El viernes organizaciones nicaragüenses e internacionales de Derechos Humanos (DH) denunciaron el allanamiento violento por parte de personal de la policía a las instalaciones de 7 organizaciones y 2 medios de comunicación, por lo que resaltaron que la represión contra quienes defienden los DH y la libertad de expresión se ha agravado en las últimas […]
El viernes organizaciones nicaragüenses e internacionales de Derechos Humanos (DH) denunciaron el allanamiento violento por parte de personal de la policía a las instalaciones de 7 organizaciones y 2 medios de comunicación, por lo que resaltaron que la represión contra quienes defienden los DH y la libertad de expresión se ha agravado en las últimas 24 horas.
En un comunicado, integrantes de la Iniciativa Mesoamericana de mujeres Defensoras (IM-Defensoras) denunciaron que los allanamientos tanto a las organizaciones y medios de comunicación fueron arbitrarios e ilegales, pues no presentaron una orden jurídica y agredieron a personas que se encontraban dentro de las oficinas.
Explicaron que estas acciones son parte de la campaña de represión que la vicepresidenta de este país, Rosario Murillo había declarado en días pasados desarrollar si las organizaciones continuaban realizando marchas o activismo en redes sociales.
Detallaron que durante las invasiones la policía incautó «por la fuerza» computadoras, celulares, vehículos, documentos confidenciales y destruyeron material inmobilario en las instalaciones de el Centro de Información y Servicios Asesoría en Salud (CISAS), el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), la Fundación Río y el Instituto Para el Desarrollo y la Democracia (Ipade) CONFIDENCIAL
En otras organizaciones, agregaron que además de allanamiento, la policía agredió físicamente a las madres de las presas políticas que se alojaban en las instalaciones de la Fundación Popol Na y detuvieron un colaborar que resguardaba las instalaciones del Instituto Liderazgo de las Segovia, por lo que exigieron éste sea presentado y liberado de manera inmediata.
De acuerdo con la organización internacional (que trabaja en la protección de los DH de las personas activistas en América Latina) Race and Quality los allanamientos fueron cometidos por casi 40 elementos de la policía y evidencia la impunidad con la que las autoridades pueden violar las libertad de asociación, y expresión y el trabajo de las personas DH con el objetivo de «servir a los fines de la dictadura Ortega», detalló en un comunicado.
Las integrantes de IM-Defensoras, recordaron que en hace un día, la Asamblea Nacional de Nicaragua canceló a estas 7 organizaciones su «personería jurídica» bajo «falsos» motivos, por ello éstas debían entregar sus instalaciones al gobierno nicaragüense en máximo 10 días y no seguir ofreciendo sus servicios a la población de este país, por lo que concluyeron los allanamiento están justificados.
Ante este contexto, demandaron una vez más, al gobierno nicaragüense el cese de las campañas de represión contra organizaciones y personas defensoras de DH y destacaron que harán responsable al Estado de este país de cualquier vulneración a la integridad física y moral que ocurra contra quienes defienden los DH.
Resaltaron que esta violencia «exacerbada» con la que se realizaron los allanamientos requiere de acciones «firmes y contundentes» por parte de la comunidad internacional y de los distintos organismos e instancias oficiales para que se castigue la impunidad, se aclaren los asesinatos de estudiantes y personas defensoras de DH y se castigue las diversas violaciones a los DH.
Las otras organizaciones a las que se les quitó la personería jurídica son: el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Leep), Hagamos democracia (Hademos) y el Centro de Información y Servicios de Asesoría de la Salud (Cisas), tres días después de que su directora, Ana Quirós fue privada de su libertad y deportada ilegalmente de Nicaragua.
En redes sociales, integrantes de las las organizaciones ya mencionadas han posteado fotos de sus instalaciones y de la fuerte presencia del personal de la policía fuera de sus recintos que impide a periodistas e integrantes llegar a poder acceder a las oficinas y han llamados a la sociedad civil y organizaciones a pronunciarse contra estas acciones.
En resultado a el activismo en redes, en un comunicado, expertos en la libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organizaciones de Estados Americanos (OEA) y del Sistema Interamericano exigieron al Estado de Nicaragua cesar con los reiterados allanamientos, ataques y censura (que iniciaron luego de las protestas de abril en este año) contra periodistas, organizaciones y medios independientes.
Destacaron que actualmente Nicaragua se encuentra en una grave crisis política y humanitaria, ya que las estrategias emprendidas (amenazas de muerte, detenciones, agresiones físicas, hostigamiento, entre otras) por el gobierno de este país ha dejado sin opciones de seguridad a toda la población.
«La situación de la libertad de expresión en Nicaragua es sombría, debido a las agresiones, censura y persecución policial y de elementos parapoliciales contra la prensa», indicaron el Relator Especial para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza y el Relator Especial de la ONU sobre la promoción y protección a la libertad de opinión y expresión, David Kaye.
Declararon que algunos medios de comunicación que han sido víctimas de tales estrategias son La Prensa, Confidencial, Radio Darío, Radio Mi Voz, Canal 12, 100% Noticias y Canal 10, y agregaron que las instalaciones del medio digital, Confidencial y el programa televisivo Esta Semana y Esta Noche fueron «violentamente» allanados por la policía.
Por otra parte, dijeron al menos 6 medios televisivos fueron censurados los primeros días de las propuestas (18 de abril de 2018) y en días recientes el gobierno intentó restringir al canal %100 Noticias y controlar la agenda informativa del programa «Acción 10» del Canal 10.