Es importante señalar que ni la delegación presidencial, ni la gobernación provincial se han pronunciado al respecto y han hecho oídos sordos guardando silencio, lo mismo de parte de sectores de derecha, o será porque Isaac Pilquimán Neculqueo fue candidato a concejal por la UDI. O porque Santos Reinao fue candidato a alcalde por el PPD, y por ello calla el ministro Manuel Monsalve.
Esta condena a todas luces política, se enmarca en la contraofensiva neofascista en contra del movimiento mapuche autonomista, en especial de la CAM y su proyecto político de restitución de derechos político- territoriales en Wallmapu.
Al mismo tiempo compartimos su interpelación a los poderes legislativo, judicial y ejecutivo habituados a operar en defensa de las grandes corporaciones mineras y de otros rubros, para que tomen medidas urgentes en defensa de los derechos de quienes carecen de lo más básico para la vida.
Leontina Córdova, madre de David Toro, quien viajó desde Cartagena para esta actividad, señaló que “mi hijo fue acribillado por 7 disparos (…) como familia exigimos justicia, que este caso no quede aquí, que mi hijo no quede en el olvido, vamos a seguir hasta las últimas como familia, pedimos justicia, que se haga justicia.”
El integrante de la Federación de Cooperativas de Trabajo Trasol, Marcelo Reyes, evocó los comienzos de la organización, centrándose en el estudio colectivo que hicieron de la economía solidaria de Luis Razzeto, y posteriormente de las visitas a las experiencias de producción autogestionada de Argentina, donde vieron en concreto los empeños del trabajo autónomo.
El joven Ernesto señaló que, “si me quieren condenar, si quieren llevar adelante una condena política, por ser parte de un movimiento, por ser parte de la lucha de mi pueblo, háganlo. No tengo ningún problema en asumir si es que me quieren condenar, (pero) yo y mis compañeros no somos responsables de los delitos que se nos imputan”.
Durante 29 días, la ocupación sionista, ha cometido más de mil masacres contra familias en Gaza. El 70% de las víctimas de la agresión israelí son niños, mujeres y ancianos.
La presencia de testigos sin rostro y la remoción arbitraria de la jueza Viviana García, son expresiones claras de un plan orquestado desde el gobierno, la fiscalía y las forestales para mantener en prisión a Héctor Llaitul, -de manera ilegítima y arbitraria-, violando normativas en torno al debido proceso, y todo apunta hacia un nuevo montaje de persecución política y criminalización.
En nombre de la humanidad trabajadora y popular, y de la dignidad y ética fraterna que debería conducir a las mayorías sociales del mundo entero, exigimos a la actual administración del Estado chileno, que de manera inmediata rompa relaciones diplomáticas con el Estado fascista, terrorista y genocida de Israel.
¡Se convoca a estar presentes y solidarizar!