Lo que comenzó como un golpe de estado por parte del ejército de Myanmar ha «mutado rápidamente» en un ataque generalizado contra la población civil, que cada vez es más sistemático y extendido, advirtió el martes la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
En su intervención en la 47ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, Michelle Bachelet repitió que la situación en Myanmar ha pasado de ser una crisis política, a principios de febrero, a una «catástrofe multidimensional de derechos humanos», reiterando lo que ya detalló hace un mes.
Cerca de 900 personas han muerto en Myanmar desde el inicio del golpe, mientras que aproximadamente 200.000 personas se han visto obligadas a huir de sus hogares por las incursiones violentas del ejército en barrios y aldeas.
Espiral cuesta abajo
«El sufrimiento y la violencia en todo el país están acabando con las perspectivas de desarrollo sostenible y plantean un posible fracaso del estado o una guerra civil más generalizada», advirtió.
La Sra. Bachelet explicó que los catastróficos acontecimientos ocurridos desde febrero han impactado de forma grave y amplia en los derechos humanos, la paz y la seguridad, y el desarrollo sostenible.
«Están generando un claro potencial de inseguridad masiva, con consecuencias para la región en general».
La Alta Comisionada de la ONU instó a la comunidad internacional a mantenerse unida en su presión al ejército birmano para que detenga sus continuos ataques contra la ciudadanía del país y devuelva la democracia a Myanmar, reflejando así la «clara voluntad del pueblo».
La ONU debe actuar
Bachelet añadió que el sistema de la ONU no debe fallar a Myanmar por segunda vez, citando la revisión de 2019 de la acción de la ONU en el país que elaboró Gert Rosenthal.
También aconsejó realizar una acción rápida para restaurar una democracia funcional, antes de que la situación de derechos humanos se deteriore aún más a nivel país.
«Esto debe ser reforzado por la acción del Consejo de Seguridad. Insto a todos los Estados a que actúen de inmediato para hacer efectivo el llamamiento de la Asamblea General e impedir el flujo de armas hacia Myanmar», dijo la Sra. Bachelet.
Hambre, violencia y pobreza
La Sra. Bachelet informó que el COVID había tenido un impacto «desastroso» en una economía que dependía de las remesas, la industria de la confección y otros sectores que han sido devastados por la resultante recesión mundial.
Las agencias de la ONU estiman que más de 6 millones de personas necesitan urgentemente ayuda alimentaria y prevén que casi la mitad de la población podría caer en la pobreza para principios de 2022.
«Se ha abierto un vacío para que florezcan las formas más dañinas, y criminales, de la economía ilícita», subrayó Bachelet.
Mientras tanto, una huelga general en todo el país, combinada con el despido generalizado de personal del servicio público, incluyendo profesionales sanitarios y de la educación, ha imposibilitado el funcionamiento de muchos servicios esenciales en el país.
Desde el 1 de febrero, al menos 240 ataques contra instalaciones sanitarias, personal médico, ambulancias y pacientes, han impedido la realización de pruebas de COVID-19, el tratamiento y la vacunación.
Violencia y represión intensas
Bachelet denuncia los ataques aéreos indiscriminados, los bombardeos, los asesinatos de civiles y los desplazamientos masivos. Las voces civiles también están siendo silenciadas: más de 90 personas profesionales del periodismo han sido detenidas, además de cerrarse ocho importantes medios de comunicación.
«También hemos recibido múltiples informes sobre desapariciones forzadas, torturas brutales y muertes bajo custodia, y la detención de familiares o menores en lugar de la persona buscada», añadió.
Nueva ecuación
A pesar de la represión, la Alta Comisionada de la ONU indicó que los dirigentes militares no han logrado el control de Myanmar, ni el reconocimiento internacional que buscan.
«Por el contrario, sus tácticas brutales han desencadenado un levantamiento nacional que ha cambiado la ecuación política», informó.
Añadió que la población de todo el país continúa protestando de forma pacífica, a pesar del uso masivo de fuerza letal que incluye armamento pesado, y que un «movimiento de desobediencia civil ha paralizado muchas estructuras gubernamentales controladas por el ejército».
Algunas personas, en muchas partes de Myanmar, han tomado las armas y han formado grupos de autoprotección. Estos grupos recién formados han lanzado ataques en varias localidades, a los que las fuerzas de seguridad han respondido con una fuerza desproporcionada, señaló.
Consecuencias
«Me preocupa que esta escalada de violencia pueda tener consecuencias terribles para la población civil. Todas las partes armadas deben respetar y proteger los derechos humanos y garantizar la protección de las personas civiles y de las estructuras públicas, como los centros de salud y las escuelas».
«Cualquier gobierno democrático futuro en Myanmar debe tener la autoridad para ejercer un control civil efectivo sobre el ejército. La comunidad internacional debe fundamentarse en la serie de mecanismos internacionales de rendición de cuentas ya comprometidos, hasta que las medidas de justicia transicional sean también realmente posibles a nivel nacional», concluyó la Alta Comisionada.
Fuente original en inglés: https://news.un.org/en/story/2021/07/1095392