Centenares de indígenas peruanos han buscado refugio en una sede de la Iglesia Católica en Bagua Grande por temor a la represión policial de los últimos días. Mientras se suman las denuncias de genocidio, el presidente Alan García acusó a los países vecinos, en alusión a Venezuela y Bolivia, de financiar las protestas para frenar el avance económico de Perú.
Una sede de la Iglesia Católica en Bagua Grande se ha convertido en improvisado refugio de centenares de indígenas que temen la represión policial por haber participado en el bloqueo de la carretera y demás protestas que se han llevado a cabo para exigir la derogación varias leyes, incluidas en el Tratado de Libre Comercio con EEUU, que vulneran su derecho a la propiedad y a los recursos naturales.
El párroco Castinaldo Ramos explicó a Efe que debe haber un millar de nativos, entre ellos mujeres y niños. Subrayó que, pese a la caótica logística de las instalaciones y los pocos recursos que tiene para atenderlos, decidió acogerlos como «un mero acto humanitario». Pidió que, con ayuda de la Defensoría del Pueblo, se concrete un retorno seguro para estos refugiados.
Tanto en Bagua Grande como en Bagua Chica circulaban rumores de que las Fuerzas Armadas están deteniendo a los indígenas heridos en los hospitales o mientras regresan a sus casas.
«Tenemos miedo a perder la vida por una equivocación negativa del Gobierno y a que nos capturen y sometan a juicios injustos bajo el prejuicio de que somos personas muy malas, delincuentes», manifestó Itsa Papee, líder indígena awajún.
Aseguró haber visto morir a sus compañeros durante la intervención policial y dijo que debió de dejar a otro moribundo porque le estaban disparando.
Muchos vecinos de la localidad mostraron su disposición a conformar comisiones para buscar los cuerpos de indígenas presuntamente arrojados a los ríos por las Fuerzas Armadas.
El líder indígena Edwin Montenegro afirmó ser testigo de cómo los policías arrojaron a sus compañeros al río Huallaga. El viceministro de Orden Interno, Wilson Hernández, rechazó tales acusaciones.
En Bagua Chica, el párroco Juan Rimachi dedicó gran parte del día a llevar ayuda a los estudiantes que acoge en la casa pastoral. «Ellos están nerviosos, preocupados», añadió el profesor Julián Taish. Subrayó que muchos de sus alumnos han perdido a familiares durante las manifestaciones.
Las protestas no han finalizado. El domingo, unos 1.300 indígenas, principalmente de la etnia ashaninkas, ocuparon el aeropuerto de Trompeteros, en el noroeste del país. También ocuparon el Lote 8, en la zona de selva, cuya concesión está a cargo de la empresa Pluspetrol.
Entre 2002 y 2008, el Gobierno de Alan García quintuplicó las concesiones de exploración y explotación de hidrocarburos en la Amazonía peruana. La superficie selvática en la que actualmente se pueden hacer prospecciones es del 72%.
Precisamente, el presidente peruano acusó a los países vecinos, en alusión a Venezuela y Bolivia, de financiar y apoyar las protestas indígenas para frenar la explotación de los hidrocarburos. «¿A quién le conviene que Perú no utilice su gas? ¿A quién le conviene no encuentre más petróleo y que no pueda procesar más y mejor sus minerales?», remarcó.
Pese a las denuncias de genocidio, defendió en todo momento la actuación del Gobierno. «Claro que ha habido diálogo. Cincuenta y cinco días de mesas abandonadas, de tableros pateados, de documentos firmados, que después se niegan por órdenes internacionales y financiamientos externos», afirmó.
«No cederemos ni a la violencia ni al chantaje, ni al capricho ni a la ambición, aceptamos la razón y la justicia, pero mantenemos la firmeza de la ley del orden democrático, que significa que el pueblo entero a través de sus representantes es quien gobierna su destino y no cualquier grupo instrumentado del cual se aprovecha la ignorancia y la mala información», dijo.
La ministra de Venezuela para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, se sumó ayer a las denuncias de genocidio. «Nos sentimos sumamente consternados. ¡Cuánta razón tenía Bolívar cuando maldijo al soldado que empuña las armas contra su pueblo! Ha sido un genocidio contra indígenas que ejercían su derecho a la libertad de expresión y que por ello han sido acribillados», exclamó.
Reveló que indígenas peruanos con los que se entrevistó le relataron que «los heridos son muchos más» y que algunos muertos fueron «incinerados o arrojados al mar».
Por su parte, Ecologistas en Acción reclamó al Ejecutivo y al Parlamento europeo la imposición de sanciones contra el Gobierno de Perú por esta «masacre» e hizo suyas las peticiones de los indígenas.
La Organización Indígena de Colombia convocó para ayer por la tarde -madrugada en Euskal Herria- un plante ante las embajadas de Perú. En Argentina, la Convocatoria por la Liberación Social llamó también a una marcha a la embajada peruana.
Las protestas indígenas y la actuación policial han puesto de manifiesto la brecha entre el Estado y las poblaciones étnicas. Las señales de la creciente tensión no han faltado en los últimos dos meses.
Las comunidades indígenas llevan casi un año protestando contra los decretos adoptados en 2007 y 2008, que permiten la explotación minera, forestal y de tierras. Para la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía (Aidesep), que agrupa a 65 etnias diseminadas en 1.300 comunidades que representan a 600.000 personas, estos decretos ridiculizan el concepto de consulta previa, incluido en un convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre el pueblo indígena. A mediados de mayo, el líder de Aidesep Alberto Pizango, sobre quien pesa una orden de arresto, llamó al levantamiento en las comunidades amazónicas. 24 horas después y ante la intervención de mediadores, se echó para atrás. Pese a ello, el Gobierno aprovechó la coyuntura para desplegar al Ejército en la zona y reforzar la presencia policial. Incluso el diario «El Comercio», cercano al Gobierno, censuró los «monumentales errores» cometidos en la gestión de la crisis.