La decisión de no perseverar argumentando un mecanismo administrativo para destrabar el sistema penal, en este caso puede ser interpretado como un velado sobreseimiento, estableciendo un cuestionamiento imposible de omitir relacionado con el impacto y consecuencias en las víctimas, en su entorno, así como en toda la sociedad, profundizando la percepción de injusticia, indefensión e impunidad