Las CRUBC han sido objeto de intensas presiones por parte de la industria salmonera y sectores aliados, según comunidades y organizaciones, promoviendo la idea de que los ECMPO restringirían el acceso al mar y perjudicarían a trabajadores y pescadores. Para las comunidades, esto constituye una “grotesca campaña de desinformación”, que ha fomentado la polarización y ataques contra dirigentes defensores de los espacios costeros.