Una coalición de 134 inversores institucionales reclamó a empresas trasnacionales que adopten políticas de transparencia en sus cadenas de suministro y que refuercen la asistencia a sobrevivientes y familiares que aún sufren las consecuencias del incendio que hace un año derrumbó un centro textil en Bangladesh y causó la muerte de más de 1.130 trabajadores. […]
Una coalición de 134 inversores institucionales reclamó a empresas trasnacionales que adopten políticas de transparencia en sus cadenas de suministro y que refuercen la asistencia a sobrevivientes y familiares que aún sufren las consecuencias del incendio que hace un año derrumbó un centro textil en Bangladesh y causó la muerte de más de 1.130 trabajadores.
Los inversores pertenecen a una docena de países y gestionan en total más de cuatro billones (millones de millones) de dólares en activos. También se comprometieron a redoblar la presión sobre marcas internacionales para que los trabajadores textiles subcontratados en Bangladesh y otros países puedan plantear sus requerimientos con mayor facilidad.
Las marcas de ropa y los comerciantes minoristas tienen que ejercer «su influencia para respetar y proteger los derechos humanos de los trabajadores a lo largo de sus cadenas mundiales de suministro, y para ofrecer recursos cuando se han violado esos derechos», exhorta una carta abierta firmada por los inversores de instituciones, publicada el jueves 24, al cumplirse el primer aniversario del incendio del edificio del Rana Plaza, donde operaban talleres de confección.
«Esperamos que las prácticas de las cadenas de suministro a nivel mundial tomen en cuenta las lecciones aprendidas en Rana Plaza y el nuevo modelo pluralista en práctica en Bangladesh», añade.
El derrumbe del edificio, en las afueras de Daca, fue uno de los peores desastres industriales de la historia.
La carta abierta y las actividades vinculadas con ella resaltan la fuerte influencia que inversores responsables podrían ejercer para que marcas internacionales adopten políticas que mejoren las normas laborales y la transparencia en todo el mundo.
«Los inversionistas tienen la responsabilidad de ser dueños activos de las empresas que tienen en sus carteras», señaló David Schilling, director de programas del Centro Interreligioso de Responsabilidad Empresarial (ICCR, por sus siglas en inglés), una organización de Estados Unidos que coordinó la redacción del pronunciamiento.
«Es importante que nuestros miembros y otros inversores institucionales se aseguren de que estamos empleando nuestra responsabilidad para respetar los derechos humanos como instituciones, para promover cambios no sólo paliativos sino sistémicos», agregó.
El derrumbe de Rana Plaza, junto a una serie de desastres anteriores en el sector textil del país, concentró la atención mundial en Bangladesh durante 2013. Schilling y otros opinan que el resultado es un modelo incipiente que podría tener repercusiones a favor de la seguridad de los trabajadores y de los derechos más allá de las fronteras de Bangladesh.
«No hay muchos lugares en el mundo donde los trabajadores y las empresas estén trabajando para solucionar seriamente algunos de estos problemas sistémicos, y el enfoque que se utiliza allí representa un modelo incipiente para la transparencia en la cadena de suministro de otras zonas», según Schilling.
«Las grandes instituciones lo ven como un barómetro en cuanto al rumbo que tomarán las cuestiones de responsabilidad en la cadena de suministro: con respecto al riesgo para las empresas, pero también para los trabajadores», agregó.
‘Referente’ de la confección
El sector textil de Bangladesh es uno de los más grandes del mundo y es fundamental en la economía del país. Durante la última década, el bajo costo de producción de ese país de Asia meridional atrajo a muchos de los fabricantes más famosos de ropa.
El derrumbe del Rana Plaza y la relevancia de las marcas que se confeccionaban allí, generó una intensa presión sobre las trasnacionales involucradas, para que aplicaran de forma colectiva pautas de seguridad y laborales más rigurosas en sus plantas tercerizadas de confección.
Así, surgieron dos iniciativas distintas. La primera fue un acuerdo de normas contra incendios y de seguridad que recibió un amplio respaldo, en particular de los fabricantes europeos, y que abarca en la actualidad a unas 160 empresas e implica la inspección de unas 1.600 factorías en Bangladesh.
El acuerdo también tiene un fuerte apoyo sindical porque es jurídicamente vinculante e incorpora de manera destacada la colaboración de los sindicatos y la sociedad civil. Las recomendaciones de los primeros informes tras las inspecciones llevaron a la clausura de 10 talleres de confección.
Sin embargo, fabricantes prominentes de Estados Unidos y Canadá expresaron su preocupación por el acuerdo, en particular respecto a la resolución de las disputas legales. Por lo tanto, 24 empresas de América del Norte formaron una alianza voluntaria, responsable de la supervisión de cerca de 700 factorías.
Surgieron dudas sobre si el gobierno de Bangladesh tiene la voluntad política necesaria para instrumentar cambios determinantes, como la institucionalización de la voz de los trabajadores y el incremento del salario mínimo.
«Rana Plaza fue un hito en la historia de la responsabilidad empresarial, sobre todo en el sector de la confección, pero también más allá», dijo Bennett Freeman, vicepresidente de investigación en sustentabilidad en Calvert Investments, una empresa de gestión de activos.
«Esto nos dice es dos cosas. Una, que la responsabilidad empresarial por sí sola no basta y se requiere la responsabilidad del gobierno. Otra, que el sistema de supervisión e inspección de las fábricas que se utiliza desde hace más de dos décadas, tiene un desafío fundamental», explicó a IPS.
Calvert es miembro fundador del ICCR y Freeman fue uno de los signatarios de la carta de los inversores institucionales. La transparencia de las cadenas de suministro es de importancia clave, dijo.
En los meses posteriores al desastre de Rana Plaza, Freeman y sus investigadores analizaron cuántas empresas informan sobre los países donde tercerizan sus productos. Los resultados fueron «asombrosamente» bajos, aseguró.
En julio pasado, Calvert comenzó a instar a las empresas a brindar más información al respecto. Quienes se negaron han tenido que enfrentar decisiones de los accionistas sobre el asunto.
«Acontecimientos trágicos como el de Rana Plaza, que pueden causar potenciales daños jurídicos y para la reputación, impulsan a los inversores a prestarle más atención a dónde están tercerizando los países», comentó Michael Lombardo, colega de Freeman y analista de sostenibilidad en Calvert.
«Las empresas deben tomar medidas para ser más transparentes en la información que brindan sobre las tercerizaciones en cada país», aseguró a IPS.
La responsabilidad empresarial
El «compromiso con la transparencia en todas las etapas» es una recomendación clave de la carta abierta del jueves. Otros de estos cambios estructurales a futuro incluyen las medidas correctivas, una vez que se inspeccionen las fábricas y se formen comités de salud y seguridad que incluyan tanto a los trabajadores como a la patronal.
Pero los inversores y otros también destacan la necesidad urgente de brindar asistencia a las víctimas y las familias de quienes murieron tras el derrumbe de Rana Plaza.
Con el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas, se creó un fondo fiduciario de 40 millones de dólares para los sobrevivientes y familiares. Los primero pagos se realizaron al cumplirse al año. Pero solo un tercio de los recursos se habían asegurado hasta el miércoles 23, según la Organización Internacional del Trabajo.
«Las donaciones del fondo fiduciario no están condicionadas a quién se encontraba en Rana Plaza y cuándo», dijo Schilling.
«Esta es una responsabilidad igual para toda la industria. Si usted es una empresa de ropa que trabajó en Bangladesh, lo cierto es que se ha beneficiado de este sistema», sostuvo.