, todavía no hay nada realmente ganado en lo que se refiere a un cuestionamiento radical de las estructuras del capitalismo neoliberal dependiente.
Repaso de los resultados del referéndum
Rafael Correa ganó la presidencia de la República en noviembre de 2006, con un 56% de los votos emitidos, y aquella elección ya significó una derrota evidente de la derecha conservadora y los partidos tradicionales, así como de importantes sectores de la oligarquía local apoyada por el imperialismo estadounidense. Sólo el hecho de que su adversario, el multimillonario y magnate de las plantaciones bananeras, Álvaro Noboa, pudiera ser derrotado en el terreno electoral gracias a una campaña militante, es todo un símbolo en un país donde el sometimiento al capital extranjero estaba grabado a fuego por el tratado de libre comercio con Estados Unidos y la dolarización de la economía (vigente desde el año 2000). Así, la elección presidencial representó a los ojos de millones de ecuatorianos un rayo de esperanza: «una victoria de los de abajo, en la que se asistió a una fusión entre la conciencia social y la conciencia política de izquierdas, a una identificación entre la lucha contra la oligarquía y la lucha contra el neoliberalismo» (2).
El referéndum celebrado a finales de septiembre 2008 con el fin de instaurar una nueva Carta Magna, no sólo confirma el proyecto, sino que esta victoria también profundiza la perspectiva del cambio social en Ecuador. Más del 64%, casi 10 millones de electores (3), se pronunciaron positivamente (frente a sólo un 28% del «no»), a pesar de la intensa campaña de la oposición, la jerarquía de la Iglesia Católica y el partidismo vergonzoso de la gran mayoría de los medios de comunicación, que pertenecen a grandes grupos privados, siempre dispuestos a satanizar a los movimientos populares o a los diputados de izquierda de la Asamblea Constituyente. El «Sí» se impuso, contra viento y marea, en 23 de las 24 provincias del país (que sólo ha perdido en la pequeña provincia amazónica de Napo) y se extiende incluso a la provincia de Guayas, la más poblada del país, aunque allí no llegó a la mayoría absoluta. El «no» (sumado al más del 9% de votos nulos) resultó ganador -por una diferencia muy pequeña- en Guayaquil, metrópoli económica situada en la costa del Pacífico: Así, Jaime Nebot, el alcalde social-cristiano de la ciudad, aparece como el líder de la derecha del país. Digno representante de las clases dominantes, inmediatamente pretendió demostrar que estaba listo para la lucha, afirmando su derecho a la «resistencia» y a la «autonomía» frente al gobierno de Quito. Anticipando claramente la estrategia de enfrentamiento de las élites de Guayaquil, Nebot pidió a sus partidarios (en particular al movimiento de estudiantes de esta ciudad) que se preparasen para futuros enfrentamientos con el movimiento popular indígena y la izquierda ecuatoriana. Como en Bolivia, los sectores dominantes, incapaces de regresar al centro de la escena política a través de las urnas, ahora apuestan por el derecho «a la autonomía» y por el separatismo -incluso por la violencia- de las regiones más ricas. Esta táctica pretende reproducir la división secular del país entre la costa (donde vive una gran parte de la élite blanca y donde se concentran las actividades industriales y petroleras y las grandes plantaciones) y la parte andina del país (la sierra), donde se encuentra Quito, la capital, la sede del gobierno (el palacio Carondelet) y una gran concentración de poblaciones indígenas.
La nueva constitución y la «revolución ciudadana» de Rafael Correa
Las últimas elecciones dejaron atrás la Constitución de 1998, redactada a puerta cerrada en un cuartel militar y que tenía por objetivo intentar que terminasen las constantes luchas internas entre las clases dominantes ecuatorianas. Dichas luchas son una de las «marcas de fábrica» del sistema político del país, liberado en 1822 por el ejército independentista de Antonio José de Sucre. Durante todo el siglo pasado, la República estuvo presa en los conflictos que acosaban al bloque social dominante, tomando distintas formas entre las que se encontraban las divergencias de intereses entre varias fracciones: la burguesía comercial «agroexportadora» (vinculada al Partido liberal), la oligarquía rural y la Iglesia Católica (Partido conservador), algunos sectores del capital financiero próximos al Partido social-cristiano y, además, una nueva burguesía nacional emergente, representada por distintas corrientes socialdemócratas. En estas condiciones, el proceso de dominación política iba al compás de una respiración inestable, salpicado con varias dictaduras militares (la última acabó en 1978), pero también de insurrecciones populares («revolución Juliana» en 1925, «la Gloriosa» de 1944 o, más recientemente, las rebeliones de enero de 2000 y abril de 2005). Nada menos que 55 dirigentes se sucedieron en el gobierno desde 1900 y se destituyó a 3 presidentes en el último decenio: 1997, 2000 y 2005 con la caída de Lucio Gutiérrez, cuya dimisión abrió un nuevo espacio en el que entró en escena el joven economista y ex ministro Rafael Correa.
