
Aunque la legislación no contempla el asilo por motivos climáticos o medioambientales, diversos expertos reivindican que los desplazados por motivos medioambientales tengan el mismo estatus que los que huyen de guerras o persecución política
Aunque la legislación no contempla el asilo por motivos climáticos o medioambientales, diversos expertos reivindican que los desplazados por motivos medioambientales tengan el mismo estatus que los que huyen de guerras o persecución política
Por supuesto el nuevo Gobierno de Trump es una gran amenaza no sólo para México, también para su país y para el mundo.
En mayo de 2024, el fabricante suizo de cemento Holcim (beneficios de 1.930 millones de dólares en el tercer trimestre de 2024) colocó la primera piedra de una nueva fábrica en sus instalaciones de Obourg, en la región de Borinage (Bélgica). La dirección afirma que, sustituyendo los hornos actuales, podrá comercializar cemento descarbonatado a partir de 2029.
El investigador argentino de la Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas advierte de que para frenar la pérdida de riqueza natural hay que entender que estamos en una “policrisis”
El 60% de los suelos de nuestro continente está degradado
Existe gran diversidad de movimientos ecologistas. Muchos se encuadran en el vegetarianismo, otros sí admiten la alimentación con carne y la ganadería ecológica. Entre ellos cabe citar Ecologistas en Acción, Defensores de la tierra, La alimentación regenerativa, etc.
En el presente artículo, Leandro Lanfredi del Movimento Revolucionário de Trabalhadores (MRT) de Brasil y miembro de la directiva del Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, aborda una serie de debates estratégicos sobre las respuestas a la cátastrofe ambiental.
Elisabeth Durazno, una de las líderes comunitarias más respetadas de América Latina, consiguió detener la extracción de oro de la empresa multinacional Junefield Ecuagoldmining en Río Blanco
Según el artículo 45 de la LRCSCVM, la indemnización debe estar fijada por acuerdo entre las partes o por resolución judicial
Además de causar la muerte a más de 220 personas solo en la provincia de València, los impactos de la DANA han tenido un coste de al menos 4.048 millones de euros, según la organización Christian Aid.