Un informe reciente de académicos de dos universidades brasileñas señala que los grupos parapoliciales que simpatizan con las políticas de Jair Bolsonaro, son un Estado dentro del Estado. Su poderío económico se apoya en la apropiación de tierras y viviendas. Además controlan el cobro del agua, luz, gas, la televisión por cable y el transporte.
En este artículo el autor sostiene que Lula no es solo una alternativa para el PT, ni siquiera para la izquierda, es una alternativa real para Brasil en la medida que es la antítesis de Bolsonaro.
Como señala al final del artículo, el autor defiende que Lula convoca a la «esperanza, a la esperanza de volver a tener un Brasil con esperanza, con vida, con justicia, con solidaridad».
Este martes, a menos que ocurra alguna sorpresa, será instalada una CPI –Comisión Parlamentaria de Investigación- en el Senado. Será instalada no por decisión del presidente de la Cámara alta, sino por decisión explícita – y dura – del Supremo Tribunal Federal.
En este artículo el autor repasa la nómina de responsables que llevaron a Brasil a vivir la catástrofe humanitaria que está sufriendo.
Ante las restricciones al movimiento y el comercio impuestas localmente por estados y ciudades para frenar la pandemia, Bolsonaro afirma que tiene un plan para «sacar las FF.AA. a la calle».
El tsunami que provocó el retorno de Lula al centro de la escena política, sumado a la tragedia pandémica que desgasta cada vez más a Bolsonaro, puso en alerta al establishment local.
La recuperación de los derechos políticos del ex presidente Lula ha conmovido a la sociedad brasileña. Los análisis se centran en la operación judicial Lava Jato y en las perspectivas electorales para 2022.
Un país que destituye una presidenta por un simple delito fiscal y no es capaz de destituir un presidente responsable de muchos miles de muertos por falta de asistencia o protección frente a la pandemia, no es una democracia.