Los demoledores efectos económicos de la pandemia han obligado a poner en suspenso las políticas neoliberales que se venían aplicando en los últimos cuarenta años. Hasta los acérrimos defensores de la privatización y los recortes de gasto social han reclamado intervención pública masiva, «cueste lo que cueste», para evitar un colapso que la dinámica autónoma de los mercados nunca podría evitar.
La investigación OpenLux vuelve a poner al Gran Ducado en el punto de mira y a abrir el debate sobre los territorios con fiscalidad laxa para las empresas, que la Unión Europea no considera paraísos fiscales.
La desigualdad en la distribución de la propiedad de la tierra suele pasar desapercibida. Sin embargo, todas las crisis tienen que ver con ella.
Los políticos y economistas de derechas suelen autocalificarse como los grandes defensores de las empresas pero la realidad es que las políticas que vienen defendiendo y aplicando en los últimos años son destructoras de actividad económica y una amenaza para la gran mayoría de los negocios y empresas.
Hace ya varias décadas que, como estudió Turner (2008), el ordenador dejó de ser símbolo de la Guerra Fría y la industrialización para convertirse en sinónimo de libertad, participación y ecología. Este paso de la contracultura a la cibercultura queda paradigmáticamente ejemplarizado en Stewart Brand.
Un artículo escrito por los economistas Thomas Piketty, Cristina Narbona, Nacho Álvarez y Steve Keen, al que se han sumado unos cien economistas más, publicado en siete importantes periódicos europeos, ha removido un tema que, hasta ahora, era considerado un anatema en el campo de la economía aplicada y del pensamiento económico: la deuda pública y su reestructuración, en el marco de la eurozona. Este espacio económico, con unión monetaria pero sin unión fiscal, tiene, en el terreno de las deudas públicas y sus consecuencias, una realidad compleja: los países menos desarrollados, los del sur de Europa, se encuentran constreñidos por la existencia de una moneda sobrevalorada. A esto deben añadirse factores internos, de estructura productiva, que infieren a su vez déficits externos.
Cuando el presidente brasileño Jair Bolsonaro se enfrenta a numerosas denuncias por crímenes contra la humanidad por su desidia en controlar la pandemia de la Covid 19 que ha provocado decenas de miles de muertos, así como por destruir la Amazonía, perseguir a los indígenas, arruinar su habitad e ignorar sus derechos, el mandatario continúa impulsando la privatización en todos los lugares del país.