La reciente Constitución simboliza la nueva etapa que vive Ecuador desde hace más de dos años. Ha sido presentada por Correa como una herramienta destinada a terminar con «la larga noche neoliberal», con el fin de construir «una patria soberana, digna, justa, sin miseria, sin desempleo y sin discriminación». Tras 8 meses especialmente agitados se aprobó este proyecto. La Asamblea Constituyente, que redactó el texto entre noviembre de 2007 y julio de 2008, estaba ampliamente dominada por la Alianza País (AP), que contaba con 80 legisladores contra sólo 40 de la oposición y 10 vinculados a pequeñas formaciones de izquierda próximas a Correa (Movimiento popular democrático, Izquierda democrática) o la Confederación de las nacionalidades indígenas de Ecuador (CONAIE) (5), representada por su brazo político, Pachakutik. Como en Venezuela (1999) y en Bolivia (2007), este proceso constituyente se ha elaborado sobre la base de un auténtico diálogo con los ciudadanos (que eligieron a los diputados de la Asamblea) y una consideración parcial de las reivindicaciones de los movimientos sociales (quienes fueron invitados a discutir los textos conforme se elaboraban), aunque al final es efectivamente el buró político de AP quien controló la mayoría de las orientaciones fundamentales de la Constitución. Sin embargo, si se compara esta experiencia con la mayoría de las constituciones aprobadas en América Latina, basadas en los pactos entre partidos, indudablemente se trata de un importante avance democrático que permitió la politización de cientos de miles de ciudadanos en el país.
Sin embargo, numerosas contradicciones limitan esta democratización y las tensiones no han faltado, por una parte, entre Correa y los movimientos populares, al igual que dentro de la coalición gubernamental (5). Los principales puntos de crispación se refirieron al modelo económico y la cuestión ecológica, los derechos de las poblaciones indígenas y los derechos de producción. Así, el conflicto entre los dos líderes, Rafael Correa y Alberto Acosta (Presidente de la Asamblea Constituyente) también es el reflejo de la contradicción entre los objetivos «extractivistas» de una mayoría del gobierno (donde en encuentra Correa), que piensa que es imprescindible continuar con la política basada en el desarrollo de la extracción petrolífera y minera en alianza con ciertas multinacionales, y los objetivos «más ecologistas» y más próximos a la CONAIE, que insisten en que es necesario instaurar una forma de desarrollo alternativa. Haciéndose eco de las exigencias de numerosas organizaciones sociales y de la izquierda radical, Acosta se opone a la idea de una explotación del campo petrolero ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini), situado en el parque nacional Yasuni, una de las principales reservas de la biosfera del planeta (6). Este tipo de discusión se reproduce en torno al concepto del acceso al agua como derecho fundamental inalienable, sobre la cuestión de la explotación de los recursos situados en territorios indígenas y también en las cuestiones del matrimonio homosexual y el derecho al aborto.
Los límites del nacionalismo radical ecuatoriano y «el socialismo del siglo XXI»
A través de estos avances -y contradicciones-, se leen entre líneas las limitaciones del programa de la «revolución ciudadana» de AP. Los 444 artículos hacen de la Constitución ecuatoriana una de las más democráticas de América Latina. Equipara la justicia indígena con la ordinaria, establece la unión civil entre dos personas de cualquier sexo, declara la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad y garantiza, por primera vez, la gratuidad de la sanidad y la educación. Se consagra el papel central del Estado en la planificación económica, ya que «se reserva el derecho de administrar, regular y controlar» los sectores estratégicos: banco central, energía, telecomunicaciones, recursos naturales no renovables, transporte, refinado de hidrocarburos, biodiversidad, patrimonio genético, espectro radioeléctrico, agua… El texto ratifica el fin de la presencia militar de Estados Unidos (base de Manta) y crea la figura de un Estado plurinacional democrático. La Carta magna sustituye también el concepto de «economía social de mercado» por el de un sistema «justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en una distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo», e introduce el concepto «de ilegalidad» de la deuda externa. El concepto de democracia participativa está presente en todo el texto, especialmente a través de la figura de un «Consejo de participación ciudadana». No obstante, para algunas organizaciones militantes, el resultado final es «esquizofrénico» debido a ciertos aspectos: «Por ejemplo, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y del agua como derecho humano, la introducción del concepto indígena del «buen vivir» como una nueva forma de desarrollo que sobrepasaría el modelo «extractivista», así como una relación armoniosa con la naturaleza, pierden su eficacia y dejan abierta la posibilidad de explotar las zonas naturales protegidas en favor del Estado. Así, la declaración del carácter plurinacional del Estado no tiene ningún efecto sobre las estructuras políticas del país y margina las principales demandas de los pueblos y ciudadanos indígenas, como la posibilidad del autogobierno en sus territorios ancestrales» (7).
