Entre 1990 y 2006 gobiernan Nicaragua tres regímenes políticos de corte neoliberal, el de Violeta Barrios de Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños. 17 años de contrarrevolución neoliberal en el que los gobiernos facilitaron a la empresa privada extranjera desmantelar el Estado, saquear a la nación y empobrecer a su población. Los mecanismos utilizados fueron […]
Entre 1990 y 2006 gobiernan Nicaragua tres regímenes políticos de corte neoliberal, el de Violeta Barrios de Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños. 17 años de contrarrevolución neoliberal en el que los gobiernos facilitaron a la empresa privada extranjera desmantelar el Estado, saquear a la nación y empobrecer a su población. Los mecanismos utilizados fueron el desmontaje del fisco, la privatización de las empresas y servicios públicos, el endeudamiento del país y la corrupción de sus funcionarios, el desempleo de los trabajadores y la descapitalización de los productores.
Desmantelamiento y regresividad fiscal
Lo primero que hicieron fue desmantelar la protección arancelaria, eliminando los impuestos a la importación de mercancías competitivas con la producción nacional, lo que dejó desamparado a nuestros productores, beneficiando por supuesto a los importadores y sobre todo a las empresas estadounidenses y europeas que pudieron invadir nuestra economía con mercancías desgravadas.
Si hasta 1990 el promedio de imposición arancelaria era de 50%, al final del período neoliberal dicho porcentaje había bajado a 5%. Las actividades que más sufrieron fueron las alimentarias y artesanales. Nicaragua comenzó a ser invadida de alimentos, muebles o zapatos y nuestros productores comenzaron a resentir fuertemente dicha competencia.
A su vez a las grandes corporaciones transnacionales se les exoneró de todo tipo de impuestos: impuesto sobre la renta, impuesto sobre bienes inmuebles, impuesto al valor agregado, etc., etc. Esta situación, unida a otras facilidades, contribuyó incluso a la quiebra de muchos productores y empresas nacionales que fueron sustituidas por empresas extranjeras.
Se calcula que el fisco dejó de percibir cada año 500 millones de dólares por exenciones y exoneraciones impositivas y por reducción de los aranceles externos. Las corporaciones extranjeras se enriquecieron y Nicaragua entera se empobreció.
Es así que Nicaragua tiene la tributación más regresiva del mundo, pues el sector privado apenas paga el 10% de nuestras recaudaciones, mientras que el pueblo aporte el 90% del presupuesto fiscal de la república.
Privatización, endeudamiento y corrupción
Alrededor de 400 empresas del Estado se vendieron a precio de guate mojado, incluyendo los bancos estatales, como el Banco Nacional de Desarrollo, el Banco Popular, entre otros.
Muchas de estas empresas habían sido confiscadas a los somocistas y a los enclaves extranjeros: empresas de comunicación, energéticas, mineras, ganaderas, algodoneras, tabacaleras, cafetaleras, arroceras, cañeras, industriales y comerciales. La privatización de estas empresas, benefició a los dueños a quienes posteriormente se les indemnizó sumas millonarias pagadas por el presupuesto nacional, lo que comenzó a agrandar la deuda interna del país.
Se calcula que el patrimonio público perdió alrededor de 1.000 millones de dólares por haber vendido con facturas subvaluadas las cuatrocientas empresas, tanto las empresas de la Corporación Nacional del Pueblo (CORNAP) como las empresas públicas nacionales, sin contar con las ganancias que el Estado ha dejado de percibir.
Asimismo, estos gobiernos privatizaron los servicios públicos como la educación, la salud, el servicio eléctrico, la telefonía, el agua, entre otros. Inmediatamente, por supuesto, las tarifas de estos servicios comenzaron a aumentar para la población.
La privatización de las empresas productivas y comerciales del Estado, la quiebra de las empresas nacionales y de los bancos privados, generó una gran corrupción donde participaron empresarios extranjeros, empresarios nicaragüenses y funcionarios de gobierno.
El mecanismo más usado fue el siguiente: en un primer momento el gobierno le vendía a funcionarios tales empresas a precios muy inferiores a los precios en libros o a los precios de mercado, meses después los primeros compradores las revendían a empresarios extranjeros a mayores precios, con una diferencia de decenas de millones de dólares por encima del precio inicial, como fue el caso de las empresas de telecomunicación y electrificación, hoy en manos de Movistar y Unión Fenosa. Otras veces se vendían tales empresas directamente a los empresarios extranjeros a precios ridículos comparados con su precio real, siendo emblemático el caso del balneario de Montelimar, hoy en manos de Barceló.
Aunque la corrupción más conocida fue la entrega y venta de bonos y certificados estatales a los empresarios somocistas confiscados y a los banqueros. A los primeros se les entregaron Bonos de Pago por Indemnización (BPI), a los segundos se les vendieron Certificados Negociables de indemnización (CENIS).
Los especialistas e instituciones gubernamentales calculan que por concepto de venta subvaluada de las empresas públicas, BPI y CENIS, el Estado nicaragüense perdió y sigue perdiendo, pues se sigue pagando una cuantiosa deuda interna. Solamente por concepto de bonos a los confiscados somocistas se deben 817 millones de dólares y por bonos a los banqueros se deben 365 millones de dólares, en total más de 1,000 millones de dólares que el Estado le debe a la oligarquía por haberle vendido ventajosamente empresas y bonos.
Mientras el campo socialista nos condonaba cerca de 5,000 millones de dólares, por concepto de deuda externa concedida a la revolución, los gobiernos oligarcas nos endeudaban con 3,000 millones de dólares aproximadamente, por concepto de deuda interna contraída con ellos mismos en forma ventajosa.
Desempleo masivo, descapitalización y migración
En cuanto llegaron al poder, los gobiernos neoliberales comenzaron a despedir a cientos de miles de asalariados. Lo primero que hicieron en este sentido fue despedir a 90.000 personas de las fuerzas armadas que vivían de su salario.
Inmediatamente después despidieron a 50.000 trabajadores de las empresas de las corporaciones estatales, pues tenían que entregarlas libres de sindicatos y prestaciones sociales a los antiguos dueños antes de privatizarlas. De los ministerios despidieron a más de 30,000 empleados, entre ellos a 11, 000 maestros.
Pero el desempleo más masivo se generó en el seno del campesinado y del artesanado, al cortarles el crédito a los pequeños productores del campo y la ciudad. Recordemos que Nicaragua es un país donde los cuenta-propistas son la mayoría de la población laboral. Más de 500.000 campesinos y artesanos se convirtieron de la noche a la mañana en desempleados, semi-empleados o precaristas. Debido a esta situación, muchos campesinos emigraron a la ciudad, otros tantos emigraron a Costa Rica y Estados Unidos. Se calcula que en estos 17 años, el número de nicaragüenses que migraron al exterior por razones económicas fue mucho mayor que durante la guerra de los años 80.
En síntesis, en estos 17 años, los ingresos del Estado disminuyeron, los gastos del Estado se destinaron a pagar servicios de la deuda interna, lo que disminuyó grandemente el monto de los servicios de educación, salud, electrificación, agua, carreteras y caminos, crédito a los campesinos. El resultado de toda esta situación se refleja en la precipitación abrupta del Indice de Desarrollo Humano de Nicaragua, el que descendió del escalón 60 en que lo dejó el gobierno sandinista (1990), al escalón 112 en que lo dejaron los gobiernos neoliberales (2006).
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