Hoy [10 de abril] se cumplen ciento dos años del asesinato de Emiliano Zapata, máximo dirigente de la Revolución Mexicana. Lo recordamos con su última carta, enviada al Presidente Venustiano Carranza tres semanas antes de su asesinato ordenado por Carranza.
El Centro de Estudios e Investigaciones Sociales y Culturales Efraín Calderón Lara, fundado en el 2015, con la finalidad de recuperar y revalorar el ejemplo de Efraín Calderón Lara “Charras”, del Sindicalismo Independiente de los años setenta y de las luchas de la clase obrera y los sectores populares en Yucatán.
Con una reunión en el Palacio Nacional, en la que participaron dirigentes empresariales y líderes sindicales, principalmente de las centrales priistas, se declaró resuelto el espinoso pero urgente tema de la subcontratación del trabajo y su regulación.
Los intereses creados arraigados con el fundamentalismo de mercado predominante en las políticas públicas desde la década de los ochenta, se reprodujeron a partir de una estructura jurídica que instauró directrices y prácticas que se fusionaron con la corrupción, la impunidad y el patrimonialismo. México, a lo largo de estos lustros, fue un referente de esas formas de manejar los asuntos públicos.
A dos meses que se realice la jornada electoral más grande de la historia de México cuando se elegirán representantes de los tres niveles de gobierno incluidos 15 gobernadores de estados, miles de diputados y de presidentes municipales (21 mil en total), el país se encuentra en una situación muy diversa a la de hace tres años.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer la consecución de un importante acuerdo entre dirigentes sindicales, empresariales, los coordinadores de las bancadas mayoritarias en la Cámara de Diputados y su gobierno en materia de subcontratación y reparto de utilidades, y en beneficio de miles de trabajadores del “outsourcing”.
Este lunes, un grupo de familias víctimas de desplazamiento forzado del estado de Guerrero instalaron un plantón a las afueras de la Secretaría de Gobernación para exigir seguridad, reubicación y el reconocimiento de su calidad de víctimas.
Como en el caso de la reforma eléctrica, lo más seguro es que la mayoría morenista en el congreso apruebe esta iniciativa “sin cambiarle ni una coma”, y que el gobierno enfile hacia un nuevo conflicto en los tribunales y un nuevo choque con el sector privado y el poder judicial.
El cometido de violaciones a los derechos humanos en Chiapas es un fenómeno innegable, que no ha terminado con el arribo del gobierno de la “transformación”, sino por el contrario, se profundiza, y esto porque forma parte de la política represiva que implementa el gobierno chipaneco contra el pueblo organizado y no organizado.