También se han criticado las tendencias «verticalistas» o «caudillistas» por algunos militantes de izquierda, como el ex diputado de Pachakutik, Napoleón Saltos, que llegó a promover un «voto nulo rebelde» a la Constitución, en un impulso sectario poco acogido por las clases populares. La figura tutelar de Correa será incluso más poderosa, ya que la nueva ley refuerza los poderes del Presidente y le concede la posibilidad de volver a presentarse para otros cuatro años en 2009 y después ser reelegido otra vez (es decir, hasta 2017…) (8). Por otra parte Correa, que es un católico convencido, a menudo se aleja de sus bases en asuntos como el laicismo, la gratuidad de las universidades, el medio ambiente, la autonomía indígena o el aborto: algunos avances constitucionales se han conseguido a pesar de él y gracias a la firme presión del movimiento social, mientras que la Iglesia emprendió una campaña extremadamente activa y reaccionaria. El propio Presidente, en algunas ocasiones, se mostró insultante hacia las poblaciones indígenas, revelando sin disimulo su desprecio por algunas de sus reivindicaciones. Algunos miembros de la Asamblea incluso denunciaron la «derechización del gobierno», como Mónica Chuji que abandonó AP. Sin embargo, dentro de la izquierda radical la mayoría de los militantes decidió -creemos que con razón- dar su apoyo crítico al referéndum, con el fin de estimular una campaña popular y sobre todo independiente del gobierno (9). Es el caso del frente «Unidos para el Sí y el cambio», que agrupaba a varias asociaciones, movimientos sociales y medios de comunicación comunitarios. Este tipo de acciones permitió discutir ampliamente la política de Correa y entró en sintonía con las posiciones de la principal organización indígena del país. Su dirigente, Humberto Cholango, declaró el día del referéndum: «desde el primer levantamiento indio, hace dieciocho años, los pueblos indígenas han reclamado que Ecuador se declare un Estado plurinacional. Pero, aunque no sea completa, dedicamos esta victoria a los compañeros que derramaron su sangre por esto» (10).
Por lo tanto, esta renovación institucional democrática es un paso adelante totalmente significativo y un espacio más abierto para las futuras luchas de clases. Esta última batalla electoral también refleja un combate inacabado por la hegemonía, donde la derecha más conservadora ha sufrido una nueva derrota pero donde ni la izquierda revolucionaria ni los movimientos sociales han conseguido consolidar un proyecto anticapitalista alternativo consistente. En los últimos meses, mientras mantenía una política de asistencia a las poblaciones más pobres, el gobierno realizó algunos gestos fuertes, como los embargos, por malversación demostrada, de los bienes del «clan de los Isaías» (representante de más de 165 empresas y dos canales de televisión) y la expulsión de Ecuador de la compañía de construcción brasileña Odebrecht por incumplimiento de contrato. Todo esto reiterando, al mismo tiempo, la denuncia del liberalismo, de la deuda externa y del imperialismo. Sin embargo, esta «revolución ciudadana» sigue enfrentada con los límites del nacionalismo radical latinoamericano. El reciente encuentro de Correa en Manaus (Brasil, septiembre de 2008) con Lula, Chávez y Morales, parece que reafirma el camino desarrollista y «neokeynesiano» del ejecutivo ecuatoriano, en alianza con los sectores más modernos de la burguesía local y algunas empresas multinacionales de América del Sur. En la estela social-liberal brasileña, el proyecto de integración del IIRSA (Iniciativa de integración de la infraestructura regional de América del Sur), defendido en Manaus, afirma la necesidad de un gran eje viario y fluvial que atraviese la Amazonia con el fin de conectar el Atlántico y el Pacífico para favorecer los intercambios comerciales y la circulación de los bienes (11). En el plano interno, Correa no ha efectuado una auténtica incursión en el régimen de la propiedad privada de quienes todavía siguen siendo los auténticos dueños del país, ni tampoco ha propuesto una reforma agraria valiente destinada a eliminar el poder de la vieja oligarquía territorial, los «pelucones» (12), que le es profundamente hostil.
Los próximos meses serán decisivos para las luchas sociales en toda la región. En Ecuador, las llamadas a «la unidad» y a un «gran acuerdo nacional» del Presidente Correa, tomado muy en serio por Alberto Acosta, parecen indicar una voluntad de seguir jugando la carta de las alianzas de clases (mientras se acercan las elecciones legislativas). Pero nada demuestra que esta práctica se pueda estabilizar mientras que el gobierno se encuentra acorralado entre la mayoría de la población que espera una aceleración de las reformas sociales y una oposición revanchista. Por otra parte, este equilibrio precario corre el riesgo de entrar en escena en cualquier momento mientras se perfilan las desastrosas consecuencias de la crisis financiera del capitalismo mundial para los países dependientes. Y en la necesaria respuesta de los países del sur a la crisis (13), habrá que dar respuestas radicales que deberán ir en el sentido de una planificación económica democrática y una redistribución de las riquezas, bajo control de la población y los movimientos sociales. Por lo que se refiere a la izquierda anticapitalista, el objetivo fundamental es apoyarse en la conciencia antiimperialista y los avances democráticos ya obtenidos con el fin de acompañar la radicalización de las clases populares y la unidad del movimiento social e indígena. Se trata de recuperar la energía propulsora de las grandes movilizaciones que marcaron la década de los 90, pero esta vez evitando el escollo de una institucionalización o cooptación de los movimientos. El objetivo es la construcción de un proyecto de ruptura por medio de la participación masiva y la autoorganización en los barrios pobres, las comunidades indígenas, las grandes plantaciones o las empresas. En los futuros debates, la cuestión de la utilización de los recursos naturales y el modelo de desarrollo tendrán un lugar primordial. El anuncio de la privatización parcial del río Nappo, en el marco del corredor amazónico Manta-Manaus-Bélem (bajo hegemonía brasileña), y el proyecto gubernamental de extracción minera en el parque Yasuni formarán parte de los objetivos de lucha a corto plazo. Ambos están en contradicción frontal con la declaración de los «derechos de la naturaleza» de la nueva Constitución. Ante esta gran divergencia entre el discurso y la práctica, la izquierda anticapitalista deberá avanzar, con toda independencia pero sin dogmatismo, una perspectiva «ecosocialista» fraternal que pueda conseguir la convergencia de los que piensan que el «socialismo del siglo XXI» tiene actualmente una oportunidad histórica de convertirse en realidad en América Latina.
Notas
(1) Alianza País es un movimiento político heterogéneo compuesto esencialmente de personas procedentes de las clases medias y urbanas. Una parte de ellas están vinculadas a la cooperación internacional, las ONG y el mundo universitario. También se encuentran en el movimiento miembros del círculo personal de Correa, personalidades de los medios de comunicación, varios empresarios y algunos políticos vinculados a los gobiernos anteriores o procedentes de partidos tradicionales y socialdemócratas.
(2) Margarita Aguinaga, «Equateur. Victoire populaire historique», Inprecor, N° 523-524, París, 2007.
(3) En Ecuador el voto es obligatorio y los residentes en el extranjero (la mayoría viven en España) conservan su derecho al voto.
(4) La CONAIE se creó en 1986, con el fin de agrupar a un importante número de comunidades indígenas y para actuar en la escena política nacional ecuatoriana. Constituye un protagonista esencial de la renovación política antiliberal ecuatoriana de los últimos años y es uno de los componentes principales del movimiento social.
(5) F. Ramírez Gallegos, «Ecuador: En lo que el poder se rompa», Rebelion.org, 30/09/08.
(6) Acosta acabó por dimitir de la Asamblea en junio de 2008.
(7) D. Celleri, H. Chávez, «Asamblea Constituyente en Ecuador: un proceso contradictorio», France Amerique Latine magazine, N° 94, agosto de 2008.
(8) Sin embargo, existen varios mecanismos institucionales nuevos que limitan, precisamente, el peligro de una «hiperpresidencialización», como la posibilidad de revocar al Presidente por dos tercios de la Asamblea Nacional o como consecuencia de un referéndum de iniciativa ciudadana.
(9) Esa fue la posición de Refundación socialista (sección ecuatoriana de la Cuarta Internacional).
(10) E. Tamayo G., «Categórico triunfo de la aspiración de cambio», Alainet.org, 29/09/08 (traducido al francés en Rouge, Nº 2.269).
(11) Este proyecto, www.iirsa.org, ha sido objeto de crítica de numerosas organizaciones ecologistas y movimientos sociales de América del Sur.
(12) «Pelucones» actualmente es un término satírico que designa a la oligarquía haciendo referencia a las pelucas que llevaban los aristócratas criollos en el siglo XIX.
(13) Declaración final de la Conferencia internacional de economía política, «Respuestas del sur a la crisis financiera mundial», Caracas, octubre de 2008 (Rebelion.org, 12-10-2008).
Franck Gaudichaud es miembro del colectivo www.rebelion.org y de la asociación France Amerique Latine (www.franceameriquelatine.org). Doctor en Ciencias políticas ha dirigido la obra, recién publicada en ediciones Textuel: Le volcan latinoaméricain. Gauches, mouvements sociaux et néolibéralisme en Amerique latine».
Caty R. pertenece a los colectivos de Rebelión, Cubadebate y Tlaxcala. Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y la fuente.